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La fiscal de los chalés ilegales de Plasencia pidió que también fuera investigado el alcalde Fernando Pizarro

Lo hizo de manera tácita al proponer la identificación de los alcaldes y concejales de Urbanismo entre 2006 y 2011, para que el juez los citara a todos como investigados

La Secretaría General del municipio envió al Juzgado una relación con Elia Blanco y Fernando Pizarro como alcaldes y cinco concejales de Urbanismo entre ellos la diputada de Ciudadanos Victoria Domínguez

Sin embargo el juez instructor está actuando contra los dirigentes del equipo de gobierno PSOE-UPEX, pero no contra los posteriores del PP

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Fernando Pizarro, portavoz del PP de Extremadura

Fernando Pizarro

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Plasencia, que investiga por qué no se actuó contra los promotores de 28 construcciones ilegales en ese término municipal y en el vecino de Malpartida, en la sierra de Santa Bárbara, ha decidido dirigir la acción solo contra cuatro de las siete personas que le solicitó la Fiscalía, y no incluir en las mismas a los responsables del actual equipo de gobierno del Partido Popular.

El escrito de la Fiscalía Provincial de Cáceres, enviado al Juzgado de Plasencia a finales de mayo de 2016, proponía a ese tribunal que se pidiera al secretario del Ayuntamiento la relación de personas que habían ocupado la Alcaldía y la concejalía de Urbanismo entre 2006 y 2011, para que se les tomara declaración en calidad de investigado a todos ellos.

En septiembre de 2016 la Secretaría General municipal respondió al Juzgado con una lista en la que identificaba como alcaldes en ese período, desde el 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2011, en primera lugar a la socialista Elia Blanco Barbero (de enero de 2006 a junio de 2011), y luego al popular Fernando Pizarro (junio a diciembre de 2011), que además es actualmente el portavoz regional del PP.

Como concejales responsables de Urbanismo enumeraba, por parte del equipo de gobierno PSOE-UPEX que funcionó hasta junio de 2011, a Mónica García Díaz, Victoria Domínguez y Francisco Javier Barbancho, y por el equipo del PP que ganó las elecciones municipales ese mes a Saturnino Corchero y José Antonio Hernández González.

Sin embargo, pese a la solicitud de Fiscalía de que todos ellos fueran citados como investigados (antiguo imputado) en orden a que pudieran defenderse ante los posible indicios de delito de prevaricación en la ordenación del territorio, el Juzgado 1 de Plasencia ha decidido dirigir la acción solo contra los responsables socialistas y de UPEX pero no contra los tres del PP entre los que figura el actual alcalde Pizarro.

Fuentes del caso han explicado que el actual equipo de gobierno envió al Juzgado toda la documentación urbanística de esas construcciones comprendida entre junio de 2011 y 2016, en la que se demostraría que siguieron tramitándose los expedientes de infracción, y que quizá ha sido la razón por la que el juez de momento ha eximido a los dirigentes del PP de responsabilidades.

Invitado a personarse

En el escrito mandado por el tribunal placentino a principios de este mes al Ayuntamiento pregunta a este último si se ha ejecutado alguna orden de demolición de construcción ilegal o no se ha hecho por falta de medios, y si se ha liquidado impuesto de construcción en suelo urbano o cuánto se ha dejado de ingresar si no se ha hecho.

En ese escrito constan como investigados solo los cuatro responsables de la época PSOE-UPEX y ninguno más: Elia Blanco, Mónica García, Victoria Domínguez y Francisco Barbancho.

Victoria Dominguez Ciudadanos Extremadura

Victoria DomÍnguez

El Ayuntamiento ha sido invitado además por el Juzgado a personarse en la causa como perjudicado si así lo desea, cosa que el equipo de gobierno aún no ha decidido.

El alcalde, responsable

En el escrito de Fiscalía proponiendo actuaciones al Juzgado, de mayo de 2016, se establecía que es el alcalde el competente para resolver los expedientes de infracción urbanística abiertos, que en este caso carecían de informes técnicos o jurídicos, y el garante de que se actúe.

En Plasencia las competencias de resolución de expedientes de infracción urbanística, como es el caso de las viviendas ilegales de Santa Bárbara, han estado siempre en manos de la Alcaldía hasta que en junio de 2015, poco después de renovar mandato, Fernando Pizarro decidió delegarlas en la junta de gobierno local, una resolución que sin embargo no firmó y se hizo efectiva hasta un año después, en octubre de 2016, cuando ya se habían iniciado las diligencias judiciales por este caso.

Victoria Domínguez, investigada

En los primeros momentos de conocerse estas actuaciones del Juzgado la ex concejala de Urbanismo y actual diputada autonómica de Ciudadanos, Victoria Domínguez, negó haber sido citada como investigada, una citación que finalmente sí le ha llegado pero que presumiblemente rechazará por estar aforada y ser por tanto el único tribunal competente sobre ella el Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Pizarro: “Mi prioridad es buscar soluciones, no culpables”

El alcalde Fernando Pizarro ha afirmado este lunes que su prioridad como responsable municipal, en relación a las construcciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara, "no es buscar culpables, sino soluciones", según recoge la agencia Efe.

Los ex concejales María Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho han sido citados los días 11 y 12 de mayo en calidad de investigados por el Juzgado, según ha confirmado el alcalde placentino en el transcurso de una rueda de prensa ofrecida en Mérida.

El Gobierno local decidirá en las próximas semanas y "tras un análisis profundo y responsable" si se persona como acusación.

"Para mí la prioridad no es buscar culpables sino soluciones, tal y como hemos hecho desde que llegamos al Gobierno de Plasencia". Desde que el PP llegó al Gobierno local los expedientes de disciplina urbanística, que son objeto de investigación y que hacen referencia a construcciones que no se pueden legalizar, "siguieron su curso".

También ha valorado el trabajo que han realizado para conseguir que un tanto por ciento muy importante de las construcciones ilegales puedan ser legalizadas a través de una herramienta que establece la Ley del Suelo y el Plan General Municipal.

Pizarro ha detallado que los expedientes se encuentran actualmente en fase de alegaciones por parte de los afectados, una vez que el Consistorio ya les ha comunicado la imposición de una sanción coercitiva por no haber procedido al derribo.

En la actualidad existen en Plasencia alrededor de un millar de construcciones ilegales asentadas en las zonas de Santa Bárbara, Vinosilla y Espartal, de las cuales un porcentaje muy amplio sí podrían acogerse al proceso de legalización que establece el Plan General Municipal, según ha apuntado el alcalde.

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