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El hermano del exministro Trillo advirtió al presidente de Castilla y León del "disparatado" coste de la sede de Economía

El hermano de Federico Trillo declaró como imputado en el caso del sobrecoste del edificio de la Consejería de Economía y el polígono, conocido como 'Perla Negra'

Pablo Trillo ha asegurado en el juzgado que cuestionó tanto la operación que el entonces consejero le llamó "a capítulo"

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El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. EFE

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, sabía que algo chirriaba en el alquiler y posterior compra del edificio de la Consejería de Economía conocido como Perla Negra y cuyo sobrecoste se investiga en el juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid. El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Pablo Trillo, hermano del exministro, aseguró en su declaración que él informó a Herrera.

Trillo, que en el momento de los hechos era vocal de la sociedad pública de suelo que se encargó del edificio, Gesturcal, aseguró al juez que en septiembre de 2008, "después de las fiestas de Valladolid", se reunió con el presidente para advertirle de que tanto el precio de alquiler como de compra del Perla Negra "eran disparatados".

"El presidente me dio las gracias y me pidió que le mantuviese informado", señaló.

Tanto Trillo como otros vocales de Gesturcal votaron a favor de la adquisición del inmueble, y no del alquiler pretendido desde el primer momento. Fue meses después de su reunión con Herrera, en diciembre de 2008. El resultado es que finalmente se compró el edificio y se consiguió una rebaja. La constructora reclamaba entre 60 y 72 millones, y la compra se cerró, supuestamente, en 52. Aun así, Trillo destacó que el precio alcanzado le seguía pareciendo muy alto.

El juzgado tendrá que determinar cómo el precio pactado, los 52 millones, se siguió disparando, ya que la Intervención General del Estado apuntó en un informe que la Junta había pagado dos veces por algunos conceptos.

El Consejo de Gesturcal del 31 de marzo de 2011 se enteró de que se habían adquirido unos terrenos en Portillo para construir un polígono industrial. La operación la pilotó directamente Rafael Delgado, lo que generó que tanto Trillo como otros vocales se quejasen y pidiesen la suspensión de la formulación de las cuentas hasta tener más información sobre el proycto.

Trillo realizó varias comprobaciones que acabaron por despertar las suspicacias del consejero de Economía, Tomás Villanueva, su mano derecha y viceconsejera, Begoña Hernández, y del consejero delegado de Gesturcal, Rafael Delgado. Tanto Delgado como Hernández le peguntaron que "a qué venía tanta desconfianza". Villanueva le llamó por teléfono al día siguiente. "Me llamó a capítulo. Todas las decisiones de ADE y Gesturcal las tomaba él", recordó.

Pero su enfrentamiento con Villanueva aún tendría una segunda parte. Trillo delegaba su voto en el Consejo de Gesturcal en la viceconsejera, Begoña Hernández, cuando no podía asistir. Fue ella quien votó a favor de contratar los servicios del despacho Garrigues para hacer diversos estudios para Economía. Trillo era partidario de que los realizasen los servicios jurídicos de la Junta. "No me parecía adecuado contratar a un tercero teniendo una asesoría, y más cuando el hijo de Villanueva estaba trabajando allí", explicó. Es el bufete Garrigues el que, contratado por la Junta, representa a la mayoría de cargos imputados en el caso de la Perla Negra. Pablo Trillo sufraga de su bolsillo al letrado escogido por él mismo.

Tras dos horas largas de declaración, Trillo manifestó a los periodistas que confía en acabar apartado de la causa y que en los próximos días su abogado presentará un escrito en este sentido.  "Termina una fase muy dura y desagradable de más de un año", afirmó.

La Junta, que se personará en el caso, tras conocerse que se adjudicó a dedo a Unifica la división interior del edificio, no se ha pronunciado aún sobre esta declaración que señala directamente a Herrera como conocedor del sobrecoste del edificio. Tampoco se ha hecho manifestación alguna sobre la carta que un empresario le envió para informarle del "abuso de poder" en la adjudicación de parques eólicos (Herrera lleva un año asegurando no conocer nada del caso). Quien tuvo que dar la cara fue la actual consejera de Economía, Pilar del Olmo, que, a preguntas de los periodistas se mostró sorprendida por la información y aseguró que desconocía la existencia de ese documento.

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