Vitalquiler ha cifrado en 150 las familias que se han visto obligadas a abandonar sus viviendas por no poder hacer frente a la subida de las cuotas. Han desmentido la cifra aportada ayer en el Parlamento por la Plataforma de Afectados que mantiene que cerca de 300 familias habían renunciado a los pisos desde que se aumentaron, en algunos casos hasta en 300 euros mensuales, las tarifas del arrendamiento. “Esa cifra es incierta. En el peor de los casos se puede hablar de unas 150 familias que optaron, dada la situación de in pass, por cambiar de vivienda”, aseguraba el presidente de Vitalalquiler, Julián Esteban Lizarraga.
El programa surgió en 2004 y engloba a cerca de 1.000 pisos de protección oficial en Vitoria, con alquileres inferiores a los precios de mercado. A una parte de estos inquilinos se les concede subvenciones para pagar el arrendamiento. Pero la continuidad de estas ayudas estaba en cuestión después de que Kutxabank anunciara el pasado enero su intención de suprimirles.
Los represetantes de la entidad han lanzado un mensaje de tranquilidad a los arrendatarios con dificultades para abordar estas cuotas mensuales. Han garantizado que estos vecinos recibirán las subvenciones para hacer frente a los pagos, tras suscribirse un acuerdo entre la Obra Social y la sociedad Vitalquiler. Este convenio establece un programa de pagos para los siguientes ejercicios hasta cumplir el vencimiento de los convenios de calificación de protección oficial suscritos con el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco.
Con respecto a los próximos 2 años, 2014 y 2015, destinarán 1,8 millonjes de euros hasta finales del 2014 para abordar las ayudas. “Los usuarios hasta final de ciclo gozarán de estas ayudas. Entendemos su nerviosismo porque han vivido momentos de incertidumbre pero desde marzo estamos en conversaciones para intentar recuperar estas ayudas y finalmente lo hemos logrado”, explicaba el presidente de la caja Vital Kutxa, Fernando Aránguiz. El dirigente ha declarado no obstante que no entendía las manifestaciones de los miembros de plataforma vertidas ayer en la Comisión de Empleo, Polticias Sociales y Vivienda “porque ya eran conocidos desde hace semanas los términos del acuerdo”, aseguraba Aranguiz. Los vecinos afectados aseguraban quecinco meses después del anuncio de suspensión de las ayudas, seguían sin saber lo que les deparaba el futuro y por eso mantenías sus movilizaciones.
Denuncia de Bildu
El convenio suscrito abre el abanico de posibles beneficiarios del programa para dar cabida a los mayores de 35 años. “Hace diez años el problema lo tenían los jóvenes. La actual coyuntura económica ha provocado que los mayores de 35 años también tengan serias dificultades para acceder a una vivienda”, explicaba Julián Esteban Lizarraga, residente de Vitalquiler.
Por su parte, el representante de EH Bildu en el Consejo de Administración de la Caja Vital, Fernando Velasco, ha denunciado que finalmente la rebaja en las cuotas “se ha producido únicamente en los precios máximos, por lo que se beneficiarán de la misma las rentas más altas”. Velasco añade que el Anexo al documento en el que se establecen los criterios para acceder, se fijan unos mínimos a pagar en función del número de dormitorios de la vivienda. Estos mínimos supondrían la subida en el precio del alquiler para 217 unidades convivenciales, en concreto las unidades con menor poder adquisitivo, que pasarían a abonar conjuntamente a Vitalquiler unos 91.000 euros anuales. “La mayoría de estas personas no podrán hacer frente a la subida de la renta, por lo que no tendrán otro remedio que abandonar su vivienda”, ha asegurado el representante de EH Bildu.