Me he tomado la molestia de releer la Constitución. Lo he hecho para recordar y para pensar sobre si es necesario cambiarla o si es un documento caduco fruto de un pacto también caduco. Leer la Constitución con la mente abierta me lleva a pensar que de caduca y muerta no tiene nada. La Constitución de 1978 es en su esencia un texto avanzado que define a España como un Estado social y democrático de Derecho. Ya sé que las palabras se las lleva el aire, pero esta redefinición del Estado de Derecho sigue siendo rompedora e incluye una voluntad transformadora que luego queda recogida en ese artículo 9-2, que en sus tiempos definían los constitucionalistas como la cláusula transformadora. Y lo cito:
“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
Ya sé que muchos dirán que nada de eso se ha cumplido. Argumento legítimo, aunque discutible, y que no implica que un cambio en su redacción vaya a servir de algo. Estoy seguro de que muchos me hablarán de la sucesión y la prevalencia del hombre sobre la mujer o del escaso papel real del Senado o incluso de las Fuerzas Armadas como garante de la integridad y el orden constitucional; afirmación lógica que algunos ven como una acción hacia el interior y un regalo de control a los militares sobre el poder civil, cuando ejercer esa función está supeditada íntegramente a la acción y decisión del Gobierno y las Cortes Generales.
No soy reacio a cambiar la Constitución, pero debe hacerse con sentido común. La Constitución es un buen texto legal por mucho que voceros varios digan lo contrario porque permite y ha permitido la convivencia necesaria entre las gentes de España piensen como piensen. Sean de izquierdas o derechas, nacionalistas, anarquistas o lo que gusten. Siempre sobre la base del principio democrático y el respeto a la Ley. No renuncio a actualizar el texto constitucional pero con sentido común, y no asustados por las proclamas de unos y otros, y siempre bajo el consenso y acuerdo para no caer en los errores del constitucionalismo español del siglo XIX, donde cada texto era el reflejo de aquel partido que ocupaba el poder.
Las constituciones no deben regular hasta el último elemento. Deben ser un marco y una Ley fundamental que permita desarrollar otra legislación y así está formulado el texto de 1978. No soy partidario de una norma que lo recoja todo y no dé margen al legislador. Dicho todo lo anterior, insisto en que no me parece mal una reforma para renovar la Constitución y cambiar elementos absurdos como la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión real. Y también se debe entrar en otros debates más espinosos, pero con acuerdo y consenso.
Hay un elemento esencial sobre la mesa del debate público y es la reforma del modelo territorial, del sistema autonómico. Nace del cíclico calentón independentista de Cataluña. Creo que a estas alturas todo el mundo sabe que pienso que en una ruptura de una parte de España pierden todos, los que se desligan y el resto del Estado que permanece, pero esa no es la cuestión. Lo importante parece por un lado que son las palabras. Por ejemplo, el reconocimiento nominal como nación; algo que parecía hecho hace 30 años al considerar que el concepto nación y nacionalidad eran idénticos. Hay abundante literatura sobre el tema. Esta es realmente una discusión sobre el sexo de los ángeles, pero sobre la que hay que decidir.
Por supuesto, está sobre la mesa el papel del Senado, que se ha convertido en una Cámara absurda que ni representa los territorios ni tiene un papel real en el entramado institucional y, claro está, el debate sobre comunidades autónomas o Estados federados. Mi pregunta es si es más un debate de nombres, cosa que así lo considero, o de competencias. Podemos adornarlo todo con la recogida en la Constitución de los nombres de las comunidades o estados, o incluso con una mayor definición de las competencias de cada uno, y digo mayor porque ya hay un reparto constitucional. Lo que desde luego no tiene sentido es constitucionalizar el sistema de financiación. Ahora existen unos principios básicos que igual deben mejorarse, pero constitucionalizarlo supondría limitar la flexibilidad de su mejora o cambio y quedar cautivos de lo allí escrito. En fin, es un bonito debate general, pero no debe llevar al absurdo.
