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Destinados 26,8 millones para gestionar los cinco centros de atención integral a personas con discapacidad

Se ofrecen 423 plazas en los centros La Atalaya, Las Hayas, Valle de Roncal, Infanta Elena y Oncineda

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El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de este martes un acuerdo por el que se autoriza a la directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas la celebración de contratos de asistencia para gestionar el servicio de atención especializada a personas con discapacidad en cinco centros propiedad del Gobierno, con importe total de 26,8 millones de euros.

Se ofrecen un total de 423 plazas (335 residenciales y 88 de atención diurna). El centro Infanta Elena (Cordovilla) tendrá 92 plazas (70 plazas de residencia y 12 de centro de día) y La Atalaya (Tudela) contará con 66 plazas (50 de residencia y 16 de centro de día)

También forman parte de este acuerdo el centro Oncineda (Estella), que incluye 66 plazas (61 de residencia y 5 de centro de día); el centro Valle del Roncal (Pamplona), con 114 plazas (104 de residencia y 10 de centro de día), y Las Hayas (Sarriguren, Valle de Egüés), con 95 plazas, 50 de residencia y 45 de centro de día).

Además de este número de plazas, también se ofrecen estancias temporales.

Estos centros están destinados a personas de ambos sexos con discapacidad intelectual o física, con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años. Prestan atención a las necesidades básicas (alojamiento, manutención y limpieza), terapéuticas, de rehabilitación y socioculturales para mantener y mejorar la autonomía personas, facilitando la integración y participación social.

Todos los programas que se desarrollan están relacionados con la calidad de vida: bienestar físico, material, desarrollo personal, relaciones interpersonales, bienestar emocional, inclusión social y derechos.

Los contratos tendrán una duración del 1 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2017. El gasto es plurianual: 5,3 millones de euros a los presupuestos de 2016, y 21,5 millones de euros a 2017. Los contratos podrán prorrogarse, previo acuerdo entre las partes, hasta cuatro años.

PREVISIÓN DE AUMENTO DE PLAZAS

A lo largo del contrato está previsto el aumento de 5 plazas de centro de día en La Atalaya, y de 3 plazas residenciales en Oncineda. Además, se prevé para el año 2018 la creación de un nuevo centro de día que acogerá alrededor de 60 plazas, de las que 45 serían trasladadas de los centros Las Hayas y Valle del Roncal. Este nuevo centro será gestionado por la entidad que resulte adjudicataria de Las Hayas.

La Agencia destinará a estas licitaciones un 11,30% más que el contrato anterior. La mayor parte de este incremento se debe a la inclusión en el convenio colectivo de discapacidad al personal que presta sus servicios en estos centros.

De esta manera, el Gobierno inicia, junto con la licitación de los 7 pisos funcionales, actualmente en fase de adjudicación, la ejecución del acuerdo alcanzado con los sindicatos UGT y CCOO para mejorar las condiciones laborales y la calidad del servicio en los centros y viviendas de atención a personas con discapacidad.

La licitación se realizará en un único procedimiento dividido por centros (lotes), de tal forma que cada licitador se pueda presentar a los cinco lotes, pero sólo pueda ser adjudicatario como máximo de tres, salvo que se produzcan determinadas circunstancias (que sólo se presente una entidad, diferencia importante de calidad de los proyectos entre las dos entidades con mayor puntuación).

Destaca en está licitación respecto a las licitaciones anteriores la preponderancia de la oferta técnica sobre la económica (80%-20%) y el aumento significativo de las cláusulas sociales: exigencia del cumplimiento del convenio colectivo y sus posibles modificaciones, obligación de que las nuevas contrataciones sean de personal inscrito en el Servicio Navarro de Empleo de colectivos en situación de exclusión social o en grave riesgo, medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, medidas para prevenir, identificar y erradicar el acoso sexual, así como el acoso por razón de sexo, etc.

También se consideran como causas específicas de resolución del contrato el incumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

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