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La historia de los españoles que forzaron a la UE a investigar la expulsión de comunitarios en Bélgica

Colectivos de inmigrantes españoles fuerzan a Bélgica a dar respuestas sobré por qué ha expulsado a 400 españoles y a más de 4.000 comunitarios entre 2013 y 2014

La Eurocámara da "pleno apoyo" a la denuncia de Marea Granate/15-M Bélgica, la cual ha conseguido que el estado belga deje de denegar la residencia a los comunitarios empleados por los servicios sociales

"¿En qué se va a convertir la UE si se juzga a los ciudadanos por el número de ceros en su cuenta bancaria?", se pregunta Ángela Vallina (IU)

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Sara Lafuente fue la encargada de presentar el pasado 12 de noviembre en la Eurocámara en nombre de todos estos movimientos la petición contra las expulsiones

Sara Lafuente fue la encargada de presentar el pasado 12 de noviembre en la Eurocámara en nombre de todos estos movimientos la petición contra las expulsiones

Entre 2013 y 2014 Bélgica expulsó a alrededor de 400 españoles que presuntamente abusaron de los beneficios sociales, según la versión de las autoridades belgas. Más de 4.000 ciudadanos de la Unión Europea en ese periodo. Muchos medios españoles se hicieron eco entonces de lo que pasaba, y algunos hasta contaron historias con nombres y apellidos de afectados. Pero un grupo de residentes españoles, organizados en plataformas como Asamblea 15-M Bélgica/Marea Granate, entendió a finales de 2013 que había que hacer algo más. "Empezamos a movilizarnos a raíz de una noticia sobre la expulsión de una familia italiana. Debatimos esto en asambleas, nos reunimos con personas que habían recibido una carta negándoles la residencia. Hasta que decidimos llevarlo al Parlamento Europeo".

El entrecomillado es de Sara Lafuente, 30 años, que realiza un doctorado de sociología en la Universidad Libre de Bruselas y que fue la encargada de presentar el pasado 12 de noviembre en la Eurocámara en nombre de todos estos movimientos la petición contra las expulsiones, que irían "contra la Directiva 2004/38 de libre circulación y residencia" y que "vulneran la Carta de derechos fundamentales" de la UE.

No ha sido una lucha en vano: la Comisión Europea ha reconocido contactos con las autoridades belgas para saber qué sucede y el Parlamento Europeo ha asegurado que pedirá aclaraciones a este país. Además, Bélgica ha reconocido haber suavizado los trámites de expulsión a raíz de esta denuncia.

Durante casi dos años, una veintena de activistas trabajaron reunidos en diferentes lugares de Bruselas por algo que ahora está dando sus frutos. Lafuente fue abogada laboralista en España antes de emigrar y se puso al servicio, junto a otros, de esta causa. "Redactamos la petición en ¡abril de 2014! Y hemos recibido la respuesta del Parlamento ahora", evoca la peticionaria delante de una cerveza.

En ese tiempo, se creó una plataforma contra las expulsiones (Europe4People. "No solo se expulsaba a españoles, sino a italianos, griegos…". A personas sin recursos que el país de acogida considera que pueden ser una carga para su sistema de seguridad social.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo fue la que recibió la carta dirigida por 15-M y Marea Granate y la que invitó a Sara Lafuente a exponer los detalles. Y en esa intervención quedaron patentes algunas medidas que el estado belga aplica con dureza sobre los ciudadanos comunitarios. Por ejemplo, el cruce de datos que se produce entre las autoridades de Extranjería y los organismos locales encargados de las ayudas sociales. "Comprobamos que Bélgica estaba expulsando a comunitarios que trabajan gracias al Artículo 60", asegura Lafuente.

Este artículo de la legislación permite a los servicios sociales dar temporalmente empleo a desempleados para favorecer la reinserción. Para Marea Granate/15-M Bélgica es una de las pruebas de que Bélgica no respeta la igualdad de trato entre ciudadanos de la UE. Los afectados no habrían tenido siquiera la oportunidad de defenderse. "La expulsión de comunitarios se produce sin concederse audiencia previa al interesado antes de enviarle la carta y sin motivación individualizada, lo que le produce indefensión", reza la petición, para la que las denegaciones de residencia son "desproporcionadas" y "se llevan por delante el proyecto europeo" creando una "subclase" de personas que no pueden residir fuera por sus bajos ingresos.

La presidenta de la comisión de Peticiones de la Eurocámara, la liberal sueca Cecilia Wikström, respaldó la intervención y avanzó que pedirá "aclaraciones" a Bélgica por lo sucedido. Wikström dio su "pleno apoyo" a la peticionaria y subrayó que "el derecho a la libre circulación es una de las libertades fundamentales de la UE, no puede violarse, somos unánimes al entenderlo así".

Durante la exposición de Lafuente el representante de la Comisión Europea llegó tarde, algo que para la eurodiputada Ángela Vallina (IU) fue "impresentable". Con todo, la Comisión en su respuesta a la petición de los colectivos españoles trajo buenas noticias: por un lado, confirmó contactos con las autoridades belgas a raíz de la denuncia; por otro, anunció que tenía "previsto proseguir" el intercambio de información con dichas autoridades para preservar el respeto a la Directiva 2004/38. Unos contactos que han forzado a Bélgica a dar algunas respuestas sobre las acusaciones que se le imputan.

De acuerdo con la información recabada por la Comisión Europea, el Estado belga "no tiene ninguna intención de proceder a la aplicación forzosa de las órdenes de abandono del territorio notificadas a ciudadanos europeos". Esto es, que Bélgica puede expulsar a alguien aunque en la práctica le permita seguir residiendo en el país (ilegalmente). "Un ciudadano europeo con una orden de abandono del territorio belga conserva la posibilidad de presentar a la autoridad administrativa una petición de residencia", se lee en la documentación aportada por el Ejecutivo comunitario. Por otro lado, Bélgica ha paralizado las expulsiones por acogerse al artículo 60, otra de las victorias de Marea Granate.

¿En qué se va a convertir la UE si se juzga a los ciudadanos por el número de ceros en su cuenta bancaria?", se pregunta la eurodiputada Ángela Vallina, de Izquierda Unida. "Además, la gente que es expulsada de Bélgica después no podrá obtener el permiso de residencia en un tercer país de la UE. Hay que parar esta perversidad".

Para Sara Lafuente el problema está en la raíz. En la propia Directiva 2004/38, contra la cual apuntaba también la denuncia. "Permite la exclusión del derecho a libre circulación y residencia a una categoría de personas europeas por su condición económica y social. Las instituciones europeas son responsables en gran parte de esta situación: han enfatizado durante años el discurso de la movilidad y la libre circulación. El año pasado sin ir más lejos, en la fecha en que presentábamos nuestra petición, colgaba una banderola gigante del edificio Berlaymont (edificio principal de la Comisión) resaltando el derecho a la libre circulación…".

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