La huelga general del 11N suma más de 3.600 adhesiones a las puertas de las elecciones generales
La huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre continúa sumando apoyos. Según los últimos datos facilitados por CCOO, más de 3.600 órganos de representación de los trabajadores, entre comités de empresa, juntas de personal y secciones sindicales de toda España, se han adherido ya a una movilización que llega con un objetivo claro: situar los salarios, el acceso a la vivienda y el coste de la vida en el centro del debate político, pero también la necesidad de reforzar servicios públicos con las inversiones y recursos. La convocatoria, que también cuenta con el respaldo de UGT y otras organizaciones sindicales y sociales, tendrá lugar apenas 18 días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Bajo el lema “Salarios. Vivienda. Precios”, los sindicatos llaman a secundar un paro laboral de 24 horas para reclamar medidas que permitan recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, frenar el encarecimiento de la vivienda y reforzar los servicios públicos. CCOO asegura que el ritmo de adhesiones está aumentando en los últimos días y confía en conseguir una participación masiva, aunque el alcance real de la protesta no podrá conocerse hasta la celebración de la jornada.
Del desahucio de Maricarmen a la huelga general
La convocatoria tiene su origen en la ola de movilizaciones por el derecho a la vivienda desencadenada tras el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue expulsada el pasado 23 de septiembre de la vivienda madrileña en la que había residido durante siete décadas. Su caso provocó manifestaciones y acampadas en distintas ciudades, entre ellas Madrid, donde el Sindicato de Inquilinas impulsó una protesta en la Puerta del Sol que fue desalojada el pasado lunes. Maricarmen falleció el 7 de octubre, después de permanecer hospitalizada desde su desalojo y sin haber podido regresar a su casa.
La presión social llevó al Gobierno a aprobar dos decretos con medidas para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas la ampliación de la protección frente a los desahucios y la prórroga de contratos de alquiler. Sin embargo, ambas iniciativas fueron rechazadas en el Congreso el 2 de octubre con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. El bloqueo parlamentario precipitó el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez el 5 de octubre, que fijó las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.
En este contexto, CCOO, UGT, CGT, CNT, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y otras organizaciones acordaron el 7 de octubre convocar una huelga general para el 11 de noviembre. La iniciativa pretende trasladar a los centros de trabajo las reivindicaciones surgidas en las calles, vinculando la crisis de la vivienda con los salarios y el encarecimiento de los productos y servicios básicos.
Salarios, vivienda y defensa de lo público
Uno de los principales argumentos de los sindicatos es que las subidas salariales resultan insuficientes para compensar el aumento del coste de la vida, especialmente cuando una parte creciente de los ingresos familiares se destina al alquiler o al pago de la hipoteca. CCOO denuncia que los incrementos de precios están absorbiendo las mejoras retributivas pactadas en los convenios colectivos, mientras los márgenes empresariales continúan en niveles elevados.
CCOO y UGT han planteado subidas salariales generales de entre el 4% y el 7%, así como un incremento de al menos el 7% del salario mínimo interprofesional. Ambas organizaciones reclaman también desbloquear la negociación colectiva con la patronal para garantizar una distribución más equilibrada de los beneficios empresariales.
La vivienda constituye otro de los grandes ejes de la protesta. CCOO defiende destinar el equivalente al 1,5% del PIB durante la próxima década a impulsar la construcción de, al menos, un millón y medio de viviendas públicas. El objetivo es ampliar de forma sustancial el parque residencial asequible y reducir el esfuerzo económico que deben realizar las familias para acceder a un hogar .
A estas demandas se suma la defensa de los servicios públicos. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha insistido en la necesidad de aumentar la inversión en sanidad, educación, infraestructuras y atención a la dependencia. “No es menos Estado lo que necesitamos, sino más Estado. Más protección para las clases populares”, ha reivindicado.
Para Sordo, la intervención pública resulta imprescindible para garantizar unas condiciones de vida dignas y ofrecer seguridad a la mayoría de la población. “Este país necesita recuperar el valor de lo público”, ha señalado, reclamando un fortalecimiento del papel del Estado frente a las desigualdades sociales y económicas.
Una convocatoria marcada por la cita electoral
La proximidad de las elecciones generales ha introducido también un componente de cierta controversia. La huelga se celebrará el 11 de noviembre, dos días antes del comienzo de la campaña electoral del 29N, una circunstancia que ha llevado a las organizaciones empresariales a cuestionar su oportunidad y sus objetivos.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, llegó a anunciar que impugnaría la convocatoria por considerar que respondía a motivaciones electorales y no laborales. La patronal descartó recurrirla antes de su celebración, aunque dejó abierta la posibilidad de adoptar medidas en función de cómo transcurra la jornada. CEOE y Cepyme sostienen que las políticas de vivienda corresponden a las administraciones públicas y rechazan que su coste se traslade a las empresas.
Los sindicatos, por su parte, defienden la legitimidad de la convocatoria y subrayan que sus reivindicaciones afectan directamente a las condiciones de vida y trabajo de la ciudadanía. También señalan a la patronal por el bloqueo de las negociaciones salariales y consideran que la huelga debe servir para presionar tanto a las empresas como a las administraciones.
Con más de 3.600 adhesiones contabilizadas por CCOO y el respaldo de organizaciones sociales, la convocatoria entra en su recta final.
La convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre ha reunido más de 3.600 adhesiones de comités de empresa, juntas de personal y secciones sindicales de CCOO y UGT, apoyo que sigue creciendo y que cuenta con representación de empresas como Seat, Airbus, Levi Strauss, Iberia, Zara, Glovo, DomusVi, Securitas Seguridad España, así como cientos de órganos de representación de centros sanitarios, colegios, residencias….
Los sindicatos de clase aspiran a que el 11 de noviembre marque un punto de inflexión en las políticas de vivienda, los salarios y los servicios públicos, situando estas cuestiones en el centro de la discusión pública antes de que los ciudadanos y ciudadanas acudan a las urnas el 29N.
