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López del Moral (TSJC) cree que la posible Oficina Anticorrupción del Gobierno regional no supone solapar funciones

Dice que sería una "opción" más a la que el ciudadano pueda acudir si tiene "indicios" de posibles delitos en la Administración Pública

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, ha opinado que la Oficina Anticorrupción que se plantea crear el Gobierno regional (PRC-PSOE) no supone un solapamiento de funciones con la Justicia, que, según recuerda, es la que tiene competencia para investigar la comisión de estos supuestos delitos.

López del Moral ha respondido así sobre la posible creación de esta Oficina Anticorrupción, sobre la que ha eludido entrar en muchas valoraciones puesto que, según ha explicado, su creación es una "decisión política" de un Gobierno y, como tal, "no puede hacer comentarios" sobre la misma.

Sin embargo, ha afirmado que "cualquier actuación que se realice para prevenir la corrupción" en el ámbito de la Administración merece "felicitarse".

A su juicio, esta Oficina será una "opción" más donde un ciudadano puede acudir si tiene indicios de la comisión de delitos en el ámbito de la Administración Pública y se suma a la posibilidad que ya se le ofrece de acudir a la Fiscalía o a los órganos judiciales competentes.

Pese a ello, ha recordado que si finalmente se crea esta Oficina Anticorrupción ésta tendrá que remitir con carácter "inmediato" a la Fiscalía o a los órganos judiciales cualquier asunto delque tenga conocimiento y que pueda suponer un delito.

A pesar de ello, el presidente del TSJC ha aludido a lo "difícil" que, a su juicio, puede ser que esta Oficina Anticorrupción se mantenga como un órgano independiente del Ejecutivo regional cuando es el seno de éste donde se crea.

Sin embargo, se ha referido a la existencia de "agencias antifraude" o de "protección de datos" que hay en otras comunidades y que sí mantienen "cierta independencia" de sus respectivos Ejecutivos.

López del Moral ha realizado esta valoración a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa de presentación de la Memoria Judicial de 2015, en la que también ha sido preguntado por la implantación del expediente judicial.

EXPEDIENTE DIGITAL

El presidente del TSJC ha explicado que se han ido resolviendo algunos "problemas" registrados, sobre todo en el acceso a él de los usuarios externos a la Administración de Justicia.

Ha señalado que los usuarios internos de la Administración de Justicia puede acceder desde sus ordenadores de sus despachos, si bien ha resaltado la necesidad de que se establezca un acceso remoto y a que se permita que puedan entrar en él fuera de los juzgados, dado que, según ha dicho, es habitual que trabajen en sus domicilios fuera de horario laboral.

Pese a los problemas que han existido y algunas necesidades que aún persisten, López del Moral ha opinado que la situación de Cantabria en la implantación del expediente digital es "mucho mejor" que en el conjunto de España.

Cuestionado por las últimas previsiones del Gobierno de Cantabria respecto a la implantación total del expediente digital --que confía en que la región esté lista antes del 7 de julio, fecha máxima que marca la ley reguladora del uso de las tecnologías de la información en la Administración de la Justicia--, López del Moral no ha puesto en duda su cumplimiento.

VALORA POSITIVAMENTE LA SUPRESIÓN DE TASAS PARA LAS PERSONAS FÍSICAS

Durante la presentación de la Memoria Judicial, el presidente del TSJC también ha valorado positivamente la supresión de la exigencia de abono de tasas a las personas físicas a principios de 2015 ya que, según se expone en la Memoria, "facilita notablemente" el acceso de los ciudadanos a la Justicia y "refuerza" su derecho a obtener resoluciones judiciales tanto en primera como en segunda instancia.

Y es que la Memoria señala que la implantación de tasas judiciales en 2012 "no redujo apenas la litigiosidad en la primera instancia" pero sí produjo una "relevante" reducción de los recursos presentados, algo que achaca al "elevado importe" que los ciudadanos tenían que abonar para acceder a la segunda instancia.

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