19 activistas se arriesgan a entrar en prisión por intentar parar un desahucio en Zaragoza: “El miedo no nos frena”

Una veintena de miembros y simpatizantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Zaragoza se enfrentan a penas de hasta tres años de prisión por las protestas que llevaron a cabo frente a una sucursal de Caixabank en el Coso entre octubre de 2022 y mayo de 2023. Las movilizaciones se produjeron en el marco de la negociación para tratar de paralizar el desahucio de Mariano, un vecino que vivía con sus hijas menores y no podía hacer frente al pago de la hipoteca. Desde la plataforma pedían un alquiler social para esta familia, algo que —según denuncian— fue rechazado por la entidad bancaria. Dicha entidad ha rechazado dar declaraciones sobre esta cuestión.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza ha acordado la apertura de juicio oral contra las 19 personas encausadas, a las que Caixabank acusa de un delito continuado de coacciones, por el que solicita dos años y medio de prisión, y otro de desórdenes públicos, con cinco meses adicionales, según consta en el auto judicial. La entidad sostiene que los manifestantes ejercieron “una intimidación directa” sobre los empleados durante ocho meses, impidiendo el normal funcionamiento de la oficina. Entre los comportamientos señalados se incluyen el uso de megafonía dirigida hacia el interior del local, la colocación de dispositivos ruidosos, insultos a trabajadores y, en una ocasión, la irrupción en la sucursal “gritando consignas, tirando papeles y octavillas”, lo que habría impedido que clientes y empleados pudieran trabajar con normalidad. Por su parte, el Ministerio Fiscal aprecia únicamente un delito de desórdenes públicos y solicita una multa de nueve meses a razón de ocho euros diarios, sin reconocer coacciones ni violencia.

Carlos, uno de los acusados, explica que las protestas nacieron de una situación de emergencia social. “Empezamos una campaña contra la entidad para buscar una solución, un alquiler social para Mariano y sus hijas. CaixaBank se negó, y ante esa negativa hicimos una campaña para visibilizar los abusos”, relata. Según asegura, “entramos en la oficina solo para pedir una reunión con la directora; no hubo violencia, nuestra arma es la verdad”. Además, relata que la entidad bancaría les ofreció una vivienda como alquiler social “pero no nos la quiso enseñar. Investigamos, la localizamos y era una vivienda que no cumplía los criterios mínimos de salubridad ni seguridad, era una infravivienda. Esto nos hizo entender que Caixa da como alternativa habitacional viviendas que no puede sacar a mercado y de esta forma puede extraer beneficio de ellas mientras habla de que está dando alternativas habitacionales”.

El activista considera que la respuesta judicial es “desproporcionada” y que el caso trasciende a la situación concreta. “La plataforma representa un peligro, entre comillas, para la banca, porque estamos consiguiendo alquileres sociales y alternativas habitacionales donde ni la banca ni las instituciones las están dando”, afirma. “Antes del verano obtuvimos un alquiler social para una mujer víctima de violencia de género. El banco quería desahuciarla y, gracias a nuestras negociaciones, conseguimos evitarlo”, añade.

Carlos reconoce que enfrentarse a un proceso con penas de prisión genera altibajos emocionales: “Hay momentos en que te vienes arriba y otros en que estás más deprimido porque las penas son altas. Si no estuviera con el apoyo de la propia plataforma y de la calle, enfrentarse solo sería mucho más duro. Pero el miedo no nos frena. La derrota habría sido no luchar”.

Nayara, otra de las personas encausadas, ya participó en un proceso judicial anterior vinculado a la misma campaña. Fue condenada por un delito leve de daños, lo que le genera una preocupación añadida ante la posibilidad de acumular antecedentes: “Lo que más nos preocupa es la acumulación de antecedentes. En el primero no había riesgo de cárcel, pero ahora sí. Nos piden casi tres años de prisión y unos 45.000 euros en multas, sin contar costas y abogados”, explica. “

La activista describe el desgaste que la causa ha supuesto para el grupo. “Estamos hablando de que no nos jugamos simplemente la condena, te estás jugando tu situación vital. Hay compañeras que están regularizando su nacionalidad, otras sin residencia estable o con riesgos laborales”, señala. “Nos está pasando factura, pero hemos intentado remar todas en la misma dirección e impedir que el miedo nos paralice. Lo que quería Caixa y los testigos del banco era que no volviéramos a las puertas, que no mantuviéramos esa forma de lucha tan combativa”.

Pese a las dificultades, Nayara asegura que la PAH sigue activa. “Ha sido la fuerza colectiva y la experiencia de las compañeras la que ha hecho que el grupo no se disuelva. La multa que se propone es muy elevada, y llevamos casi todos los fines de semana haciendo actos para recaudar dinero. Es la muestra de que no nos hemos rendido”, resume.

El juicio se celebrará los días 30 y 31 de octubre en el Juzgado de lo Penal de Zaragoza. La manifestación en apoyo a los encausados tuvo lugar el pasado sábado 25 de octubre en la plaza de la Madalena, donde decenas de personas mostraron su solidaridad con las acusadas. Desde la PAH recuerdan que el proceso coincide con la nueva campaña institucional sobre vivienda lanzada por el Gobierno central: “Mientras por un lado lanzan vídeos y eslóganes, por otro intentan meter en la cárcel a 19 personas por intentar negociar con un banco para evitar el desahucio de una familia con dos niñas pequeñas”.