La justicia rechaza la denuncia contra el lehendakari por revelar datos personales de un desahucio

La denuncia presentada por Stop Desahucios contra el lehendakari, Iñigo Urkullu, por las declaraciones públicas efectuadas durante el debate electoral en ETB en las que revelaba datos personales de una persona que acababa de sufrir un desalojo de una vivienda pública se van a quedar en nada. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado la denuncia presentada por Stop Desahucios al considerar que “en ningún caso” Urkullu desveló datos que no debían ser divulgados ya que no se encuentran “bajo el amparo de la privacidad”.

En sus declaraciones en el debate, Urkullu hacía públicos algunos datos personales que, según Stop Desahucios, solo pudo obtener “en razón de su cargo, de Alokabide, empresa pública, y del Ayuntamiento de Vitoria”. Además, la Plataforma también acusaba al lehendakari de “injuriar” a la persona desahuciada por “haberse negado a pagar disponiendo de recursos y de aprovecharse del sistema”.

“Resulta inaceptable que una autoridad pública, prevaliéndose de su cargo, en un medio público y en horario de máxima audiencia, con el fin de defender la gestión en materia de desahucios de Alokabide haya intentado provocar el descrédito de una familia vulnerable ejerciendo la máxima dureza en su intervención mientras se usa el guante blanco con los verdaderos defraudadores responsables de la situación de pobreza y desigualdad existente en nuestra comunidad”. Con este razonamiento, Stop Desahucios formalizó la denuncia.

Ahora, el TSJPV le da un revolcón ya que incluso señala que el lehendakari actuó de una manera “lógica”. “Si la Administración gestiona un servicio público financiado con fondos públicos respecto de los que debe rendir cuentas a la sociedad a la que sirve y un caso de desahucio genera pública y socialmente una indudable alarma lo lógico es que el candidato a lehendakari responda a las críticas dirigidas a los servicios públicos cuando es preguntado en un debate electoral”.

Y además, el Tribunal entiende que es “difícil” hablar de secreto o de datos reservados en relación al desahucio cuando los datos han sido “aireados, difundidos y divulgados no solo por distintos medios de comunicación, sino por la propia denunciante quien, invocando ahora confidencialidad, realizó declaraciones públicas ante los medios de televisión y d eradio, presentó escritos y se concentró junto con otras personas con una pancarta”.