Unos 500 niños chilenos fueron adoptados por extranjeros durante la dictadura

Al menos 500 niños chilenos fueron adoptados irregularmente por extranjeros durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet, según una investigación abierta por el juez especial Mario Carroza dada a conocer hoy.

La principal inculpada es Telma Uribe, una asistenta social (que ahora tiene 96 años) que tuvo una activa vinculación con diversos organismos internacionales que facilitaban la adopciones a familias extranjeras, la mayoría estadounidense, durante las décadas del 70 y 80, según revela el diario La Tercera.

“Estamos investigando los casos que hubo de sustracción de menores durante el periodo de 1973 a 1990 (tiempo que duró la dictadura militar). En razón de ese seguimiento y esa indagatoria, nos han llegado antecedentes respecto de varios menores que fueron entregados en adopción irregular”, precisó Carroza.

El proceso, que el juez Carroza comenzó con un número limitado de querellas que denunciaban la sustracción de hijos, se amplió a cerca de 500 casos a raíz de un informe de María Cecilia Erazo, asistente social y abogada de la Universidad Católica que ejerce funciones de perito judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago y quien también vio el caso de Telma Uribe.

Las pruebas periciales ordenadas por el magistrado han dejado al descubierto una red de adopciones de niños cuyas madres estaban en situación de vulnerabilidad.

En su informe, la abogada Erazo precisa que Chile no tuvo hasta 1988 un marco legal para regular esas adopciones a países extranjeros, que el sistema que se ocupaba consistía en acreditar judicialmente que un niño se encontraba en situación de abandono por sus padres y que los solicitantes tenían (recursos) para el cuidado y protección del menor.

“Al ser realizado en forma voluntaria, no existió mayor cuestionamiento de parte de los tribunales respecto de la temática”, señala el documento al que tuvo acceso el diario La Tercera.

Según la investigación, en algunos casos Uribe sugería realizar la legitimación adoptiva en Chile.

“Lo anterior puede justificarse desde dos variables, cobrar nuevos honorarios por dicha gestión, o lograr que se destruyeran los documentos originales de los niños para no poder recabar estos a futuro”, subraya el estudio.