Todos juntos contra la corrupción en la Región de Murcia, y el PP aparte

Los candidatos a la Presidencia de la Región de Murcia de los cinco grandes partidos políticos, excepción hecha del PP, han alcanzado un compromiso que apuesta por la regeneración democrática y que se traducirá en la firma de un pacto preelectoral, producto de negociaciones calificadas de “discretas”, tras varias reuniones celebradas a instancias del Foro Ciudadano.

Rafael González Tovar por el PSOE, José Antonio Pujante por Ganar -coalición que integra a IU-, Cesar Nebot por UPyD, Óscar Urralburu por Podemos y Miguel Sánchez por Ciudadanos, sellarán el pacto el próximo sábado en el edificio Rector Sabater de la Universidad de Murcia con la presencia de Patricio Hernández, miembro del Foro Ciudadano.

Según el Foro Ciudadano, el PP ha quedado excluido de la propuesta porque, entre otras cuestiones, mantiene imputados en sus listas electorales, cuestión ya resuelta por el resto de partidos y que ha sido citada expresamente por cada uno de ellos como una línea roja a la hora de plantearse posibles acuerdos o pactos de Gobierno.

Tres ejes básicos

El acuerdo, denominado “para la reforma de la Ley Electoral Regional y de medidas de regeneración democrática”, se a poya en tres pilares esenciales, que son la reforma de la Ley Electoral, una alternativa legislativa popular para que los ciudadanos puedan participar en las leyes y la no presencia de imputados en las listas electorales.

En el pacto se afirma que las próximas elecciones llegan “en un momento especial en que la sociedad está sufriendo las consecuencias de una grave crisis multidimensional que, junto a su vertiente económica, muestra unas dramáticas repercusiones sociales y se acompaña con una fuerte reclamación de cambios institucionales y políticos”. “Todos estas circunstancias se dan en la Región de Murcia de forma muy acusada después de un largo período de dos décadas de gobiernos por mayoría absoluta de un único partido”, se explica, periodo que “ha provocado una ostensible degradación de los estándares de calidad democrática de la vida pública”.

Dentro del diagnóstico previo expresado en el acuerdo, se añade que “todo indica que este periodo se ha agotado ya, que estamos en un tiempo político nuevo que requiere reformas y cambios sustanciales para responder a las nuevas demandas de regeneración democrática de la sociedad, que es muy crítica y exigente con sus representantes”.

De ese modo, justifican que “el primer cambio ha de ir dirigido a las propias reglas de juego, esto es, a la reforma de la Ley Electoral de la Región de Murcia y a las distorsiones que introduce sobre la representación de la voluntad popular”. “Estas deben ser las últimas elecciones que se rijan por una ley que provoca que miles de votos válidos se queden sin representación mientras sobredimensiona la representación de otros votos, según dónde se emitan; hay que atender al principio básico de la democracia que quiere que un hombre o una mujer dispongan de un voto, y que otorga el mismo valor para cada voto”.

Para acabar con el preámbulo, se proclama la presponsabilidad de las formaciones políticas en la posible mejora de la situación: “Junto a esto, los partidos firmantes somos conscientes de que es necesario tomar medidas en la próxima legislatura para combatir y corregir otros problemas como son la plaga de la corrupción política que se ha extendido por las instituciones de la región, la ausencia de transparencia en la gestión pública, el despilfarro de recursos públicos, la independencia de los medios públicos de información, el rechazo generalizado a la participación ciudadana, la negativa a rendir cuentas y a asumir responsabilibidades políticas de ningún tipo, junto al recurso a formas de despotismo democrático para imponer arbitrariamente la voluntad partidista, problemas que hay que desterrar definitivamente de la esfera política regional”.

Reforma de la Ley Electoral

Entre las medidas concretas a adoptar por los cinco grandes partidos de la Región de Murcia, a excepción del PP, se firmará el compromiso de “rebajar el porcentaje mínimo para poder obtener representación, que pasaría del 5% actual al 3%, como ocurre en la mayoría de comunidades autónomas uniprovinciales”.

Dentro de este asunto, también se comprometerán a la “modificación del sistema de circunscripciones estableciendo una circunscripción única, complementada con medidas que garanticen legislativamente la presencia de representantes de las comarcas en las candidaturas que confeccionen los partidos políticos que concurran a las elecciones”. De ese modo se acabaría con la excepcionalidad de la ley murciana, que junto con Asturias, es la única autonomía uniprovincial que tiene su territorio dividido en distritos electorales -en el caso de Asturias son tres, pero en la Región de Murcia existen cinco-.

PSOE, Ganar, UPyD, Podemos y Ciudadanos se comprometen a llevar a cabo estas reformas legislativas “de forma que los trabajos queden finalizados antes del final del presente año”.

Sin pactos con partidos que tengan imputados entre sus representantes

El segundo pilar del acuerdo es el compromiso de “no establecer acuerdos de gobierno ni de investidura con partidos políticos que cuenten entre sus cargos públicos con imputados -o figura legal equivalente- por delitos de corrupción”, lo que refiere en estos momentos al PP. En fin de este punto sería el de “luchar contra la corrupción en el ámbito político regional”, y se extendería a “todas las instituciones de la región”.

Todavía en este apartado, los partidos también se comprometen “a no apoyar la elección como senadores de designación autonómica a personas que estén formalmente imputadas -o figura legal equivalente- por estos mismos delitos”.

Regulación de la Acción Legislativa Popular

“A fin de establecer nuevas formas de participación directa de la ciudadanía en la actividad política en el ámbito de la Región de Murcia, que eviten su monopolio por los partidos políticos”, que faciliten que “los ciudadanos puedan tomar iniciativas políticas y legislativas”, que dichas iniciativas “puedan ser debatidas y mejoradas con los nuevos instrumentos digitales colaborativos que permiten los desarrollos tecnológicos”, y que sean “aprobadas por el cuerpo electoral por votación directa, como existe y se practica en otros países democráticos”, el pacto recoge el compromiso de regular la llamada “Acción Legislativa Popular”, que consiste en una “versión más avanzada que la ILP”.

En el acuerdo se argumenta que se trata de “un instrumento de propuesta legislativa desarrollado en su totalidad a través de un proceso de participación secuenciado, en el que recogiendo un número de firmas del censo electoral, se concluye con una votación abierta para su aprobación por la ciudadanía”.

La firma de este acuerdo supondrá un hecho inédito dentro de la Región de Murcia, del que el partido que actualmente ostenta el poder tanto en el Ejecutivo autonómico como en la gran mayoría de sus cuarenta y cinco municipios queda al margen.