La Junta Electoral ordena enviar la documentación para el 29N a todos los inscritos en el extranjero con el aviso de que no todos podrán votar
La Junta Electoral Central ha acordado en su reunión de este jueves dar la orden a la Oficina del Censo Electoral de enviar la documentación para poder votar el próximo 29N a los 2,7 millones de electores inscritos en el CERA, el censo de los españoles que residen de forma permanente en el exterior, informan a elDiario.es fuentes de ese organismo.
La documentación se enviará también, por tanto, a los 163.020 nacionalizados a través de la ley de nietos a los que el Tribunal Supremo ha pedido dejar fuera de estos comicios. El acuerdo incluye un aviso de que habrá electores que no podrán votar de acuerdo al mandato del Alto Tribunal.
El Supremo ratificó este lunes las medidas cautelares dictadas en septiembre, antes del adelanto electoral. Y determinó que de este colectivo sólo podrán votar el próximo 29N quienes cuenten con un certificado de la autoridad consular que acredite que aportaron documentos del exilio de sus antepasados para acceder a la nacionalidad.
La resolución ha abierto un choque institucional de consecuencias imprevisibles porque su ejecución exige realizar un complejo trabajo burocrático sin apenas margen de tiempo. Ante este escenario, la Junta Electoral Central ha optado por ordenar a la Oficina del Censo Electoral, que depende del INE, que envíe a todos los inscritos en el CERA la documentación para poder votar.
De acuerdo a los plazos marcados por la ley electoral, ese envío debe hacerse entre el 24 y el 30 de octubre. Con esta decisión, los consulados tienen más tiempo para localizar y certificar los miles de expedientes que el Supremo ha puesto bajo sospecha.
Por otro lado, en la sesión de este jueves, la Junta Electoral Central ha rechazado una petición del Partido Popular de revisar el voto por correo. El órgano se ha basado en un reciente informe realizado por Correos para determinar que no hay necesidad de realizar esa revisión dado consideran que el actual sistema otorga garantías plenas sobre el proceso.
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