La jueza de los ERE embarga el restaurante Río Grande

La jueza que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía ha decretado el embargo de bienes de la dueña del restaurante Río Grande, María del Carmen García. En concreto, el juzgado ordena el embargo telemático de sus saldos bancarios y de las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria para hacer frente a la fianza civil de 1.990.689,36 euros. La jueza, que en su día declaró responsable civil subsidiario a Río Grande, también embarga bienes puestos a nombre de esta empresa, en concreto la finca destinada a bar y restaurante ubicada en la dársena del Puerto de Sevilla, así como un apartamento ubicado en Arévalo (Ávila).

Este embargo se ha notificado este martes, en paralelo al de una finca una finca de la Federación Minerometalúrgica de CCOO ubicada en Madrid tras ser declarada responsable civil subsidiaria de la fianza de 471.352 euros impuesta al exsecretario general de la federación en Andalucía Manuel Roberto Carmona Soto. El pasado 11 de octubre, Mercedes Alaya impuso al imputado dicha fianza de responsabilidad civil y declaró a la federación responsable subsidiaria de dicha cantidad, dándole un plazo de diez días para que designara bienes de su propiedad sobre los que trabar embargo, tras lo que el sindicato designó su sede en el número 11 de la calle Manuel Cortina de Madrid. Por medio de un decreto dictado el 13 de febrero, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acuerda el embargo de la finca. Hay que recordar que el imputado recurrió la fianza alegando que “no dispone de bienes para garantizar o hacer frente” a la misma, ya que es jubilado y reside en un piso “en un barrio obrero de Sevilla”.

La instructora imputó al exdirigente sindical haberse dirigido entre 2006 y 2007 al dueño de Uniter, José González Mata, a fin de solicitarle “que le hiciera entrega de ciertas sumas de dinero” para “paliar los gastos que habían tenido los sindicatos con motivo del proceso de la llamada Faja Pirítica en concepto de viajes, manifestaciones, concentraciones, asambleas, reuniones informativas y demás gastos de convocatoria”.

Desde CCOO, han insistido en que “no se ha embargado nada al sindicato” y ha indicado que, sobre un edificio de la federación en Madrid “sólo se ha identificado al inmueble como aval de la fianza de 471.352 euros. Fuentes del sindicato han recordado que esta fianza la tienen ”recurrida, igual que la impuesta al compañero de CCOO Juan Antonio Florido, sobre la que se presentó un recurso y que se ha ganado“.

Por otro lado, la jueza ha decretado el embargo de dos vehículos, en concreto un Ford Mondeo y un Seat Panda, del conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 38.074.630,12 euros que le impuso. En un decreto, pone de manifiesto que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en su artículo 599 “una regla a seguir de especial importancia” en estas diligencias previas, y es que “en el supuesto de que creyese que los bienes señalados 'no son suficientes, se embargarán además los que considere necesarios'”.

En otro decreto notificado este martes a las partes, también acuerda embargar a Patrocinio Sierra, mujer de Juan Lanzas, un vehículo marca Polaris Sportsman 700, la tercera parte de una finca rústica ubicada en Albuñán (Granada), y la mitad de otra finca localizada en el mismo lugar, todo ello para hacer frente a la fianza civil de 14.712.379,80 euros que le fue impuesta. Igualmente, ordena el embargo telemático de los saldos bancarios que ostente la imputada y de las devoluciones pendientes de recibir de la Agencia Tributaria.