La Justicia declara ilegal la autorización del Principado de Asturias para matar lobos
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha declarado contrario a Derecho el Programa Anual de Control del Lobo 2025-2026 aprobado por el Gobierno del Principado. La sentencia, dada a conocer por los demandantes Ecologistas en Acción de Asturias y el Fondo Lobo, estima los recursos presentados y anula un plan que contemplaba la muerte de hasta 53 ejemplares.
El fallo se apoya en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, que el pasado enero confirmó la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Esta decisión implica, según recoge la resolución, la derogación de las normas autonómicas que permitían su control mediante abatidas, como el Plan de Gestión del Lobo vigente en Asturias desde 2015.
De este modo, el tribunal considera que el programa aprobado por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria carecía de cobertura legal, al sustentarse en una normativa ya derogada. La consecuencia directa es su nulidad, lo que deja sin respaldo jurídico las actuaciones desarrolladas bajo su amparo.
La sentencia señala que “cuando existe un régimen de protección estricta, aunque puedan establecerse ciertas medidas de planificación, estas no pueden incluir capturas de ejemplares, ya que se encuentran prohibidas; por tanto, no pueden preverse a priori dentro de dicha planificación”.
Las organizaciones ecologistas que impulsaron los recursos han celebrado la sentencia y consideran que supone un avance en la protección de la fauna salvaje. Desde el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico subrayan que el fallo confirma que no se puede autorizar la muerte de una especie protegida basándose en disposiciones sin vigencia legal.
No obstante, también lamentan que durante la aplicación del programa se hayan abatido decenas de ejemplares, una circunstancia que consideran irreparable. En este sentido, apuntan a la necesidad de depurar responsabilidades por las actuaciones llevadas a cabo antes de la resolución judicial.
La decisión del TSJA llega en un contexto de fuerte debate social y político en Asturias sobre la gestión del lobo, especialmente en relación con su impacto en la ganadería. El Gobierno del Principado, una coalición de PSOE e IU-Sumar, ya había suspendido las batidas de lobos tras la sentencia del Supremo que anulaba el plan de gestión 2022-2023. Entonces la Consejería de Medio Rural y Política Agraria aseguró que aprobaría un decreto que permitirá adecuar la normativa a la sentencia y mantener las políticas de control de la población de lobos “con seguridad jurídica”. Una segunda sentencia pone en cuestión el modelo promovido por el Gobierno de Asturias.
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