La Abogacía del Estado afirma que Kitchen buscaba proteger a Rajoy y quitarle a Bárcenas “papeles que le comprometían”

La Abogacía del Estado ha apuntado este jueves en su informe final del juicio de la operación Kitchen a cuál fue el origen del operativo: “Se dirige esencialmente a torpedear una investigación judicial”. Esa investigación era el caso Gürtel de corrupción y la “preocupación” que desencadena el operativo policial ilegal tenía origen “en el entorno del Partido Popular y el Gobierno de España” que en ese momento dirigía Mariano Rajoy. No es creíble, ha dicho la Abogacía del Estado, que toda la operación se montara solo para investigar el patrimonio de Luis Bárcenas. El objetivo de esta “operación parapolicial” eran sus grabaciones. Este jueves también han intervenido el resto de acusaciones: la familia Bárcenas, PSOE y Podemos. El juicio seguirá el 22 de julio con los informes finales de las defensas, los alegatos que quieran hacer los acusados y el juicio quedará visto para sentencia.

El juicio por la operación Kitchen está en su última recta antes de quedar visto para sentencia con los informes finales de las partes. La Fiscalía Anticorrupción ya hizo definitivas hace unos días sus peticiones de cárcel y apuntó a la “finalidad bastarda” del operativo: “Boicotear” el caso Gürtel y “proteger” a dirigentes del Partido Popular. La Abogacía del Estado ha apuntado directamente al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como el máximo responsable del operativo: “Participó en la planificación, coordinación y seguimiento constante de la evolución y los objetivos” de la trama Kitchen. “Que se reprenda y se reaccione por la vía del derecho a que esta operación careció de cobertura judicial, persiguió fines ajenos a la investigación penal, utilizó fondos y medios públicos y se ejecutó mediante una estructura paralela bajo directrices político-operativas al margen de la autoridad judicial”, ha dicho.

Las notas y grabaciones del entonces comisario José Manuel Villarejo, ha dicho el primer Abogado del Estado en intervenir, son suficientes para rechazar las tesis de defensa de los acusados: que todo era legal y que el objetivo real era investigar el patrimonio de Luis Bárcenas. “No puede comprenderse sin tener en cuenta la preocupación que en el entorno del PP y del Gobierno de España generaba la figura de Luis Bárcenas”, ha explicado.

Una preocupación que, ha dicho, “se acrecienta” a finales de 2012 con la publicación de la contabilidad paralela del PP por parte de El País y las revelaciones judiciales de Bárcenas, de quien sospechaba que tenía grabaciones comprometedoras para Mariano Rajoy y Javier Arenas. “Se dirige esencialmente a torpedear una investigación judicial, tiene por objetivo encontrar esas grabaciones”.

“La finalidad esencial es la obtención y destrucción de documentación”, ha dicho el Abogado del Estado antes de apuntar directamente a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior con Mariano Rajoy, como máximo responsable del operativo, señalado por la declaración de Francisco Martínez, su mano derecha en ese momento. “Tenía por objetivo quitarle a Bárcenas esos papeles que comprometían al presidente”. La Abogacía del Estado no encuentra pruebas de que el premio para Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que espió para la trama, fuera un puesto en la Policía Nacional auspiciado por Villarejo, pero sí de que era consciente de que estaba cometiendo una ilegalidad. “Era plenamente consciente de la ilicitud de al operación”.

“Presión e intimidación” al agente Morocho

La Abogacía del Estado ha aprovechado su informe final del juicio de la operación Kitchen para denunciar la “presión constante e intimidación” que los mandos de Interior involucrados en el caso ejercieron sobre el inspector de policía Manuel Morocho para condicionar su papel en la investigación del caso Gürtel. Existió una “relevante presión ambiental, laboral y contextual” sobre él, ha dicho la Abogada del Estado, “con la única y exclusiva finalidad de afectar a sus competencias como policía judicial” en el caso que investigaba las cuentas del Partido Popular.

El propio Morocho ha testificado en varios juicios y ha relatado la presión que sufrió de sus superiores para modificar sus informes sobre el caso y no ser tan duro con el PP. La “presión”, ha dicho la Abogacía del Estado, vino directamente de Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional. “Se produjo como consecuencia de las interferencias, mediante órdenes directas que venían de Eugenio Pino”. Cambios de destino que, en contra de lo que dijeron algunos acusados para desacreditar a Morocho, no eran “meras tensiones propias del ámbito laboral”.

Existió, ha añadido la Abogada del Estado, una “estrategia sistemática de presión dirigida a condicionar la actuación procesal” de este policía. “Fue padecedor de un conjunto coordinado de actuaciones en un contexto de superioridad jerárquica destinadas a generar un clima de presión constante e intimidación implícita en su intervención en el proceso judicial”.

“¿No le preocupaba que apareciera M. Rajoy?”

La abogada que defiende en el caso Kitchen a Luis Bárcenas, su esposa y su hijo se ha referido a la estrategia de defensa del exministro Jorge Fernández Díaz, que durante el juicio llegó a decir que no había preocupación en el PP o el Gobierno por las revelaciones que pudiera hacer el extesorero del partido. “Eso no es lógico. Preocupación tendrían que tener. Él, todo el partido y todo el Gobierno”. La letrada se ha referido a los apuntes de la contabilidad B que llevaba Bárcenas mientras preguntaba directamente a Fernández Díaz, exministro de Mariano Rajoy sentado en el banquillo. “¿O nos va a decir que no le preocupaba que apareciera M. Rajoy, o un montón de miembros de su partido? Pues le tendría que preocupar”.

La defensa de la esposa y el hijo de Luis Bárcenas, que ejerce la acusación en el juicio por la operación Kitchen, ha sido clara en el comienzo de su informe final sobre cuál era el objetivo del operativo parapolicial: “Lo que pudiera saber Luis Bárcenas hubiera podido hacer caer a un Gobierno”. El extesorero tenía información comprometedora para el PP y el Gobierno y el objetivo era quitársela. “Se trataba de localizar documentación, información, grabaciones y todo lo que pudiera ser que afectara al Gobierno y al Partido Popular”.

Rosalía Iglesias y Guillermo 'Willy' Bárcenas, ha dicho, “fueron sometidos a una extrema vigilancia policial ilícita”. “Un Estado que debía protegerles fue utilizado contra ellos, se han utilizado las instituciones para cometer delitos de los que ha sido víctima la familia Bárcenas”. “Son sucesos que podían desestabilizar el Gobierno que ejercía el Partido Popular”, ha dicho sobre las noticias de 2013 que desencadenaron el operativo. “Llevaba 30 años en el partido, tenía muchísima información y no sabemos lo que pensaba que podía llegar a tener para montar este operativo”.

La letrada también ha apuntado a trato “anómalo” a Bárcenas en la prisión, incluso con lesiones en un traslado, también como medida de presión. El objetivo era, dice, “que se callara, se tenía que callar, no podía perjudicar al PP, al Gobierno”. “Les tenían pánico o un miedo tremendo”, ha dicho en el tramo final de su informe. “Era para salvar al Gobierno”.

Han cerrado la jornada los abogados de las acusaciones populares de PSOE y Podemos. Gloria Pascual, abogada de los socialistas, ha apuntado directamente a Fernández Díaz: “El ministro no es un mero receptor pasivo, participa activamente en la estrategia”. El objetivo del operativo parapolicial, ha añadido, era “evitar daños al Partido Popular, es de lo que se trataba”. Jaime Montero, abogado de Podemos acompañado del letrado Gorka Vellé, ha reclamado que los acusados sean condenados por organización criminal.

La exigencia de “omertá” a Bárcenas

Los letrados de Podemos han defendido que los acusados también deben ser condenados por organización criminal, un delito que no han esgrimido el resto de acusaciones públicas y particulares del caso. “Los acusados formaban una organización criminal cuya finalidad era la obstaculización de la investigación conocida como Gürtel”, ha explicado Montero. A los policías y mandos de Interior que estan en el banquillo, afirma, no les “afectaba personalmente”, pero “sí podía afectar a la cúpula del Partido Popular de la cual, a la postre, iban a depender sus carreras políticas o profesionales”.

Para Podemos existieron “cuatro líneas de actuación diferenciadas” hasta llegar al espionaje de Bárcenas para intentar proteger al PP de las consecuencias de la Gürtel. Primero, “la obstaculización de la investigación” del policía Morocho. Después, el “intento de obtener la nulidad del proceso judicial” a través de un abogado. En tercer lugar, la “presión y control” ejercida sobre Bárcenas en prisión a través del control de sus comunicaciones, de su “estado anímico” e incluso con “amenazas de entrar Rosalía Iglesias en prisión”. Fue posteriormente cuando empezó, según Montero, la operació Kitchen “propiamente dicha”.

En línea con el resto de acusaciones, Podemos entiende que la información que manejaba Luis Bárcenas y su posible entrada en prisión sí preocupaba al PP, en contra de lo declarado por Jorge Fernández Díaz. “La declaración que pudiera hacer un Bárcenas recién entrado en prisión el 15 de julio”, ha dicho, era una “preocupación” para los de Mariano Rajoy. El entonces ministro del Interior, ha explicado el letrado, participó en “la articulación de esta exigencia de omertá al señor Bárcenas”. La “abrumadora” presencia de Francisco Martínez, secretario de Estado en las agendas de Villarejo, apuntala la participación de este departamento del Gobierno en la operación.

Las agendas del entonces comisario y hoy principal imputado en decenas de piezas separadas del caso Tándem no permiten llegar a otra conclusión, según Podemos: “Por cualquier lado que se abra la agenda, nos encontramos con una dación de cuenta de Villarejo a Francisco Martínez con este tema, se puede abrir casi al azar”, ha dicho este jueves. José Luis Olivera, Andrés Gómez Gordo, el chófer Sergio Ríos y el propio Villarejo. Todos jugaron su papel en el entramado destinado a proteger al PP de los secretos de la Gürtel. Existieron incluso proyectos para “monetizar” el torpedeo de la investigación. “Cuando es la Policía la que promueve esta nulidad de una causa judicial que está investigando un subordinado suyo... igual ya tiene más esquinas”, ha zanjado el letrado en su informe final.