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Ruz limita el 'caso Pretoria' a la fortuna de Prenafeta y Alavedra y al presunto soborno al exalcalde de Santa Coloma

Tras más de tres años de investigación, el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional resta credibilidad a la existencia de una red de corrupción urbanística en Barcelona

La influencia del exdirigente socialista Luis García Sáenz sobre el exprimer edil Bartomeu Muñoz y sus relaciones económicas se convierten en el eje principal del procedimiento judicial

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El PP recurre la "inverosímil" decisión de Ruz de retirarle de Gürtel

El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. /Efe

El titular interino del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el magistrado Pablo Ruz, ha minimizado al máximo la instrucción del caso Pretoria, una causa que hace algo más de tres años hizo temblar los cimientos de la política catalana. Entonces, los responsables de la investigación, el representante de la Fiscalía Anticorrupción Luis Pastor y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron al predecesor de Ruz, Baltasar Garzón, cuando ya habían acumulado cerca de 30 tomos de documentación que, según su criterio, acreditaban la existencia de una red de corrupción urbanística que afectaba por igual a los principales partidos políticos catalanes.

A pesar de la abundante documentación aportada, el juez Ruz parece, según informan fuentes judiciales, decidido a limitar el caso Pretoria a la influencia que ejercía el antiguo fontanero del PSC y del PSOE, Luis García Sáenz, reconvertido en intermediario inmobiliario entre constructoras y administraciones socialistas, sobre el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, el también socialista Bartomeu Muñoz.

Muñoz también está  acusado de cohecho impropio por la venta dediversos activos inmobiliarios de su familia a su conmilitón por valor de un millón de euros. Las citadas fuentes aseguran que Ruz completará el auto de apertura de juicio oral con la proposición de que se juzgue a los antiguos hombres fuertes de Convergència Democràtica Lluís Prenafeta y Macià Alavedra por diversos delitos fiscales, tras hallar fondos de ambos antiguos altos cargos en diferentes paraísos fiscales, como Andorra, Suiza, Liechtenstein, Madeira o el Estado norteamericano de Delaware. Y, para consternación de los investigadores, eso es todo.

Sustitución cautelar

Ruz fue elegido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apenas siete meses después de que Garzón hiciera público el caso Pretoria y pusiera en marcha la maquinaria policial para acabar con la supuesta red de corrupción urbanística, después de que el titular del 5 fuera imputado, en una incomprensible maniobra, por el juez filosocialista Luciano Varela tras una querella presentada por Falange Española y de las JONS, que le acusó de prevaricación por intentar investigar los crímenes del franquismo.

El mandato de Ruz fue prorrogado el 9 de febrero de 2012, cuando Garzón fue condenado y expulsado de la carrera judicial –actualmente está radicado en Argentina donde ejerce como asesor del Tribunal Penal Internacional y como abogado de personalidades como el fundadorde Wikileaks, Julian Assange– por vulnerar los derechos de los principales imputados en la trama Gürtel, que en la actualidad se encuentran en libertad bajo fianza y disfrutan del elevado nivel de vida que exhibían antes de ser encarcelados, mientras esperan un juicio que, con la irrupción del ex tesorerodel PP Luis Bárcenas en el caso, no parece que vaya a celebrarse próximamente.

Por el contrario, Ruz no acabará el año como titular del juzgado central de instrucción número 5. Tras la inhabilitación de Garzón, la plaza salió a oposición y se hizo con ella el magistrado progresista Miguel Carmona, que no podrá ocuparla hasta que concluya su mandato como vocal del CGPJ. Su mandato, como el del resto de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, concluye en septiembre, aunque podría prorrogarse un par de meses a causa de las negociaciones entre el PSOE y el PP.

La última semana de octubre de 2009, Garzón, revolucionó la política catalana con una espectacular operación contra la corrupción urbanística bautizada como Operación Pretoria. Fueron los miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), los responsables de elegir el nombre en clave del caso.

Y no, no había ciudadano sudafricano alguno implicado ni el caso tenía relación con el tráfico de diamantes de sangre. Aunque la operación era mucho más prosaica, sacudió la vida política catalana: en apariencia, la UCO, por orden del fiscal anticorrupción Luis Pastor, había desarticulado una red de corrupción urbanística políticamente transversal que tenía el epicentro en Santa Coloma de Gramenet, gobernada por el socialista Bartomeu Muñoz, pero que implicaba a los que fueran sucesivamente hombres fuertes de Jordi Pujol durante sus primeros 17 años como presidente de la Generalitat –permaneció en el cargo desde el 20 de marzo de 1980 hasta el 16 de noviembre de 2003–, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Como cerebro de la operación aparecía un antiguo fontanero del PSC y del PSOE, Luis García Sáenz, conocido como Luigi.

Investigadores decepcionados

Que el papel de Prenafeta y de Alavedra como comisionistas sea delictivo es discutible. Pero los investigadores han encontrado serios indicios de que la influencia de Luigi  sobre las corporaciones locales socialistas iba mucho más allá de Santa Coloma de Gramenet. Tanto el fiscal como los agentes de la Guardia Civil han hallado pruebas de una estrecha relación entre el intermediario y algunos dirigentes históricos del socialismo catalán como Manuela de Madre, Celestino Corbacho e incluso valores en alza en el PSC y el PSOE como Carme Chacón.

Pero Ruz no está por la labor. De hecho, fuentes jurídicas afirman que el magistrado podría levantar la imputación de algunos de los constructores implicados en el caso antes de darlo por cerrado.

Y el caso Pretoria no es el único en el que Ruz ha decepcionado a los acusadores públicos y privados. El juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional también se ha encargado de la instrucción del caso Eurobank, en el que se acusa al expresidente de la entidad, Eduardo Pascual y su principal colaboradora, María Vaqué, del expolio del banco catalán. Ante la insistencia y el desconcierto del fiscal y de la acusación particular, Ruz ha permitido que Pascual oculte y destruya pruebas del caso.

Fue la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, quien decidió en marzo encarcelar a Pascual y Vaqué por usar los fondos de Eurobank en el escándalo de los ERE andaluces. Hace dos semanas, el juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, dictó también órdenes de prisión contra Pascual y Vaqué por las irregularidades que supuestamente cometieron en la gestión de las aseguradoras en las que acabó el dinero de Eurobank.

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