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Rehn dice que la reforma financiera abre la puerta a la "reestructuración exhaustiva" de bancos rescatados

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, ha saludado este viernes la aprobación por parte del Gobierno español del Real Decreo Ley sobre la reestructuración y resolución de las instituciones de crédito porque demuestra su "determinación" por "cumplir" las condiciones pactadas a cambio del rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros y porque abre la puerta a "una reestructuración exhaustiva" de las entidades que necesiten ayudas.

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"El Decreto crea la base legal necesaria para cumplir una restructuración exhaustiva de las instituciones financieras españolas que necesiten asistencia externa, incluyendo la segregación efectiva de los activos problemáticos de los balances y su transferencia a una Sociedad de Gestión de Activos separada", ha celebrado Rehn en un comunicado.

Rehn ha reconocido que "el Decreto constituye un elemento clave del programa y su adopción es una muestra de la determinación de España por cumplir plenamente los requisitos y el calendario acordados en el Memorando de Entendimiento" que fija las condiciones a cambio del rescate bancario para España pactado por el Eurogrupo el pasado 20 de julio.

"El Decreto ha sido redactado en estrecha colaboración con la Comisión Europea y los otros socios involucrados en el programa para el sector bancario español", ha recordado Rehn.

El vicepresidente del Ejecutivo comunitario ha recalcado que "la recuperación sostenible de la economía española pasa por un sector bancario sano, bien regulado, que sea supervisado de manera eficaz y sea capaz de apoyar un crecimiento económico equilibrado y la creación de empleo".

EL DECRETO

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha precisado que el Real Decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros incluye seis tipos de medidas: para gestionar crisis bancarias, regular el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), reforzar la protección de inversores, dar marco legal al 'banco malo', definir cómo se reparten los costes de las reestructuraciones y otros aspectos de requerimientos de capital o remuneraciones.

La novedad que introduce el decreto es la posibilidad de acometer una resolución ordenada de entidades con problemas que no se pueden resolver en un plazo razonable. En estos casos se procederá a la sustitución inmediata de los órganos de administración y la intervención del FROB, que elaborará planes de resolución incluyendo medidas como la transmisión de los de productos con problemas al 'banco malo' para dejar los activos y pasivos sanos en un 'banco puente' que intente venderlos para "minimizar los costes".

Con respecto al reparto de los costes de los procesos de reestructuración no habrá, según el ministro, modificaciones sustanciales, manteniéndose la normativa europea de competencia que prevé que los canjes máximos sean a precios de mercado más un 10%. Esto sólo afecta a los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada.

"La única novedad es que, cuando el FROB considere que la absorción de pérdidas por parte de los acreedores ha sido insuficiente, podrá imponer un ejercicio de canje determinado", ha precisado De Guindos. El objetivo de estas excepciones es "minimizar el impacto de los costes para el contribuyente" y que sean los accionistas y acreedores los que "paguen" las crisis bancarias.

Con respecto a los afectados por las participaciones preferentes no se incluye ninguna normativa, pero sí se regula "con todo tipo de cautelas" la venta de estos productos a futuro. Así, se exigirá que al menos el 50% de la colocación de productos complejos se haga en inversores institucionales, que determinarán las condiciones exactas de los ahorradores individuales. Además, habrá límites en las diferentes inversiones y los clientes minoristas deberán firmar de su puño y letra una declaración de conocimiento de riesgos.

El decreto incluye también la creación del 'esqueleto' del 'banco malo' en el que se aglutinarán los activos problemáticos de las entidades intervenidas, que en principio serán las únicas que puedan acceder a este sistema para conseguir "mayor solvencia" y un "balance más saneado".

Esta Sociedad de Gestión de Activos, que debe estar en funcionamiento a principios de diciembre, enajenará los activos por un plazo de entre 10 y 15 años para venderlos posteriormente y recuperar el máximo posible de su inversión, ya que debe ser una entidad "viable".

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