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El Gobierno presenta su teléfono contra el acoso escolar sin concretar qué se hará tras la llamada

El recurso (900 018 018) empieza a funcionar el próximo 1 de noviembre, estará disponible los 365 días y será gratuito. No dejará rastro en la factura

En los casos muy graves, se coordinará la actuación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de un fichero confidencial

En el resto, Educación no especifica el procedimiento más allá de que se podrá derivar a la inspección o los centros, a los que no han dado indicaciones

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Marcial Marín, secretario de Estado de Educación, en la presentación del teléfono contra el acoso escolar.

Marcial Marín, secretario de Estado de Educación, en la presentación del teléfono contra el acoso escolar.

El "medida estrella" contra el acoso escolar del Gobierno de Mariano Rajoy empezará a funcionar el próximo 1 de noviembre. El teléfono (900 018 018) estará disponible 24 horas durante los 365 días, será gratuito y no dejará rastro en la factura. Al otro lado, habrá 16 especialistas (psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, juristas y un intérprete de lenguaje de signos) que atenderán a los menores, a los que se obligará a identificarse.

Además de este procedimiento inicial de toma de contacto, el Ministerio de Educación, que ha presentado este jueves el recurso, no entra en detalles sobre cómo se trabajará y actuará con las chicas y chicos que denuncian acoso.

El secretario de Estado de Educación, Marcial Martín, solo ha especificado que los "casos más graves" se pondrán en conocimiento de la Polícia Nacional a través de un fichero confidencial. Para el resto, Educación no explica cómo se informará a los centros educativos o a la inspección, ni si se hará en todos los casos.

De momento, no ha dado ninguna indicación a estos interlocutores pese a que quedan solo 10 días para que el recurso comience a funcionar. Los centros de salud y el Ministerio Fiscal también podrán tener conocimiento de algunos casos, si así se decide, según la nota enviada por Educación. "Cada caso es diferente", ha justificado Marín.

El Gobierno, que gastará 482.635 euros anuales en la gestión del teléfono a través de una empresa adjudicataria, ha tardado un año en poner en marcha el teléfono en un proceso que se ha visto retrasado, según el secretario de Educación, por diversos recursos y "porque están en funciones". CERMI presentó uno de esos recursos porque el pliego de condiciones para las empresas no exigía tomar las medidas necesarias para "garantizar la plena accesibilidad".

En este sentido, Educación asegura que el recurso está adaptado a los menores con discapacidad auditiva y/o del habla: podrán ponerse en contacto a través de videollamada o telegram.

El resto de medidas, paralizadas

El ministro de Educación  anunció en enero un Plan estratégico de Convivencia Escolar con un protocolo de actuación, una guía para familias y cursos de formación. La idea era ir aprobando hasta 70 medidas, pero no se ha hecho. "Nos gustaría que fuese con la mayor velocidad posible", ha dicho el secretario de Estado de Educación, que ha justificado para explicar la demora que "un Gobierno en funciones tiene sus competencias limitadas".

Marcial Marín sí ha anunciado la intención del Ministerio de reducir el número de integrantes del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, cuyos miembros no se han reunido nunca desde que Mariano Rajoy llegó al Gobierno en noviembre de 2011. "Queremos redimensionarlo para hacerlo más operativo", ha dicho, sin concretar qué representaciones serán eliminadas. "Debe ser consensuado, el Ministerio no va a decidir quién está y quién no", ha añadido.

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