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EXTREMADURA

El juicio por el accidente de autobús de Castuera, un caso nada habitual

El procedimiento consta de casi 3.000 folios, cuando los casos en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Don Benito no pasan de los 200, y están llamadas a declarar quince personas

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El juicio por el accidente de autobús de Castuera es un caso nada habitual en la región por el número de muertos, cinco niños, además de por el volumen del proceso, con siete acusaciones particulares personadas. También porque ha tenido que declarar por escrito el expresidente extremeño José Antonio Monago.

El procedimiento consta de casi 3.000 folios, cuando los casos en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Don Benito no pasan de los 200, y están llamadas a declarar quince personas.

En él se incluyen informes que se suponen claves en la causa, como la reconstrucción del accidente y el toxicológico, para determinar si el único acusado, F.F.M. el conductor de la retroexcavadora que colisión con el microbús, había consumido drogas el día del accidente, como dio el test de saliva.

La fotografía de la vista oral que se inició el lunes y que proseguirá mañana recoge a trece personas: doce letrados y el acusado.

A la derecha, en segundo plano están cinco de las acusaciones particulares, entre ellas las del conductor del autobús, P.G.B, que figura en la causa como afectado y que está representado por Enrique Olea, que lleva también los intereses de la empresa propietaria de este vehículo. Delante, otras dos acusaciones y el fiscal, Diego Yebra, el más próximo a la jueza, Beatriz Miranda.

A la derecha otros tres abogados: el de la aseguradora de la retroexcavadora, el de los propietarios de la finca y la máquina, y el del acusado. Pegado a su letrado está el imputado. Cinco de las acusaciones representan a otras tantas familias de fallecidos y otra a varios de los heridos. Hubo doce en total.

Algunos ya han renunciado a la causa

Otros se conforman con la petición del fiscal y algunos ya han renunciado a la causa al haber llegado a un acuerdo con ellos la aseguradora de la retroexcavadora, según han informado a Efe distintos de los letrados personados.

También ha renunciado al proceso la aseguradora del autobús, ya que la empresa propietaria no está acusada.

La máxima pena que ha podido pedir el fiscal y las acusaciones es de cuatro años de cárcel, ya que en este tipo de casos da igual el número de fallecidos. "Paga una -muerte- y las otras cuatro le salen gratis", advierte a Efe, con lágrimas en los ojos, el único de los padres que tenía a dos hijos en el autobús.

Uno de ellos falleció y el otro resultó herido, aunque le han quedado secuelas estéticas y, sobre todo, psicológicas.

Las indemnizaciones reclamadas por las acusaciones son similares a las que pide el fiscal, Diego Yebra, 818.387 euros en total; en algún caso por encima.

No puede haber grandes diferencias, según ha explicado un letrado, porque hay un baremo establecido por muerte y secuelas. Unos 100.000 euros por fallecimiento, más 20.000 si hubiera un hermano menor, por ejemplo. El mismo padre, que desea que el acusado no saliera "nunca" de la cárcel, ha dicho que "no hay dinero que pague esto".

El fiscal acusa a F.F.M. de 18 delitos, entre ellos cinco de homicidio por imprudencia grave, pero no del de omisión del deber de socorro, como sí hace una acusación. Del otro lado, la aseguradora de la máquina persigue que, si hay condena, graduar las responsabilidades entre los dos vehículos.

La representación de los hermanos socios de la explotación de la finca de la retroexcavodora, que figura sólo a nombre de uno de ellos, pretenden eludir responsabilidades al defender que no hay relación laboral con el acusado y que cogió la máquina sin permiso.

Pero el gran protagonista del juicio está siendo sin duda José Duarte, el defensor del acusado, para el que pide la absolución y que trata por todos los medios de implicar al conductor del bus por velocidad excesiva, lo que ha producido varios enfrentamientos con la jueza, que ha aclarado a todos que J.G.B. es testigo y no acusado.

De forma más o menos explícita, ha dejado caer que hubo "instrucciones" para no imputarlo, por una relación de amistad con Monago y para evitar responsabilidades a la Junta de Extremadura. El acusado fue claro en su declaración: debería estar "al lado" de él.

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