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Argentina, escandalizada por la decisión de la Justicia de liberar a un torturador

La Corte Suprema de Justicia, en un polémico fallo, ha ratificado la libertad de un condenado por secuestros y torturas durante la dictadura militar

Le aplica un beneficio judicial que reduce sensiblemente su pena

Los organismos de derechos humanos advierten de que el precedente podría dejar en la calle a otros genocidas y critican al gobierno por su actitud frente a la memoria histórica y los crímenes de lesa humanidad

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Las madres y abuelas de Plaza de Mayo siguen peleando por identificar a los desaparecidos y a los niños robados durante la dictadura.

Las madres y abuelas de Plaza de Mayo siguen peleando por identificar a los desaparecidos y a los niños robados durante la dictadura.

Como cada jueves, las Madres de Plaza de Mayo daban la vuelta al pequeño obelisco de la plaza, frente a la casa de Gobierno, para seguir reclamando por los hijos que la dictadura les robó. Una pequeña multitud acompañaba sus pasos lentos, cargados de años, por las baldosas donde unos pañuelos pintados en el suelo reconocen el valor y la perseverancia de estas mujeres que llevan cuatro décadas peleando contra el poder, contra el olvido. Avanzan en círculo, como siempre. Pero ayer la sensación en el aire era que, por primera vez en mucho tiempo, los pasos iban inexorablemente hacia atrás, devolviéndolas –y devolviendo a Argentina– a una casilla que creían superada. La Corte Suprema ha dejado en la calle a uno de los genocidas condenados tras aplicarle un polémico beneficio judicial.

Luis Muiña fue condenado en 2011 a 13 años de cárcel por secuestrar y torturar a cinco trabajadores del Hospital Posadas en 1976. La sentencia, que quedó firme en 2013, aplicaba el beneficio del 2x1, que computa como dos cada año pasado por el reo en prisión preventiva, acortando sensiblemente las condenas. Muiña quedó en libertad. Este martes el máximo tribunal decidió, en un fallo dividido, que este recurso puede aplicarse a autores de crímenes de lesa humanidad.

La ley 24.390, conocida como ‘dos por uno, se aprobó en 1994 con la intención de acelerar los plazos de instrucción. A partir del segundo año, por cada día que el preso pasaba entre rejas a la espera de sentencia, el juez debía contar dos. En 2001, ante su evidente fracaso, la ley fue derogada.

"Este fallo ahora responde a la política de Estado. Es la política de la desmemoria, del olvido", critica Gladys Evarista Cuervo, una de las víctimas de Muiña.

El gobierno de  Mauricio Macri ha sido criticado en varias oportunidades por su actitud respecto de la memoria histórica y los procesos judiciales contra los crímenes de la dictadura. El presidente relativizó la cifra oficial de desaparecidos –30.000– y aseguró que no impulsaría los juicios contra los genocidas porque eso corresponde a los tribunales, donde el cambio de frecuencia del nuevo Gobierno parece haber reemplazado la política de los últimos años sobre este tema, que ha convertido a Argentina en un ejemplo mundial.

Dos de los tres jueces que apoyaron el polémico fallo fueron designados en el máximo tribunal por el Gobierno de Macri. La tercera, Elena Highton de Nolasco, mantuvo un pulso por permanecer en la Corte tras cumplir 75 años hasta que el gobierno decidió no insistir en su salida. Su fallo es especialmente controvertido porque en 2009, en una situación similar, la magistrada argumentó exactamente lo contrario.

"Desde el principio notábamos una distancia en el Gobierno, pero empezamos a ver consecuencias de ese enfoque político", analiza Gastón  Chillier, director ejecutivo del CELS, una de las principales entidades de derechos humanos que trabaja sobre los crímenes de lesa humanidad en el país. La libertad de Muiña y la concesión de arresto domiciliario al coronel retirado Felipe Jorge Alespeiti –la Corte Suprema decidió que el derecho a un trato digno se extiende a los exmilitares condenados– son dos señales evidentes de este cambio de rumbo.

El fallo del 2x1 supone un precedente, ya que la Corte entiende que puede aplicarse a aquellos condenados por delitos de lesa humanidad, unos 700 represores presos por secuestros, torturas, asesinatos y robo de bebés. De hecho, dos de ellos – Víctor Gallo y Héctor Girbone, ambos condenados por el robo de bebés– ya han pedido que se les aplique el mismo beneficio. 

Las críticas jurídicas a la decisión de la Corte se basan en que, al ser delitos cometidos contra desaparecidos, se los considera permanentes. "Este tipo de delitos son de ejecución permanente, los desaparecidos no aparecieron", sentencia Raúl Alfonsín, diputado nacional e hijo del presidente que llevó a los militares a juicio por primera vez, en 1983.

Desde el gobierno se han limitado a expresar su respeto por la independencia de la Justicia y se ha criticado la ley del 2x1, sin entrar en el caso particular de Muiña.

Las asociaciones de derechos humanos, entre ellas las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, han convocado a una protesta el miércoles que viene, que se prevé multitudinaria.

Allí estará seguramente Gladys Evarista Cuervo, que trabajaba como enfermera en el Hospital Posadas en 1976, cuando fue torturada por el grupo de tareas de Muiña –al que llamaban SWAT– en un centro de detención clandestina construido detrás del hospital que irónicamente denominaban ‘el chalet'.

La decisión de la Corte ha devuelto a Cuervo a un pasado de picanas y submarinos, las crueles prácticas habituales de los represores. "Me rompieron el esternón, varias costillas, me quemaron con mecheros y colillas de cigarrillos en el cuello, en los brazos, en las piernas, en los glúteos…", relata emocionada frente a las cámaras de televisión. "Están hablando de reconciliación" señala. Pero asegura que la decisión de la Corte va en sentido contrario. "Cómo me voy a reconciliar o a perdonar con esto. Yo, de ninguna manera".

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