Contratos y un informe de una empresa de la Púnica colocan a Salvador Victoria en el punto de mira
La sombra de la trama Púnica que lideraba Francisco Granados se alarga sobre el actual Gobierno regional. La investigación que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco apunta al consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, a partir de la contratación de la empresa de uno de los implicados en la trama, Alejandro de Pedro Llorca, para el “seguimiento de noticias y posicionamiento online”. El magistrado investiga si esos contratos ocultaban otro servicio: la mejora de la reputación de Victoria y del presidente, Ignacio González.
La Comunidad de Madrid niega tajantemente que la consultora Eico Online Reputation Management SL, propiedad de De Pedro Llorca, se dedicara a mejorar la posición de los dirigentes del PP con dinero público: “Sería ilegal”, señalan fuentes del Gobierno regional que insisten en que los contratos con esa firma involucrada en la Púnica se limitaban a realizar el clipping de noticias (resumen de prensa) y el posicionamiento de las informaciones del Ejecutivo en la Red.
Los primeros contratos con la consultora especializada en reputación online son de abril de 2012 -cuando gobernaba Esperanza Aguirre-. El siguiente documento se firma ya en la etapa de González al frente del Ejecutivo regional. En esa ocasión se incluyó el concepto de seguimiento especial de las noticias relativas al presidente.
“El objeto de dichos trabajos es fundamentalmente el acercamiento de la Comunidad de Madrid a los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías”, figura en la memoria justificativa del contrato publicado por El Confidencial. La Comunidad se niega a hacerlos públicos porque se trata de “un asunto judicializado”. No obstante, la legislación mantiene en la opacidad los contratos menores.
¿Y esta campaña?
Un informe sobre una campaña de Eico para gestionar una crisis de comunicación del consejero de Presidencia tras la publicación de una información que le vinculaba con la trama Gürtel apunta a que la empresa hizo funciones más allá de las que establecían esos contratos.
En ese documento, publicado por El Mundo, la consultora asegura haber puesto “a disposición de la Comunidad de Madrid su red de usuarios de Twitter para apoyar la figura del consejero y atacar las informaciones ”vagas“ y ”manipuladas“ del periódico de Pedro J. Ramírez.
Una de las 150 cuentas que Eico aseguraba poner a disposición de Victoria era @TwitterosPP, que tenía más de 20.000 seguidores y que ha desparecido. Esa cuenta estaba gestionada por el propio De Pedro. Además, el informe incluía el número de comentarios positivos y negativos recibidos así como la incidencia creada en número de retuits.
Fuentes del Gobierno regional niegan que encargaran ese trabajo y cuestionan la veracidad de ese informe: “No está fundamentado en nada”, afirman esas fuentes que apuntan a que la firma pudo hacerlo para promocionarse ante otros clientes.
El propietario de la empresa, que fue detenido en la Operación Púnica, se puso en contacto directamente con el consejero de Presidencia para reclamarle una deuda de 10.000 euros. Victoria le dijo que encontraría la forma de pagarle, según una grabación que maneja el juez a la que alude El País. El exconsejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones, un organismo público que preside Victoria, dijo ante Velasco que su jefe le ordenó saldar esa deuda a través de Indra.
