Las instituciones ensayan recetas para ordenar el turismo: tasas, restricción de alquileres y límites a Airbnb
El turismo y las consecuencias para la ciudad son ya la primera preocupación de los barceloneses por encima del paro o la corrupción. La masificación de los centros turísticos propiciada por plataformas como Airbnb o Homestay amenaza con transformar los barrios y el comercio tradicional y expulsar a los vecinos de manzanas dedicadas por entero al alquiler de pisos por días.
El problema es global, porque el turismo mueve el 10% del PIB mundial. En Europa las autoridades de Amsterdam, Brujas o Venecia –cuyo centro, colapsado por la llegada de visitantes y el desembarco de cruceros, se ha convertido en un hormiguero– intentan regular el sector para evitar el colapso de esas ciudades.
En España, donde el Ayuntamiento de Barcelona ha logrado que Airbnb retire de su oferta más de 1.000 pisos en la ciudad, distintas instituciones ensayan fórmulas para hacer compatible la llegada de visitantes y la vida cotidiana de los principales destinos.
El Govern de las Baleares ha sido una de las primeras administraciones públicas en poner límites al turismo tras recibir a más de 15 millones de visitantes en 2016, según el Anuario de Turismo. Allí el Colegio de Enfermería de Balears se vio obligado a crear el pasado junio una plataforma gratuita para ayudar a encontrar alojamiento a los enfermeros que van a las islas a trabajar en verano. Encontrar un techo para estos profesionales se había convertido en misión imposible, dado el precio que habían alcanzado habitaciones y apartamentos.
El Govern balear se ha centrado en los alquileres turísticos, cuya normativa actualizó a principios de agosto en el Decreto Ley 6/2017. Su objetivo es luchar contra la oferta de alojamientos ilegales y limitar el alquiler vacacional, aunque los grupos ecologistas creen que no se va lo bastante lejos ni se actúa sobre las viviendas ya existentes.
Las comunidades de vecinos podrán prohibir la presencia de pisos del alquiler turísticos en sus estatutos. Si no están prohibidos o permitidos, la Junta de Propietarios deberá autorizarlos en votación.
Los consejos insulares podrán fijar el límite máximo de plazas turísticas y el de viviendas que se comercialicen para el turismo. También delimitarán las zonas para este negocio y tienen un año para hacerlo. Pero las viviendas en alquiler turístico que ya ejerzan su actividad de manera legal a la entrada en vigor de la ley no se verán afectadas por las restricciones por zonas.
Para que no se construyan edificios con el objetivo de utilizarlos como alquiler turístico, se establece que las viviendas deberán tener una antigüedad mínima de cinco años y tendrán que haber sido habitadas por particulares en ese periodo.
El objetivo es frenar el crecimiento exponencial de la oferta de viviendas. En Palma el Gobierno local ha suspendido durante un año las aperturas de nuevos establecimientos tras haber recibido peticiones para abrir 63 nuevos hoteles y duplicar las plazas existentes en el casco histórico.
No es la primera vez que Baleares plantea medidas para controlar el turismo. Entre 2001 y 2003 se estableció un impuesto para los turistas por cada noche que dormían en el archipiélago. La oposición del PP a este impuesto provocó su derogación cuando ese partido volvió al poder.
En 2016 se retomó esta tasa, que oscila entre 0,50 euros diarios para los turistas que duerman en hostales, albergues y refugios, y dos euros para aquellos que reserven establecimientos de cinco estrellas. En Catalunya se implantó en 2012 el Impuesto de Estancias en Establecimientos Turísticos, que va de 0,45 a 2,25 euros, en función del tipo de alojamiento y su localización.
La medida provocó un fuerte rechazo de la patronal hotelera que auguraba una caída de los reservas, que luego nunca se produjo.
Pases para ir a una playa o “descentrificar” el turismo
En Galicia, que recibió el año pasado 4,7 millones de turistas, muy lejos de las cifras de Baleares, algunos ayuntamientos también empiezan a implementar medidas para regular el turismo. El Gobierno municipal de Santiago de Compostela, que preside Martiño Noriega (Compostela Aberta, una de las candidaturas ciudadanas) impuso una moratoria para levantar nuevos hoteles en una ciudad a la que llegan cada año solo a través de las diferentes rutas del Camino de Santiago 234.000 peregrinos. El Gobierno municipal ha reclamado a la Xunta que estudie implantar una tasa verde similar a la de Barcelona, Baleares y otras ciudades europeas que grave cada pernoctación.
Y esta misma semana el Gobierno gallego de Alberto Núñez Feijóo ha lanzado un aviso a las navieras que trasladan viajeros a las islas Cíes, dentro del parque Nacional Illas Atlánticas. Se trata de un paraje natural protegido que tiene limitadas las visitas a 2.200 personas por día. La sospecha de la Xunta es que las empresas han falsificado los listados de pasajeros para superar ese aforo.
La conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato ha amenazado a las concesionarias de las rutas con multas de hasta 200.000 euros, además de tener que responder ante los tribunales por falsedad documental. Todo después de que se produjesen varios motines a bordo, después de que se impidiese desembarcar en las islas a turistas que habían pagado sus billetes.
Los ecologistas llevan años denunciando la llegada masiva de visitantes que amenazan la sostenibilidad del archipiélago. En la playa de As Catedrais, en la Mariña lucense, una de las más visitadas de la comunidad, se reguló el acceso ya en 2015. El turista necesita desde entonces solicitar un pase gratuito que se consigue por Internet para bajar a la arena.
En la Costa del Sol, Málaga es otra de las ciudades que ha limitado las concesiones de licencias hoteleras. El Ayuntamiento ha decidido incentivar el turismo cultural y “descentrificar” a los turistas. Consiste en la organización de actividades fuera del centro de la ciudad, lo que dispersa a los grupos de visitantes, una iniciativa que también se ha propuesto en Baleares con la intención de alejar a los cruceristas del centro de las ciudades.
Las políticas de otras ciudades europeas
Las ciudades españolas no son las únicas afectadas por las grandes afluencias de turistas. Amsterdam, una ciudad de 800.000 habitantes, acogió a más de 5,2 millones de turistas en 2015, y el Ayuntamiento holandés busca soluciones. En 2015, prohibió la construcción de más hoteles. Y en 2016, llegó a un acuerdo con la plataforma Airbnb para que no permitiera que los alojamientos se alquilen durante más de 60 días al año.
En Roma o en Brujas han puesto coto a las aglomeraciones de personas. La Policía italiana multa a los turistas que se sientan o se bañan en la Fontana de Trevi, por ejemplo. Las autoridades han llegado incluso a mojar las escalinatas y ciertas partes de las plazas para que los visitantes no se sienten a comer y beber. En Brujas se han prohibido las fiestas callejeras y los autobuses turísticos no pueden acceder al centro histórico de la ciudad.
