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México pone en marcha el Sistema Anticorrupción con notables carencias

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México pone en marcha el Sistema Anticorrupción con notables carencias

México pone en marcha el Sistema Anticorrupción con notables carencias

México puso hoy en marcha con notables carencias el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) entre críticas políticas al aplazarse el nombramiento del fiscal y los magistrados que combatirán la corrupción que azota al país.

Formada por varias leyes y disposiciones, el SNA quedó hoy completado con la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos destinada a castigar los actos de corrupción de funcionarios, pero sin el nombramiento todavía de la figura clave del fiscal anticorrupción.

La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, Jacqueline Peschard, declaró a Efe que esta ley de Responsabilidades Administrativas resulta importante para el Sistema Anticorrupción, que ya estaba operativo.

La ley que entró hoy en vigor establece la posibilidad de investigar y sancionar a los servidores públicos y a los particulares que incurran en actos graves con el manejo de dinero público y mala operación con los contratos.

"Por eso es tan importante", argumentó.

Peschard dijo que el SNA puede trabajar sin el fiscal porque la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con facultades para actuar contra estos delitos "aunque tenerlo permitirá que se combatan de manera específica los delitos de corrupción".

"Hemos venido trabajando sin fiscal, la PGR tiene facultades para hacer estas investigaciones, para actuar como fiscal, se puede actuar, lo que falta es tenerlo para atacar los delitos de corrupción", precisó.

Para Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, el Sistema representa un avance en el camino que todavía está incompleto y al que le faltan tramos por avanzar.

"Vamos a caminar. Es un largo camino que recorrer y está incompleto, tiene muchas áreas en que se puede mejorar, pero con respecto al pasado es un marco jurídico mejor aunque tiene muchos retos", agregó.

Explicó que el SNA está en vigor con excepción de las reformas hechas al Código Penal, las cuales establecen los delitos de corrupción y las penas y cuya aplicación está atada a que comience sus funciones el fiscal anticorrupción.

Aunque los partidos políticos en el Senado han alargado los tiempos para la designación del fiscal más allá del plazo legal fijado para el 18 de julio, organizaciones sociales como México Evalúa consideran que el sistema puede empezar a caminar, aunque el mismo no esté en funciones.

Fernández destacó que en Veracruz y en Chihuahua no han aprobado todavía las reformas constitucionales del Sistema, y que en otros, como la Ciudad de México, los legisladores han acaparado las designaciones del sistema local al aprobar nuevas leyes y reformar otras.

Estas situaciones, abundó Fernández, muestran "las resistencias que hay en diversas estados y a nivel nacional para avanzar en la dirección correcta en un andamiaje para prevenir, investigar y castigar los delitos asociados a la corrupción".

Un grupo de empresarios, organizaciones civiles y académicos mexicanos se unieron para lanzar un frente anticorrupción al considerar que las leyes que integran el SNA resultan insuficientes para afrontar el flagelo de la corrupción en el país.

Este grupo reclama la designación de un fiscal anticorrupción que sea autónomo a diferencia del que el Senado nombrará ahora y que dependerá de la Procuraduría General de la República (PGR), además de que su mandato terminará con la actual administración en noviembre de 2018.

En mayo de 2015 se aprobó la reforma constitucional que creó el SNA como un sistema de coordinación encabezado por ciudadanos en favor de ciudadanos combatir la corrupción y las faltas de los funcionarios en todos los niveles de gobierno.

En julio de 2016 el Congreso aprobó las leyes secundarias del SNA y se designó a un consejo consultivo y el comité de participación ciudadana, con un secretario técnico.

En los últimos años han sido acusados de corrupción los exgobernadores de Veracruz Javier Duarte; Tomás Yarrington, de Tamaulipas; Roberto Borge, de Quintana Roo; César Duarte, en Chihuahua, y de Sonora, Guillermo Padrés.

Duarte fue extraditado esta semana desde Guatemala acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, Yarrington y Borge fueron detenidos en Italia y en Panamá y están a la espera de su extradición y César Duarte está prófugo.

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