La crisis migratoria y la violencia empañan el 26 aniversario de la paz en El Salvador

El Salvador celebró hoy el 26 aniversario de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil (1980-1992), en medio de una grave crisis migratoria, una economía debilitada y altos índices de violencia, contexto al que el Gobierno intentó bajar el perfil.

Unas 400 personas, entre funcionarios de distinto nivel, víctimas de violaciones a derechos humanos, civiles y signatarios del acuerdo, asistieron al acto oficial, que se vio modesto en comparación con el celebrado en 2017.

El presidente de la nación centroamericana, Salvador Sánchez Cerén, centró su discurso en la promesa de reparar los daños a las víctimas, lograr unos acuerdos de “segunda generación”, en destacar los logros de su administración y las virtudes del diálogo.

“Hace 26 años, mediante el diálogo y la negociación, arribamos a los consensos que nos permitieron iniciar el proceso de construcción democrática y el desarrollo de una nueva institucionalidad”, destacó el mandatario.

El gobernante expresó su respaldo a la propuesta de Ley de Reparación Integral a Víctimas del Conflicto Armado Interno, entregada al Congreso en agosto de 2017 por organizaciones sociales, cuya aprobación sería “un gran paso” para el país, que desde 1993 no movió ningún proceso judicial contra los criminales de guerra.

También aprovechó para subrayar los “logros” del país en materia de seguridad durante 2017, que en parte atribuyó al “espíritu” de diálogo que dejó la firma de los Acuerdos de Paz.

“Ese mismo espíritu que nos impulsó hace más de un cuarto de siglo (a firmar la paz) es el que guía nuestra gestión de gobierno, al poner al diálogo con soluciones como centro y motor de nuestras políticas y acciones”, sostuvo Sánchez Cerén.

El discurso del otrora comandante de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), solo se salió del acostumbrado guión de un informe de logros para llamar a la unidad para pujar por una reforma migratoria en Estados Unidos, que otorgue la residencia a más de 190.000 compatriotas aún amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Estos miles de salvadoreños se quedarán, si el Congreso de Estados Unidos no legisla a su favor, sin una protección migratoria en septiembre de 2019, cuando termina la vigencia del TPS.

El pasado 8 de enero, el Gobierno de Donald Trump anunció la suspensión del TPS en la referida fecha, para la que deberán haber abandonado Estados Unidos si no han obtenido otra vía de regularización, pese a que la mayoría vive en el país desde hace al menos 20 años.

La decisión envuelve un drama social y humano, con familias que se enfrentan a una separación puesto que muchos de los salvadoreños amparados en el TPS tienen hijos estadounidenses, así como un ángulo económico, dado que las remesas que envían sostienen buena parte de la economía del país centroamericano.

“Hago un nuevo llamado para que, independientemente de nuestras convicciones políticas, nos unamos para trabajar en soluciones a favor de nuestros compatriotas amparados por el TPS”, dijo Sánchez Cerén.

Pese al complicado panorama que esta situación implica, sumada a los problemas financieros y los altos niveles de violencia homicida, el Gobierno salvadoreño trató de bajarle perfil.

“El clima con el que asumimos el 26 aniversario de los Acuerdos de Paz es de mayor normalidad como país y de mayor crecimiento económico”, dijo en conferencia de prensa el portavoz del Gobierno, Eugenio Chicas, al ser preguntado si el contexto que vive la nación centroamericana empañaba la conmemoración.

El pasado 5 de enero, el Congreso aprobó tardíamente 5.520 millones de dólares y autorizó al Ejecutivo la emisión de títulos valores por más de 350 millones para cubrir gastos extraordinarios del presupuesto tras varias semanas de discusiones.

Empero, el órgano de Estado no aprobó la deuda por 2.800 millones solicitada por el Ejecutivo para cubrir el déficit del presupuesto del 2019 y renovar Eurobonos que vencen entre 2019 y 2024.

Otro factor que se suma es el alza del 14,4 % en los asesinatos en los primeros 14 días del 2018 en comparación con el mismo lapso de 2017, de acuerdo con datos oficiales, incremento que viene desde diciembre pasado, que reportó una subida de estos crímenes de 3,3 %.

Por otra parte, diversos activistas de derechos humanos aprovecharon la conmemoración para llamarle la atención al Gobierno porque el país afronta las mismas situaciones que generaron guerra.

“En tiempos de paz estamos ante un contexto de conflicto social que evidencia las prácticas del pasado, como las desapariciones forzadas, las prácticas de tortura y abusos policiales y militares”, dijo a Efe el activista Eduardo García.

En esta misma línea la feminista Ima Guirola aseguró que El Salvador vive un proceso de “involución” en el respeto a los Derechos Humanos, que “perjudica” principalmente a los sectores más vulnerables del país y a las mujeres.

El FMLN, en el poder desde 2009 como partido político, y el Ejército, financiado por el Gobierno de Estados Unidos, se enfrentaron por 12 años, conflicto que dejó unas 75.000 personas fallecidas y otras 8.000 desaparecidas.