El PP usa su mayoría absoluta para dejar sin efecto la justicia universal
La mayoría absoluta del PP en el Congreso ha sacado adelante el primer trámite para limitar la jurisdicción universal a través de una reforma de la Ley del Poder Judicial. Ningún otro grupo parlamentario ha apoyado su propuesta en el pleno de este martes porque, en la práctica, supone dar carpetazo a las persecuciones de delitos fuera de España en las que entre en juego el miedo al conflicto diplomático. Casos como el de la familia del cámara José Couso o la orden y captura dictada este lunes contra Jiang Zemin y otros exdirigentes chinos por el genocidio en Tíbet son dos de los asuntos que pueden quedar en carpetazo salvo que 50 diputados presenten un recurso de inconstitucionalidad.
El PP ha escuchado acusaciones tan duras como que buscan “agradar a quienes mataron a Couso en vez de hacer justicia”, en palabras de Joan Tardà (ERC), o la de Irene Lozano, de UPyD, que los ha acusado de prestarse a ser “el tonto útil del Gobierno”. La diputada ha recordado que los derechos humanos no son un “asunto interno” de un país para los demócratas y que esta modificación supone que el Gobierno chino “puede dictar las leyes españolas”.
La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, también ha recibido su parte de críticas del resto de la oposición, que ha recordado que el primer coto a la jurisdicción universal se hizo cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pactó con el PP y CiU lo pactaron en 2009. La nueva exigencia de que los presuntos culpables residan en territorio español imposibilita en la práctica la persecución. Gaspar Llamazares ha calificado de “vergüenza” lo que ha resumido como un “intercambio de derechos humanos por intereses comerciales” en referencia a las presiones de China.
Por la mañana, la familia de Couso se ha reunido con los diferentes grupos del Congreso para buscar un frente común que se oponga a las intenciones del PP. Todos les han confirmado su apoyo a través del voto en contra de la iniciativa del PP o de la abstención. Sólo el portavoz de los conservadores en el Congreso ha insistido en defender esta reforma como una ampliación del número de delitos que podrá ser perseguido cuando esté en vigor. Y entre ellos ha citado el terrorismo, el narcotráfico o el turismo sexual con menores.
El PP insiste en que en casos como el de Couso o el genocidio en Tibet se dan “situaciones inútiles que pueden dar lugar a conflictos diplomáticos”, pero el diputado que ha defendido la propuesta en el Pleno, José Miguel Castillo Calvín, ha preferido obviar las referencias al genocidio en Tibet y ha insistido en vender la reforma como una ampliación de los delitos perseguibles, no sin insistir en que están dispuestos a mejorar el texto durante su tramitación.
Para dar una idea de la prisa que han tenido PP y Gobierno por ahorrarse estos problemas, la reforma de la ley va a hacerse a través de una proposición de ley, lo que ahorra la petición de informes jurídicos al Consejo de Estado, el CGPJ o el Consejo Fiscal. El Gobierno chino ya ha aplaudido esta celeridad por la “habilidad y sabiduría” del Gobierno de Mariano Rajoy. La orden de busca y captura del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha sido calificada de “errónea”. Preguntado por este diario por la rapidez en la que va a tramitarse una reforma de este calado, Alonso ha asegurado que estará lista en tres meses.
