La jueza del escándalo de la FP apunta al Gobierno de Ayuso y cita a declarar como testigo a un alto cargo

La magistrada que investiga por qué el gobierno de Isabel Díaz Ayuso construyó decenas de centros de FP entre 2020 y 2023 sin sacar a concurso las obras ha ordenado que comparezca como testigo un alto cargo de la presidenta, apuntando a un posible conocimiento del proceso por parte de altas instancias en la Consejería de Educación, algo que también ha apuntado la Fiscalía. El caso, desvelado por elDiario.es, saltó cuando un constructor denunció que no se le estaba pagando por unas obras encargadas en el complejo educativo de Ciudad Escolar, que resultaron haber sido construidas ilegalmente, con fondos destinados a otras partidas y con facturas troceadas.

La jueza ha llamado a dar testimonio a Jorge Elías de la Peña, que en el momento de la presunta prevaricación administrativa era director general del área educativa Este de la Comunidad de Madrid. Le va a preguntar por las obras que se realizaron para construir el centro artístico Alberto Corazón, en Alcalá de Henares. Como publicó elDiario.es, De la Peña estuvo supervisando directamente la obra del nuevo centro, que se estaba construyendo dentro del complejo educativo del Instituto de Secundaria (IES) Antonio Machado de Alcalá y que se estaba pagando de manera ilegal, sin sacar a concurso público. La Comunidad gastó 1,2 millones de euros y dio las obras a dedo al empresario Gabriel Navarro. Para poderle pagar, se trocearon las facturas como si, en lugar de una obra completa, se hubieran hecho un sumatorio de reformas. Se organizó el pago desde tres centros educativos públicos para intentar que no sonara ninguna alarma y sin rendición de cuentas. Precisamente De la Peña tenía su despacho a 200 metros de esa nueva construcción.

Al tanto de las obras

Como publicó este medio, De la Peña, una persona de la órbita de Ayuso y muy cercano a la alcaldesa de Alcalá, estuvo visitando las obras e incluso sugirió algunos cambios, como solicitar mejoras en el acondicionamiento climático que no estaban reflejadas en el presupuesto inicial: pidió cinco aparatos de climatización extra en una visita a la obra junto a los directores, como queda acreditado por escrito y ha comprobado este medio. Su nombre aparece en los correos entre la dirección del IES y la empresa y también aparece en copia en alguno de ellos.

Es el tercer alto cargo de la presidenta que va a comparecer en la instrucción, pero el primero de ellos que está actualmente en activo en el gobierno. De hecho, aumentó sus responsabilidades justo cuando se estaba acabando la obra por la que le va a preguntar la jueza el próximo 9 de diciembre. De la Peña fue nombrado en julio de 2022 director general de Educación Concertada. El primer exdirector general que compareció, José María Rodríguez, se desvinculó de la decisión de construir de este modo, que podría constituir un delito de prevaricación. El segundo, José María Serrano, admitió que se hizo fuera de la ley y demostró que él lo advirtió y se mostró en contra, según avala un correo que dejó por escrito a su superior. De la Peña es el primer alto cargo del gobierno de Ayuso que va a dar su testimonio y que continúa ejerciendo en el actual gobierno.

Además de esta obra, la jueza investiga una decena más, que sumarían unos ocho millones de euros pagados sin sacar a concurso y bajo el radar de las auditorías, como ha desvelado este medio. El primer caso que se conoció fue el Ciudad Escolar. Allí se levantó un hospital escuela para que los alumnos de la rama de FP sanitaria hicieran prácticas con un presupuesto de 2,4 millones de euros. Los directores de los institutos públicos Ciudad Escolar y el aledaño instituto Hotel Escuela desembolsaron más de 700.000 euros de sus cuentas y quedaron impagados más de 1,6 millones. Uno de directores señaló a elDiario.es que simplemente hicieron lo que les pedían desde arriba: “Seguimos las órdenes de la Dirección General”.  Al año siguiente se empezó a construir la Escuela de Arte Alcalá con el mismo sistema de pago para abonar 1,2 millones de euros. Se demolió una planta de más de mil metros cuadrados y se levantó un centro de diseño y arte de FP. En este caso, los desembolsos salieron desde tres cuentas públicas diferentes: el Instituto Antonio Machado, la propia Escuela de Arte y el Conservatorio Profesional de Música, que abonaron en facturas fraccionadas todo el importe. Después de estos casos, se han conocido reformas ilegales en otros ocho centros, uno de ellos no es de FP sino de Formación de profesorado, que depende de otra dirección general. También se construyó con este sistema ilegal y opaco uno de los proyectos estrella postpandemia de la presidenta de la Comunidad: el centro de FP a distancia Ignacio Ellacuría.

La instrucción judicial empezó hace dos años y se ha alargado por la gran complejidad de la documentación y auditorías y porque la jueza está intentando desentrañar quienes fueron los responsables de idear este sistema y de llevarlo a cabo, ya que de momento hay imputados directores de instituto y un exdirector general y un exsubdirector, Alfonso Mateos. Este, que fue cesado en 2024 tras saltar el caso, dijo a la jueza que heredó ese sistema y implantado así en la Consejería. El periodo que se investiga, que coincide con el primer gobierno de Ayuso, salpica a dos pesos pesados de la presidenta. El consejero entonces era Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea de la Madrid. La mano derecha de Ossorio entonces era Rocío Albert, hoy consejera de Economía de Ayuso y uno de sus apoyos fundamentales.

La jueza, que inició el procedimiento tras una denuncia presentada por Podemos y que recogió una investigación de oficio de la Fiscalía iniciada por la propia Consejería de Educación en 2024, también ha solicitado documentación de las obras del Instituto de Secundaria Príncipe Felipe y la declaración como testigo de su director y de Francisca Zaragoza Pérez, que fue jefa de la unidad de Régimen Especial.