Victoria Domínguez pide que el alcalde de Plasencia Fernando Pizarro declare como imputado

Si hay varias órdenes de derribo contra chalés ilegales en la sierra placentina de Santa Bárbara, y el firmante y encargado de ejecutarlas que es el alcalde, Fernando Pizarro, no las ha llevado a cabo, el delito lo estaría cometiendo él y no una concejala de Urbanismo que no tenía competencias para ello. Es la tesis de Victoria Domínguez, que fue concejala en la materia, ahora diputada regional de Ciudadanos, y a la que la Justicia acusa por no haber hecho nada.

El abogado de Domínguez ha presentado un recurso de apelación contra el criterio de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJEx), de continuar la causa contra ella acusándola de presuntos delitos de prevaricación y omisión por no haber ejecutado en su día órdenes para demolición de construcciones ilegales.

La resolución (auto) de esa Sala de Cáceres, del 22 pasado, decide mantener en pie la causa judicial, en una resolución cuyo significado es impulsar expresamente la investigación, aunque su contenido no aporta nada nuevo a los argumentos de la acusación ya que viene a continuar las mismas tesis conocidas: la alcaldesa socialista Elia Blanco y tres de sus concejales de urbanismo (entre ellos Victoria Domínguez, que ejercía coalición con ellos desde el partido Unión del Pueblo Extremeño) no tiraron, como deberían haber hecho, las construcciones ilegales y con orden firme de derribo.

Frente a ese auto del 22 de noviembre pasado la diputada y portavoz regional de Cs presenta un recurso que solicita la anulación del mismo y el sobreseimiento libre de la causa en lo que a ella respecta, y si no le dan la razón en eso que comparezca en calidad de investigado (antiguo imputado) el actual alcalde del PP Fernando Pizarro ya que –a diferencia de ella, alega Domínguez- sí es competente para ejecutar los derribos, y sin embargo lleva seis años, desde que entró en 2011, sin conseguir ninguno, ni los ordenados antes ni los decididos después de su llegada a la Alcaldía.

Unos sí, otros no

La declaración de Pizarro –ya existía una petición de la Fiscalía, que solicitaba que la causa se ampliara hasta nuestros días y no quedara en 2011, pero que no ha sido atendida hasta ahora por ningún juez de los que la llevan- la defensa de Victoria Domínguez la considera “imprescindible, pertinente y útil” para ella, ya que se podría aclarar quién es el verdadero competente para ejecutar los derribos, y en otras palabras poner de manifiesto que se quiere llevar al banquillo a unos políticos, pero no a otros.

El recurso de amparo planteado este miércoles pasado por la dirigente de CS y ex concejala de urbanismo entre 2007 y 2010, rebate el auto de continuidad de las actuaciones al afirmar que le causa indefensión puesto que no se detalla qué presuntos delitos y en concreto cometió –hay 65 expedientes de construcciones ilegales que llegan hasta la actualidad-, no se acredita que ella fuera la responsable y competente ni de firmar ni de ordenar que se ejecutaran las órdenes de demolición, y además caso de existir esos delitos de prevaricación y omisión uno de ellos habría prescrito.

En este recurso de amparo se dice que el actual juez instructor y autor del auto de continuidad ha redactado en buena parte un escrito que es “copia” del proveniente del juzgado de instrucción de Plasencia, y que omite hacer referencia, en contra de las leyes de procedimiento judicial, a nuevos documentos y declaraciones de testigos que demostrarían la inocencia de Victoria Domínguez; las leyes de procedimiento, subraya el recurso, obligan a hacer constar tanto las circunstancias adversas al acusado, como las favorables.

Por ejemplo entre las favorables y que no se  mencionaría está la certificación del secretario del Ayuntamiento de Plasencia, de marzo de este año, que dice que como concejala de urbanismo Victoria Domínguez no tenía facultades para dictar actos administrativos que afecten a terceros; como serían firmar y ejecutar órdenes de derribo.

Además el abogado municipal asesor de urbanismo ha declarado por tres veces que las órdenes de derribo eran competencia de Alcaldía y que no se podrían formalizar ni ejecutar sin esa intervención personal de la máxima autoridad local, una declaración en la que la jueza planteaba entonces expresamente por qué ni la anterior alcaldesa, Elia Blanco, ni el actual, Fernando Pizarro, han hecho que se tire nada.

Ese abogado añadió que en los expedientes administrativos por construcción ilegal tampoco intervenía Domínguez como concejala delegada de urbanismo.

Por otro lado el arquitecto y técnico urbanístico municipal ha declarado que los expedientes una vez completos iban a Secretaría municipal y de ahí a la Alcaldía, Junta de Gobierno o pleno municipal, nunca a la concejalía, y que no le consta, y que él sepa no las tuvo, que Victoria Domínguez poseyera las competencias, o interviniera en los expedientes sancionadores y órdenes de destrucción de las construcciones ilegales.

Por ello, añade el recurso de amparo de la diputada de Cs, cuando habría prevaricado ella es si hubiera firmado o hecho algo para lo que no tenía competencias. Un recurso que plantea al juez instructor actual por qué a la vista de los hechos no ha ordenado ninguna diligencia judicial contra el alcalde del PP que hay ahora, Fernando Pizarro, si como señala Fiscalía es el competente, pero tampoco ha derribado nada.

Por si acaso

La defensa de Victoria Domínguez solicita por ello que si no se declara nulo o revoca el auto de continuidad de actuaciones contra ella, se llame a declarar a Pizarro para que explique, y como investigado provisto de abogado para su mejor defensa, cómo siguen los chalés en pie, cuando es según Fiscalía y como primera autoridad local “el garante que exige la presencia de un delito de prevaricación”, y no los tres concejales encausados.

La nulidad o revoco del auto del 22 de noviembre supondría, añade el recurso de Domínguez, la devolución de la causa al juzgado de Plasencia para que decida lo que haya que hacer.

Si este recurso de amparo no prospera, el abogado de Victoria Domínguez ya anuncia en el mismo escrito un recurso de amparo al Tribunal Constitucional en última instancia y si fuera necesario.

Respuesta de Pizarro

El alcalde ha respondido que no le sorprende que Domínguez haya pedido que se le cite a declarar como investigado y que lo que intenta es “echar la mierda a todo el mundo”, según recoge la agencia Efe.

Ha señalado irónicamente que es obvio que la exedil “me quiere mucho”, y no le sorprende la petición porque “su defensa ha sido siempre compararse con las legislaturas en las que el PP ha gobernado y en las que se han seguido todos los procedimientos en el ámbito de urbanismo, lo que no hizo ella cuando fue responsable del área”.

Lo que intenta Domínguez sería “poner el ventilador y echar la mierda a todo el mundo, primero a la ex alcaldesa -Elia María Blanco- y luego ya intentar que también el Gobierno actual entre”, pero “miedo no tenemos ninguno”.

Otros encausados 

Estas diligencias previas que se siguen por medio del procedimiento abreviado, afectan a Domínguez, que fue concejala de Urbanismo entre 2007 y 2010; a los también exediles Mónica García y Francisco Barbancho, y a la exalcaldesa Elia María Blanco.

La defensa de Mónica García también ha presentado un recurso de apelación y pide el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones, según añade Efe.