Más madera a la concertada

Un 53% de los vascos está en contra de la financiación de los centros religiosos, según una encuesta reciente realizada por Gizaker para EITB. Pues bien, el último Consejo del Gobierno vasco acaba de aprobar sin más matices una prórroga de los conciertos a los centros concertados, que matriculan a casi la mitad del alumnado vasco, y que, por precisar, no son solo colegios religiosos, sino también otros laicos e ikastolas. La prórroga es de seis años, según lo estipula LOMCE para la Educación Primaria, pero el Gobierno Vasco, ha decidido el mismo plazo para los conciertos de todas las etapas. O sea, si no quieres LOMCE, toma LOMCE y media.

Que nuestro sistema educativo está compuesto casi a partes iguales por dos redes es un hecho incontrovertible desde 1993, año en que las ikastolas optaron por publificarse o seguir como centros privados. Y que ello es un legado del pasado que condiciona la vertebración de nuestro sistema también. Ahora bien, en ningún caso las situaciones heredadas pueden adquirir carta de naturaleza incuestionable, sino que tras más de 35 años de gestión autonómica algo habrá tenido que ver la Administración educativa vasca en el mantenimiento y consolidación del actual status quo, por medio de políticas que han reforzado un sistema de cuasimercado concertando centros privados con mucha laxitud y financiándolos con mucha más generosidad que en el resto del Estado, con una diferencia superior al 40% en el conjunto de las etapas según datos del año 2015.

Todo ello en medio de una exigencia incombustible por parte de las Ikastolas y de Kristau Eskola de hacer una Ley para todo el sistema educativo vasco que otorgue una condición de servicio público para sus centros y una financiación en consecuencia y en medio de una polémica social, recurrente por cierto, sobre la desigual contribución de las redes en la atención a la diversidad social, con el problema de la concentración del alumnado inmigrante como fondo. La encuesta que citaba al comienzo del artículo indica también que aunque no por mucho margen la población vasca considera que la escuela concertada es de mayor calidad (29% para la Concertada frente a 21% para la Pública). Lo que no se sabe es con qué se vincula la calidad. Si la calidad tiene que ver con resultados académicos, numerosas investigaciones concluyen que los mejores resultados de la concertada no son tales cuando se detrae el factor de la condición socioeconómica de su alumnado, pues ambas redes quedan en posición.

En efecto, el índice socioeconómico que elabora el IVEI junto con las pruebas de diagnóstico devuelve una foto consistente: entendiendo por estrato la mezcla de red y modelo lingüístico, no hay ningún estrato de la Pública que sea superior en el índice socioeconómico a cualquiera de la Concertada. Lo mismo ocurre con otros indicadores como la atención a poblaciones de núcleos urbanos pequeños (en poblaciones menores de 5.000 habitantes el 84% de los centros son públicos), la atención al alumnado con beca (41% frente 27%), la atención a población inmigrante (3 de cada 4 en la Pública), la atención a las necesidades educativas especiales (5% del total en aulas abiertas frente al 3%), la atención al alumnado gitano etc.

Heziberri tiene una estación de término que visto lo que le falta a la legislatura no la va a alcanzar, quien sabe, si en alguna próxima, según con qué resultados electorales y programas. Me estoy refiriendo a la mentada la Ley educativa para todo el sistema vasco. Soy de los que piensa que las superestructuras legales deben llegar tras largos períodos de cocción lenta, operando por acuerdos parciales que pueden llevar a la estación término.

En el Pacto Escolar del año 92, ante el temor a un desborde de la concertada por la implantación de la LOGSE, se llegó a un compromiso de reparto equilibrado de cuota por redes, algo que todavía sigue invocando el actual Gobierno Vasco en la nota que ha sacado con motivo del acuerdo de gobierno ampliando por seis años los conciertos. Sin embargo, el criterio de futuros acuerdos no puede ya sustentarse solo en un reparto cuantitativo de cuota escolar. Hay que hablar de financiación, de gratuidad, de reparto en la atención a la diversidad social, de techos y suelos mínimos para los centros, de conciertos vinculados a esos compromisos, de equidad, en fin, para que sea posible avanzar hacia un hipotético servicio público unificado.

Pero nada de esto se ha tocado en la actual legislatura. Ni en anteriores. La política educativa en Euskadi sigue avanzando por la vía de los hechos consumados. Es verdad que una normativa con el rango de orden no es irreversible, pero ya vale de escamotear un debate político que lleva demasiado tiempo retrasado y que, como todo lo humano y noble, necesita de un acuerdo digno y justo.