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Dos grandes empresas extranjeras se interesan por los permisos de gas en Álava

La sociedad pública del Gobierno vasco Shesa ha solicitado tres veces al Ministerio de Energía una prórroga de sus concesiones de exploración de hidrocarburos con el fin de no perder "el control público"

“¿La renta de garantía de ingresos no se puede aumentar porque no tenemos 30 millones y los hay para un pozo de gas?”, censura el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero

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Mapa de permisos de extracción de hidrocarburos de Shesa

Mapa de permisos de extracción de hidrocarburos de Shesa

La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA), que capitanea el consorcio público-privado que gestiona los permisos de extracción de gas del subsuelo dentro del área denominada Gran Enara, ha solicitado al Ministerio de Energía una ampliación del plazo de esas concesiones administrativas con el ánimo de continuar estudiando la posibilidad de rentabilizar económicamente las grandes bolsas de gas existentes, sobre todo, bajo la superficie de Álava. El objetivo, según ha manifestado a eldiarionorte.es Aitor Oregi, el director de Energía del Gobierno vasco, de quien depende la sociedad pública Shesa, es evitar la “pérdida del control público” sobre esos permisos. Por ellos se habrían interesado dos grandes empresas del sector, una americana y otra europea.

El permiso Gran Enara expira en febrero de este año, es decir, en pocas semanas. Según la información adelantada por la Cadena Ser, Shesa ha realizado ya gestiones ante el Ministerio de Energía que dirige desde noviembre Álvaro Nadal, con el que la consejera Arantxa Tapia se reúne esta semana. El objetivo: alargar la duración de estas concesiones administrativas. “Si no, los posibles beneficios no repercutirían en el interés público”, abunda Oregi, que recuerda que Shesa, de capital público, es el socio mayoritario de ese consorcio con un 44% del accionariado por el 36% de Petrichor (filial de Heyco) y el 20% de Cambria.

En concreto, según los datos recabados en el Parlamento vasco por Mikel Otero, exportavoz de la plataforma contra el ‘fracking’ y ahora diputado por EH Bildu, se han tramitado instancias en este sentido ante el Gobierno central el 24 de diciembre de 2015, el 24 de octubre de 2016 y el 17 de noviembre de 2016. Las dos primeras son peticiones de “suspensión” de los permisos, es decir, se solicita que los plazos marcados no corran ya que las actuaciones en la zona habrían estado detenidas por causas no imputables a las empresas.

Oregi explica que como “el plazo de respuesta a estas peticiones ha vencido”, Shesa ha optado por proponer también, por si acaso son denegadas las suspensiones, una “prórroga condicionada”. Esta fórmula legal permitiría ampliar durante tres años la autorización para la explotación de Gran Enara, aunque con el hándicap de que el terreno sobre el que se podría actuar se vería reducido en un 50%.

A vueltas con Armentia 2

Sin ampliación de plazos, reconoce el Gobierno, no habría posibilidad de poner en marcha el pozo de Armentia 2, en el entorno de Subijana de Álava. Se trata de un sondeo para el “conocimiento directo de la geología del subsuelo” y para realizar una valoración de primera mano de los recursos energéticos que esconde el rico territorio alavés. Tres años, abunda el colaborador de Arantxa Tapia, sería margen más que suficiente para el proyecto Armentia 2 ya que la construcción del pozo principal apenas duraría 90-120 días y la preparación de los pozos laterales supondría unas 45 jornadas.

Sea como fuere, la exploración y, en su caso, la futura explotación se realizaría con técnicas “convencionales”. El ‘fracking’, pues, queda arrinconado toda vez de que el Parlamento diera luz verde, pese a las dudas del Gobierno del PNV, a una ley restrictiva que además contó con el apoyo popular de más de 100.000 personas que firmaron la iniciativa legislativa. De hecho, Shesa ha renunciado ya a uno de los permisos dentro de Gran Enara, el denominado Angosto (que afectaba en su mayoría a la vecina provincia de Burgos), ante la imposibilidad de explotarlo con una técnica distinta a la del ‘fracking’.

Las dudas sobre los riesgos medioambientales también han sobrevolado sobre Armentia 2. En concreto, los informes técnicos de la Diputación de Álava y del Ayuntamiento de Vitoria mostraron reparos a esa instalación. Bajo esa zona hay un gran acuífero.

El Gobierno vasco explica que la diferencia entre el ‘fracking’ y las técnicas convencionales estriba en que en las segundas no hay una “estimulación” artificial para facilitar la extracción gas. Oregi subraya que el proyecto Armentia 2 ofrece “garantía” y “control” y que hablar de técnicas “convencionales” no supone pensar en métodos de trabajo obsoletos de hace 30 años. “El ‘fracking’ es como los coches eléctricos, lo nuevo. El coche convencional es el de gasolina. Pero, evidentemente, técnicamente no es lo mismo un coche de la década de 1980 que uno actual, aunque los dos usen motor de explosión”, compara el responsable autonómico de Energía preguntado por la seguridad del proyecto.

"¿No hay dinero para la RGI y sí para los pozos de gas?"

Insiste, además, en que Armentia 2 no tiene ningún tipo de oposición social en la zona de Subijana. “La propia gente del entorno ha tenido experiencias previas con pozos y no han dado problemas. Es más, han generado trabajo y oportunidades. En esa zona de Subijana se han hecho 14 pozos en los últimos años”, resalta Oregi.

Otero, de EH Bildu, se manifiesta en sentido contrario. “Somos muy críticos con esta inversión. Shesa sabe que no puede hacer ‘fracking’ y necesita justificar su existencia y sus inversiones de cualquier manera. Y esto no es ni viable ni rentable ni nada. Lo importante es que estamos en un momento histórico en el que la apuesta pública por los hidrocarburos tiene que acabarse y que cualquier dinero público que se invierta en energía vaya a los renovables”, argumenta el parlamentario y ecologista. Y añade: “¿La renta de garantía de ingresos no se puede aumentar porque no tenemos 30 millones y los hay para un pozo de gas?”.

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