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“Se ceban siempre con los más indefensos”

Es fontanero, albañil, pintor, manitas, chapuzas y lo que le eches, a pesar de tener los tobillos tocados por una malformación de nacimiento que le supone un 43 por ciento de discapacidad. Pero no tiene trabajo y cobra la Renta Mínima de Inserción.

800 expedientes de pensionistas de la RMI de la Comunidad de Madrid han sido "suspendidos cautelarmente" durante noviembre y diciembre por "irregularidades" en la revisión anual.

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José Vidal Lozano nació hace 40 años con un problema en los tobillos del que ya no recuerda ni su nombre. “Pies zambos... laxos... convexos... ¡yo qué sé!” dice, entre risas. Este defecto le supone un grado del 43 por ciento de discapacidad. A pesar de ella, en otros tiempos José no se ganó mal la vida. Hace reformas y es un manitas. Lo mismo arregla una cañería —hizo un curso de fontanería de 450 horas— que pinta un piso.

Seamos realistas y cambiemos el tiempo verbal: arreglaba cañerías, pintaba pisos. “Hoy nadie tiene ese dinero guardado que usaba para arreglar algo en casa”. Sin trabajo, este madrileño vive de la Renta Mínima de Inserción, 350 euros al mes, que cobra de la Comunidad de Madrid. Aunque, quizás cuando acabe noviembre, este mes no se la ingresen. A Vidal le han aplicado una suspensión cautelar de la pensión por no haberse presentado a la revisión anual. Los servicios sociales le citaron por carta dos veces, según indican, tras haber consultado el expediente de José. Debía presentarse un día concreto en Majadahonda y no fue. “Un día de septiembre encontré en el buzón uno de esos papeles que te deja el cartero —recuerda— cuando te trae una carta y no estás en casa. En el recibo ponía que el remitente era ‘Comunidad’ pero no caí en que se trataba de la Comunidad de Madrid. Lo doblé y lo guardé en la chaqueta... y se me olvidó. Se pasó el tiempo y cuando fui a por la carta ya la habían devuelto. Cuando caí en que debía de ser de la Comunidad de Madrid llamé y no supieron decirme de dónde venía la carta, que ahí trabaja mucha gente”.

Su asistente social fue quien le dijo que, debido a ese olvido, iba a dejar de cobrar la Renta Mínima de Inserción. “No entiendo que el no recoger una carta sea motivo para una suspensión cautelar, me parece un poco fuerte, yo cumplo con todos los requisitos”, se lamenta José. “Tampoco entiendo que, tengas lo que tengas, te manden a Majadahonda [un municipio a 20 kilómetros de la capital] si yo vivo en el centro de Madrid”. Desde la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid aclaran que entienden que la discapacidad de José no le impide desplazarse a Majadahonda, que no les figura ningún contacto con su trabajador social asignado desde enero y que no les consta que un cambio de domicilio le impidiera recoger la citación. Por tanto, explican, "cuando no contesta a los requerimientos y los servicios sociales no indican nada, por ley se procede a la suspensión cautelar". Lo que sí le consta a la Consejería es que José no retiró la carta de Correos. No es difícil suponer que José no estaba enterado de esa cita tan importante para conservar su pensión.

Dinero cautelar

“El problema es que no están contando con el asistente social cuando deciden que no voy a cobrar la pensión en noviembre y en diciembre, no les han preguntado a ver qué pasa con esta persona”. El asistente de José le dijo que él no era el único en esa situación. Desde el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid informan que hay 500 personas a las que se les ha retirado el cobro de la pensión este mes sin preguntar a los servicios sociales; una de esas personas es José. En total, 800 no comparecieron a su cita. Esta normativa intenta detectar fraudes en el cobro de la RMI pero se lleva por delante a los que no recibieron la carta. De la Consejería informan que han detectado "irregularidades" en el 14 por ciento de los 17.072 perceptores de la RMI que hay en la Comunidad. En una circular, los Trabajadores Sociales colegiados declaran que su “sorpresa y estupefacción” al no ser consultados por la administración antes de tomar una decisión tan drástica como esta, “más cuando la Comunidad de Madrid había expresado por escrito en la línea de que ‘los actos de comparecencia constituyen el inicio del proceso de revisión anual, pero no la revisión anual en sí misma’ y de que ‘en ningún caso se vaya a proceder a una suspensión indiscriminada de las prestaciones’ y que 'se van a establecer comprobaciones previas antes de una posible suspensión cautelar’”.

José, junto a sus asistente, ha cursado una reclamación y desde la administración indican que si acredita que cumple los requisitos para seguir percibiéndola, se le volverá a otorgar. “Yo sé que estoy en riesgo de exclusión social —dice José— y yo no sé cómo denunciar esto ni cómo decirlo pero sí sé que se quieren cebar siempre con los más indefensos”. La Comunidad de Madrid, a la vez que paraliza estos expedientes, informa de que ha aumentado en un 56 por ciento la partida para la Renta Mínima de Inserción. Un 0,61 por ciento de la población madrileña cobra esta renta pero en total el INE ha fijado en 2011 el índice de pobreza de esta comunidad en un 15,9 por ciento.

El protagonista de esta historia está soltero y vive en un piso que le deja la familia de su padre por el que no tiene que pagar alquiler. “No tengo muchos gastos pero tengo que pagar por el banco el teléfono y un dentista, que este mes si no cobro no lo podré abonar... Bueno, se lo deberé al banco, que me persigan...”.

Vida en B

Cuando a José le salía trabajo hacía reparaciones en muchos hostales de la zona centro de la capital y, en agosto, siempre le salían varios pisos para pintar. Desde hace tres o cuatro años no pinta ningún piso en verano y, el trabajo esporádico que le sale es alguna chapuza que le llega cada mes o dos meses. “Cuando consigues un trabajo se lo tienes que decir al asistente social y te dejan uno o dos meses seguir cobrando la Renta Mínima de Inserción para que te dé algo de estabilidad” pero si el trabajo no es fijo sino esporádico, como poner hoy un techo de escayola y no mover más las herramientas hasta dentro de diez semanas, entonces necesitan seguir cobrando la RMI. “No estoy en posición de darme de alta como autónomo porque gano mucho menos de lo que tendría que pagar y lo que cobro por un lado se va por el otro [a la Seguridad Social], así que no puedo facturar y, si hago algun trabajito tiene que ser muy barato”.

Como “la típica abuelita” de la que habla José, que siempre antes le estaba encargando arreglar algo ya no tiene esos cuartos “sobrantes” con los que le pagaban las reparaciones, su objetivo es, desde hace tiempo, trabajar en alguna empresa. “Tengo echado el currículum a muchas empresas que contratan a discapacitados pero no me sale nada. Llevo dos años en el paro y solo me han llamado una vez”. José hace una pausa y relata con ímpetu y aún sin salir del asombro lo que le sucedió hace cuatro meses. “El grupo Atlantis me ofreció un empleo en los servicios auxiliares del Alcampo en el centro comercial Gran Plaza 2, en Majadahonda. Tenían mi currículum y vieron que vivía en Madrid y que tenía carné de conducir. Me pagaban 700 euros, mis padres estaban ilusionados, me hicieron el contrato, me dieron la ropa... Y me dijeron que me presentase a las siete de la mañana en el centro comercial. Mi gozo en un pozo, ¡a las siete de la mañana! Es imposible llegar desde el centro de Madrid hasta allí en transporte público para empezar a trabajar a esa hora, a lo que ellos me dijeron que fuera en coche y, a ver, tengo carné de conducir pero no tengo coche, ¡cómo voy a tener coche si no tengo trabajo y cobro una Renta Mínima de Inserción!”.

José sigue buscando, le gustaría algún trabajo que le haga sentirse activo, por ejemplo en una empresa de limpieza. “La gente como yo, si no fuera por nuestros padres, estaríamos en la calle, o como los okupas, pero yo, que podría ser independiente a pesar de la discapacidad, no me dejan serlo, soy dependiente, a mis 40 años recién cumplidos”.

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