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El Tribunal Constitucional rechaza suspender el Pleno de la resolución independentista catalana

El Alto Tribunal sí admite a trámite los recursos de amparo planteados por C's, PSC y PP contra la tramitación parlamentaria de la iniciativa de Junts pel Sí y la CUP

Los dos primeros incluían la petición de la medida cautelar mientras que los socialistas solo se unían a la solicitud de anulación de los acuerdos de la Mesa del Parlament

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La Junta de Portavoces del Parlament arranca envuelta en polémica y sin el PP

La iniciativa podrá debatirse en el Parlament. EFE

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado adoptar las medidas cautelares incluidas en los recursos de amparo presentados por Ciudadanos y PP para que no se celebre el pleno del Parlament de Cataluña del próximo 9 de noviembre en el que se discutirá la resolución independentista de Junts pel Sí y la CUP, y que previsiblemente se aprobará por la mayoría de diputados que suman ambas formaciones. La decisión ha sido adoptada por unanimidad después de un pleno que comenzó a las 11 de la mañana y que, con un receso para la comida, se ha prolongado hasta casi las 18:30 horas.

El TC sí ha admitido a trámite los recursos de los dos citados partidos y del PSC, que no había solicitado impedir la celebración del Pleno al considerar que no era viable jurídicamente, como así ha resultado. Los socialistas catalanes valoraron que no existen antecedentes sobre la suspensión de acuerdos parlamentarios con la sola admisión a trámite de un recurso de amparo, a diferencia de Ciudadanos y el PP.

El Alto Tribunal se viene manifestando en contra de la adopción de medidas que afecten al debate parlamentario. Sin embargo, los socialistas se suman a la petición de la anulación de los acuerdos de la Mesa de Portavoces del Parlament, en la que no participa el PP porque no ha formado aún grupo parlamentario. Ciudadanos y el PP creen que la "desconexión" con España que implica la votación del día 9 solo puede ser frenada con una medida cautelar.

Los partidos recurrentes alegan una vulneración del derecho fundamental de los ciudadanos a la participación política, recogido en el artículo 23.2 de la Carta Magna: "Los ciudadanos tienen el derecho a [...] acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes".

El Gobierno central tiene previsto recurrir ante el Tribunal Constitucional la resolución independentista que previsiblemente se aprobará el próximo 9 de noviembre.

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