Europa no va a hacer mucho contra la evasión fiscal

Las medidas que la UE anunció ayer para frenar la evasión fiscal que practican los ricos y las grandes empresas podrían ser útiles... si se concretaran, y si más tarde se cumplieran. Lo cual, en opinión de la mayoría de los analistas, no sólo está por ver, sino que es posible que no ocurra. Porque los dirigentes europeos, buena parte de los cuales siguen pensando en términos neoliberales, tienen las manos atadas a la hora de restringir la libertad de movimientos de los grandes capitales y las prácticas fiscales fraudulentas de las multinacionales. Aunque estén detrayendo a los Estados cantidades fabulosas que, de recuperarse, aliviarían en medida sustancial sus déficits.

Lo acordado el miércoles en Bruselas, prácticamente sobre la marcha y sin las negociaciones previas que lo harían posible, es, más que otra cosa, un conjunto de buenas intenciones destinadas a hacer frente a la denuncia social creciente de que los gobiernos dan un trato de favor a los ricos y a los poderosos. Las dos medidas más llamativas del paquete –el fin del secreto bancario para personas, fondos y sociedades y la normativa destinada a acabar con la ingeniería fiscal de las grandes empresas– llegan sin contenido concreto alguno y, además, pueden convertirse en papel mojado si algún Estado de la UE se niega a aplicarlas. Y lo que es aún peor, el acuerdo no hace mención significativa alguna a los paraísos fiscales, que es, de lejos, el mayor coladero fiscal.

Uno de los puntos que más claramente muestra la debilidad de los acuerdos es la posición de Austria y de Luxemburgo, dos países que son miembros de la Unión, y el segundo fundador de la misma, y que, de hecho, son paraísos fiscales. Ambos se han mostrado dispuestos a rebajar en unos cuantos grados el secreto fiscal que practican sus bancos. Pero con la condición de que lo mismo hagan los países europeos que no son miembros de la UE –Suiza, Mónaco, Andorra, San Marino, Lichtenstein– y que tienen normativas similares al respecto.

Hasta el momento, éstos se han negado a hacerlo, a pesar de que en los últimos años han firmado no una ni dos, sino cientos de convenciones internacionales al respecto. Y nada indica que ahora vayan a cambiar de postura. Con lo que cabe prever que Austria y Luxemburgo no modificarán sus normas. Al menos en unos cuantos años.

El escándalo del fraude fiscal que desde hace años lleva a cabo en Europa las multinacionales norteamericanas que dominan varios mercados mundiales –y a la cabeza de ellas, las del sector informático– lleva tiempo en las primeras páginas. Una comisión del Congreso estadounidense investiga justo en estos días a Apple. Se le acusa de pagar por impuestos fuera de Estados Unidos sólo el 2% de sus beneficios, cuando el tipo previsto por el fisco norteamericano es del 28%. Google, Microsoft, Amazon y Starbucks alcanzarían tasas similares de evasión.

Según la agencia Bloomberg, en 2011 Google se habría ahorrado 2.000 millones de dólares de impuestos transfiriendo cerca de 10.000 millones de beneficios a sus filiales radicadas en los paraísos fiscales de las Bermudas. El más potente buscador del mundo paga sólo un 3% por sus beneficios en Europa, cuando el tipo está entre el 24 y el 34%. El presidente de la compañía, Eric Schmidt, declaró hace unos meses que estaba “muy orgulloso de la estructura” que Google había montado para obtener esos resultados. “Eso se llama capitalismo y nosotros somos orgullosamente capitalistas”, añadió Schmidt.

Un informe del banco JP Morgan concluyó hace un año que las empresas norteamericanas se ahorraban anualmente 1,7 billones de dólares gracias a las prácticas fiscales de sus filiales en el extranjero. Pero las compañías europeas no se quedan atrás. Un estudio de la asociación francesa CCFD-Terre Solidaire afirmó hace un año que las 50 mayores empresas europeas tenían el 20% de sus filiales en paraísos fiscales. El porcentaje correspondiente a la banca era del 26% y, según distintos indicios, habría crecido desde entonces. Por otra parte, un informe del Gobierno francés aseguró en 2011 que las 40 mayores empresas galas cotizadas en bolsa no pagaban, como media, más del 8% del impuesto de sociedades: algunas evaluaciones no se alejan mucho de esa cifra en lo que se refiere a las grandes compañías españolas.

Aunque los trucos que permiten esos resultados suelen ser muy sofisticados, en sustancia se reducen a la manipulación de los llamados “precios de transferencia” que se aplican a los movimientos de productos o de servicios entre las filiales de una misma compañía en distintos países o en uno solo. Hinchándolos o reduciéndolos artificialmente, las multinacionales presentan como deficitarios, o casi, los resultados de sus sucursales en países con altos tipos impositivos, quedando los beneficios para aquellos que tienen una baja fiscalidad. El caso más clamoroso de estos últimos es Irlanda, cuyo impuesto de sociedades es sólo del 12,5%, casi la tercera parte de la media europea. Y Dublín, por mucho que digan en Bruselas, no está dispuesto a ceder en ese punto y menos cuando el país sufre una terrible crisis económica.

Con todo, el gran agujero fiscal de Europa está en los paraísos fiscales. A ellos acuden en masa no sólo las empresas, sino también, y casi siempre a través de sus bancos, los particulares más ricos. El autor británico Nicholas Shaxson, ha afirmado que el montante total de las cuentas de estos últimos en los paraísos fiscales asciende a más de seis billones de dólares, es decir, a casi seis veces el PIB español. Y ha añadido: “Los paraísos fiscales son un factor determinante de la manera en que el poder político y económico funciona en el mundo de hoy. Permiten conservar sus privilegios a las personas, a las empresas y los países más ricos. Los paraísos fiscales son el teatro en el que los millonarios se enfrentan a los pobres, las multinacionales a los ciudadanos y las oligarquías a las democracias. Y les ganan la partida”. Pensar que una casi improvisada declaración de la UE va a darle la vuelta a eso, es soñar.