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Elogio de la dignidad

La crisis está siendo la mejor coartada para desmantelar el tipo de sociedad que, al menos en Europa, tuvimos durante buena parte de la segunda mitad del siglo pasado

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Sesión de control en el Congreso de los Diputados. / Efe

Tras seis años de crisis, España es hoy una sociedad desmoralizada, demediada y dividida. Reconocemos una cierta pereza intelectual para analizar –por obvia y reiterada– la etiología de la enfermedad de nuestro país: modelo de crecimiento sin valor añadido, partidos políticos convertidos en satrapías, corrupción, crisis institucional, individualismo exacerbado… Todo ello nos ha convertido en una sociedad desmoralizada, baja de moral como diría Adela Cortina, con pocos recursos morales consecuencia del decaimiento de las referencias y la ejemplaridad de quienes nos gobiernan y de los que representan a las instituciones del Estado.

En una sociedad demediada también, en la que la desigualdad crece al mismo ritmo que la crisis, lo que nos conducirá dentro de otros seis años a una España, con realidades antagónicas, en la que el número de millonarios seguirá creciendo, unos centenares de nuestras empresas se convertirán en las más competitivas del mundo, pero al mismo tiempo se hará crónica una bolsa de desempleo no inferior a los tres millones de personas, los servicios públicos seguirán perdiendo recursos igual que sus usuarios –la mayor parte de los ciudadanos– los cuales no accederán a una sanidad y una educación de calidad si no la pueden pagar.

Finalmente, la crisis y quienes la están gestionando han traído división, mucha división, como evidencia el desencuentro entre Cataluña y España, no el único ejemplo de falta de consenso y compromiso político pero sin duda el más importante y cuyo futuro empeora a medida que avanza la tentación de su instrumentalización electoral.

Acostumbrémonos a una idea demoledora, aunque cada vez más verificable empíricamente: nada volverá a ser igual que era; nuestros hijos vivirán peor que nosotros y tendrán menos derechos como ciudadanos porque estos años de crisis programada han servido, como no hace mucho ha dicho José Ignacio Torreblanca, para intentar desmontar el estado del bienestar rompiendo los tres contratos –el intergeneracional, el interclasista y el interterritorial– sobre los que se basa, o se basaba, el Etado social europeo que surgió a partir de 1945 tras el fin de la guerra y que supuso un pacto entre el capital y el trabajo.

A cambio de garantizar un capitalismo sano que legitimó la plusvalía del trabajo con la redistribución de los excedentes del capital, el Estado garantizaba la solidaridad entre generaciones: los que trabajaban pagaban las pensiones a los jubilados, no ahorrando una parte de su salario –como ahora se pretende– para el día que dejemos de trabajar completar una raquítica pensión pública; era garantía también de la igualdad de oportunidades, especialmente a través de una sanidad y, sobre todo, de una educación pública, universal y gratuita que permitía el desclasamiento social y, por último, salvaguardaba la solidaridad interterritorial porque, como ocurre con las clases sociales, también hay territorios cuya desigualdad de renta debe ser corregida.

Entender la crisis como el rapto de la política por la economía es no entender nada de lo que está sucediendo. Cuando hablamos de crisis programada nos referimos a que la crisis está siendo la mejor coartada para desmantelar el tipo de sociedad que, al menos en Europa, tuvimos durante buena parte de la segunda mitad del siglo pasado. Todo se empezó a joder Zavalita con la fallida respuesta que supuso para la socialdemocracia europea la tercera vía que Giddens y Blair trataron de oponer al liberalismo rampante de Reagan y Thatcher, dando por bueno que el Estado debería reducir enormemente su tamaño para poder competir en una economía globalizada.

Esa incapacidad política de los socialdemócratas europeos para armonizar la sostenibilidad económica y social dio alas a los partidarios del "más sociedad y menos Estado" –los neocons yankees, que tan bien han dominado la comunicación a través de hábiles narrativas– y que tras ocho años gobernando el mundo nos legaron no un cambio de ciclo, sino un nuevo paradigma social cuyo rasgo más destacable es ideológico: la transferencia organizada de rentas desde las clases medias a ese 1% que tiene lo que el 99% necesita, como reza en el subtítulo del libro El precio de la desigualdad del premio nobel de economía Joseph Stiglitz, quien demuestra empíricamente cómo la transmutación del discurso político en technicalities economicistas no hace sino encubrir una ideología depredadora de lo social en beneficio de una élite económica codiciosa.

Volviendo de nuevo a España, aunque vaya por delante que nada en nuestro país tendrá solución sin la recuperación del liderazgo social europeo, lo cual es altamente improbable porque 21 de los 28 países de la UE tienen gobiernos conservadores y, como el lector podrá suponer, si todo lo que esta crisis nos ha traído ha contado con la anuencia de la socialdemocracia europea qué podemos esperar de una Europa con gobiernos como el del Partido Popular, empeñado en políticas de ajuste insensatas que no generan crecimiento, ni por tanto consumo interno, y que fían la competitividad de nuestra economía principalmente en el recorte salarial, al mismo tiempo que reducen la inversión en conocimiento y siguen sin resolver la falta de crédito a las empresas ¿qué pasará con la joya de la corona que constituye nuestra exportación si los países emergentes, especialmente los latinoamericanos, ralentizan su crecimiento?

En cualquier caso, el mayor de nuestros problemas no es de naturaleza económica sino política y social, porque la crisis que estamos padeciendo en una sociedad digna podría tener la misma intensidad pero no iguales efectos, y la falta de liderazgo no sería tal –porque quienes gobiernan estarían legitimados para pedir sacrificios a los ciudadanos– y las malas conductas –incluida la mentira– hace años que no habrían sido toleradas, como lo han sido en diferentes administraciones del Estado donde gobiernos formados por personas muy poco dignas han sido reelegidos por mayoría absoluta.

Entendemos que pueda parecer naif a estas alturas hablar de dignidad, de un recurso moral, intangible; sin embargo, hoy los recursos intangibles son, por ejemplo en el mundo de la empresa, los que mayor valor añaden, entre otras cosas porque son los más diferenciadores. Si la española fuera una sociedad más digna, no habría tolerado ni la corrupción; ni la falta de participación política, especialmente en los partidos de izquierdas –los cuales deben ser ejemplares en todo, si queremos que existan diferencias– y no infames aparatos de control social al servicio de unos cuantos sátrapas.

Es cierto que llevamos décadas de un individualismo ciego que ha depauperado el capital social que la sociedad española acumuló durante la lucha y consolidación de la democracia, y que ha tenido que suceder un cataclismo como el actual para que, poco a poco, se despierte la conciencia ciudadana y exija un cambio tan radical en el contenido como ejemplar en la forma como el que propugna el Movimiento por la Dignidad (MPD), que el 2 de diciembre nacerá a la luz pública en Madrid (Centro Cultural La Corrala de la Universidad Autónoma de Madrid, calle Carlos Arniches 3 y 5, 19,30 horas) pero que viene gestándose desde hace meses para sumarse a ese despertar ciudadano que clama por una regeneración de España y de Europa.

El  MPD es un movimiento de la sociedad civil, independiente políticamente, formado por una ciudadanía diversa que defiende la igualdad, la ejemplaridad, el estado social, la participación ciudadana, la sostenibilidad y una Europa de los ciudadanos y que, durante tres horas a la semana –no más, pero tampoco menos– se compromete a vertebrar la sociedad civil, porque creemos que nada está escrito y que nos merecemos una sociedad más digna.

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