Tal como refleja el reciente informe de Amnistía Internacional Bancos, armas y violaciones de derechos humanos, no todo vale en las transacciones financieras. La financiación y la inversión no son actividades neutrales e inocuas. El informe denuncia las graves deficiencias en la normativa bancaria de Luxemburgo, un emblemático centro financiero mundial, para frenar el comercio de armas que alimenta atrocidades.
No podemos ignorar que las operaciones comerciales de los “mercaderes de la muerte” tienen consecuencias y un enorme coste humano. El comercio mundial de armas es un negocio letal que causa la muerte de una media de 500.000 personas cada año por su mala regulación. A mayores, a esa cifra hay que sumarle los millones de personas más que resultan heridas y son obligadas a huir de sus hogares.
Pero, ¿qué dice el marco legal internacional que regula las actividades relacionadas con el comercio de armas? Fundamentalmente, dos cosas. Por un lado, prohíbe fabricar, almacenar, vender y usar las armas prohibidas internacionalmente: las armas biológicas y químicas, las minas terrestres antipersonal y las municiones de racimo. Por otro, regula la venta de armas convencionales, desde, por ejemplo, los rifles Kalashnikov AK-47, a los barcos de guerra, pasando por los tanques, cuyo comercio no es per se ilegal, pero está sometido a unas normas estrictas. Esas normas, como el Tratado sobre el Comercio de Armas, prohíben su venta y uso cuando las armas contribuyen a la comisión de atrocidades, es decir, violaciones graves de derechos humanos y delitos de derecho internacional como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
En los últimos años, Luxemburgo y otros países, incluida España, han elaborado leyes y normas para restringir las actividades de financiación relativas a las municiones de racimo y las armas destinadas a actividades terroristas, pese a que las víctimas anuales de ataques terroristas son 30 veces menos que las provocadas por el comercio de armas.
Parecería que hay una doble vara de medir y la vida de todas las personas muertas no importase lo mismo, pues los Estados no se han dado la misma prisa en elaborar un marco legal para impedir que los bancos financien, e inviertan en, la producción y venta de armas prohibidas internacionalmente o empleadas para cometer violaciones graves de derechos humanos.
Una de las principales conclusiones del informe de Amnistía Internacional es que las normas y políticas actuales sobre la financiación del sector armamentístico son insuficientes e incompletas. Aunque se centra en los bancos luxemburgueses las conclusiones y recomendaciones del informe son también aplicables a otros países de la Unión Europea y de otras regiones.
Por ello, es urgente abrir un debate sobre el color encarnado del dinero. Por un lado, los bancos y otras instituciones financieras son claves porque pueden incurrir en responsabilidad cuando proporcionan financiación o hacen inversiones que respaldan actividades relacionadas con armas prohibidas internacionalmente y armas empleadas para cometer crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos. Por otro, los Estados deben garantizar que no son cómplices en la comisión de violaciones graves del derecho internacional. Y, en última instancia, la opinión pública, incluidos los clientes de los bancos, tenemos mucho que decir para poner freno al dinero manchado de sangre.
Sobre este blog
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