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Abren diligencias contra responsables de la Diputación de Cuenca por presunta prevaricación administrativa en el 112

La institución provincial defiende que el acuerdo en cuestión "contaba con el informe técnico correspondiente"

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Abren diligencias contra responsables de la Diputación de Cuenca por presunta prevaricación administrativa en el 112

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cuenca ha incoado diligencias previas contra el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto, y otros responsables del extinto Consorcio Provincial de Bomberos Cuenca 112, por presunta prevaricación administrativa en el proceso de aprobación del Acuerdo-Marco de Personal Funcionario de dicho organismo, según adelanta este viernes Las Noticias de Cuenca.

Dichas diligencias habrían sido incoadas tras la denuncia presentada por dos integrantes del Comité de Empresa del desaparecido Consorcio de Bomberos a instancias de la Asociación de Bomberos Profesionales de la Provincia de Cuenca al entender que el mencionado acuerdo, que afecta en total a tres trabajadores, contemplaba subidas salariales que podrían ser irregulares.

A este respecto, la Diputación Provincial de Cuenca ha emitido este viernes un comunicado en el que asegura que dicho Acuerdo-Marco "contaba con el informe técnico correspondiente" que "avalaba su contenido" y, por tanto, "su aprobación por la Junta General del Consorcio".

Un acuerdo contra el que "nadie presentó recurso de reposición ni contencioso-administrativo" y que tampoco recibió "reparo alguno" por parte de la Abogacía del Estado tras su aprobación definitiva el 12 de enero de 2016 por la Junta General de este organismo.

Según explica en su comunicado Diputación Provincial de Cuenca, en este documento se estipula que "los citados funcionarios puedan disponer por primera vez de un fondo social de hasta 300 euros al año" que "ya estaba disfrutando el resto de personal" del Consorcio "desde el año 2000", destinado a gastos sanitarios y sociales "que deben ser justificados debidamente por el trabajador para recibirlo".

Asimismo, también contempla por primera vez para estos empleados públicos un complemento de productividad anual y no fijo que también debe estar "debidamente justificado para ser cobrado".

Hasta el momento, según el comunicado, la institución provincial "desconoce totalmente tanto el presunto delito o delitos que se imputan" como los "términos en los que está presentada esta supuesta denuncia".

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