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La acusación popular pide reabrir el caso de la financión irregular del PP por la confesión de Correa

Solicita al juez De la Mata que cite como imputados al presunto jefe de Gürtel y a Bárcenas y que el director de eldiario.es declare en calidad de testigo

Izquierda Unida considera que la confesión de Correa coincide "exactamente" con los hechos que motivaron su querella, origen del caso de la caja B

Francisco Correa entregó a Ignacio Escolar un documento en el que relata su intermediación entre los empresarios del dinero negro y el PP y Bárcenas

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El presunto cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, durante un juicio en Valencia EFE

La confesión de Francisco Correa sobre cómo se encargaba de buscar empresarios que entregaran dinero negro al Partido Popular, a cambio de adjudicaciones de grandes obras, ha llevado a una de las acusaciones populares a solicitar al juez José de la Mata que reabra la investigación de la financiación irregular. Esta acusación, integrada por Izquierda Unida y la Asociación Libre de Abogados (ALA), entre otros, pide al juez que cite a Correa a declarar como imputado en la pieza de la caja B del PP, donde el presunto líder de la trama Gürtel no figura como acusado.

En el escrito que será presentado este jueves, la acusación popular reclama igualmente que Bárcenas vuelva a prestar declaración, después de los indicios incriminatorios que aparecen en la confesión que  Francisco Correa entregó al director de eldiario.es, Ignacio Escolar. Del periodista, Izquierda Unida pide que declare en la Audiencia Nacional en calidad de testigo, a fin de confirmar ante el juez  cómo se produjo la citada confesión y su veracidad.

El juez Pablo Ruz archivó la causa contra los empresarios que aparecen como donantes del PP en los papeles de Bárcenas. Tras más de dos años de investigación, el magistrado concluyó que había indicios razonables de que habían entregado dinero al PP, pero añadía que era imposible acreditar que lo habían hecho a cambio de adjudicaciones concretas, lo que hubiera supuesto un delito de cohecho.

Pero con la publicación de la declaración de Correa, el caso da un giro. "En 1996 hablo con Luis Bárcenas, quien me indica que hay una serie de personas situadas en puestos políticos, y que me necesita como intermediario ante los empresarios de obra civil", escribió Correa en su confesión. Y añadía: "Se trataba de adjudicar obras a los empresarios a cambio de que abonaran un porcentaje que yo recaudaría en beneficio de Luis Bárcenas".

Bárcenas era entonces el gerente del PP y el guardián de la caja B junto al tesorero, Álvaro Lapuerta. Ninguno de los dos tenía potestad para adjudicar obras u otros contratos a esos empresarios, que, como acreditó la investigación judicial, son los grandes adjudicatarios de obra pública en España.

El 3% del PP

Correa asegura en su confesión que el porcentaje de la mordida era de entre el 2 y el 3% de la adjudicación. "Cuando se producía una adjudicación, los empresarios me entregaban, siempre en efectivo, el importe de la comisión, que yo posteriormente trasladaba a Luis Bárcenas, después de deducir mi participación. El importe de la comisión que se cobraba a los empresarios era normalmente del 2-3%, dependiendo del importe", relata en el documento entregado en mano al director de eldiario.es.

"De tales afirmaciones se desprende la existencia de una trama en la que estarían implicados políticos (representados por Luis Bárcenas como intermediario) y empresarios (representados por Francisco Correa como intermediario) para obtener adjudicaciones a cambio de donaciones", dice el escrito de Izquierda Unida y el resto de asociaciones, al que ha tenido acceso esta redacción.

Esta mecánica representa, "exactamente", los hechos denunciados por la acusación popular, cuya querella dio origen al caso denominado los papeles de Bárcenas, recoge el citado escrito. "Consideramos que los nuevos hechos acaecidos aportan indicios suficientes que hacen procedente la reapertura de la investigación y la continuación de la instrucción a través, inicialmente, de la práctica de las diligencias de prueba" señaladas, esto es, las declaraciones como imputados de Bárcenas y Correa, y del director de eldiario.es, como testigo. Asimismo, Izquierda Unida solicita se remita oficio al diario digital para que entregue el "documento original" de la confesión de Correa.

De los 23 empresarios que aparecen como donantes en los papeles de Bárcenas hay en la actualidad dos que están imputados en tribunales distintos de la Audiencia Nacional. Un magistrado de Toledo investiga a Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, por financiar presuntamente con 200.000 euros la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en 2007. Esos 200.000 euros equivalen al 3% del contrato de basuras que una filial del grupo obtuvo en Toledo.

La imposibilidad de procesar al resto de los empresarios ha dejado el caso de la caja B en un juicio por el pago de la reforma de la sede de Génova con dinero negro. El pasado mayo, el juez José de la Mata, que sucedió a Ruz al frente del Juzgado de Instrucción número 5, dictó auto de apertura de juicio oral. Si los nuevos indicios no cambian la situación, se sentarán en el banquillo los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; el exgerente Cristóbal Páez; el arquitecto de las obras de Génova, Gonzalo Urquijo, su socia y una empleada.

Además, el juez establece en 1,2 millones de euros la fianza que debe abonar el Partido Popular en concepto de responsabilidad civil subsidiaria. Esa cifra sale de la suma de 220.000 euros como cantidad que habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública por el impuesto de sociedades de 2008 y algo más de un millón de euros por el impuesto de sociedades de 2007 de la empresa Unifica.

El juez de Palma José Castro sospecha que la reforma de Génova pudo correr a costa del presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, quien también estuvo imputado en el caso de la Caja B. El constructor permanece imputado en una pieza separada del caso Palma Arena, que instruye desde hace años Castro.

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