Andalucía moviliza mil millones de euros para tratar de paliar los efectos económicos y laborales del coronavirus

Liquidez rápida en el mercado y ayudas para mitigar los costes laborales y económicas del coronavirus. Son algunas de las consignas lanzadas en la tarde de este lunes por parte de la Junta de Andalucía en boca de sus 'consejeros económicos', Rogelio Velasco y Juan Bravo, titulares de las carteras de Empresas y Hacienda, “para que el daño sea el menor posible”.

Las medidas aprobadas suponen una inyección de mil millones de euros en un paquete de ayudas, principalmente para autónomos y pymes, si bien cien de ellos se dirigirán a un fondo de contingencia sanitaria, destinándolos a la sustitución de sanitarios afectados por el contagio, al refuerzo de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), así como a la compra del material y equipamiento necesarios.

Durante la rueda de prensa no presencial posterior al Consejo de Gobierno, Velasco ha incidido en las ya consabidas “consecuencias económicas muy negativas” que está trayendo el coronavirus y que está sometiendo a la economía a “una crisis considerable”. Aun “sin cifras oficiales”, el consejero comparte las “noticias más que preocupantes” de las que ya se hacen eco los medios de comunicación, según ha comentado.

Velasco, pese a que ha mantenido que la mayoría de las competencias laborales residen en el Ministerio de Trabajo del Gobierno de España, en relación a los ERTE etc, ha asegurado que la Junta va a “presionar todo lo que podamos para flexibilizar figuras jurídcias como el ERTE [120 registrados la última semana en Andalucía] para la permanencia de los trabajadores en las empresas”, así como que la Seguridad Social abone “parte de los salarios” a los trabajadores a fin de que “el problema del desempleo no sea tan grave”.

Préstamos en condiciones favorables

Bravo, por su parte, ha detallado que, entre los mencionados 900 millones, se incluyen 600 millones en préstamos “en condiciones blandas” que se van a hacer llegar a las empresas “con necesidades” e industrias en estos momentos tan complicados, retrasar la presentación de los impuestos que se liquidan con la Junta (que conllevarán 270 millones más en tres meses) y una ayuda en una línea de transformación digital, así como un impulso a la gestión tributaria con la bajada de determinados impuestos.

Pese a que el consejero de Hacienda ha iniciado su intervención que “no es momento de confrontar”, ha dicho respecto a los citados 100 millones para el plan de contingencia sanitaria que sale “del esfuerzo de las distintas consejerías” porque hasta el día de hoy Andalucía no ha recibido ningún apoyo económico en este sentido desde el Gobierno central pese a la propuesta lanzada de flexibilizar el objetivo de déficit y la regla de gasto.

La Junta, además, concede una subvención de hasta 36 millones de euros a la sociedad de garantía recíproca Garántia para avalar operaciones financieras a pymes y autónomos por importe de hasta 500 millones de euros. También ha anunciado Bravo que la Junta Junta no suspenderá los pagos a las empresas contratadas por la administración en servicios y concesión de servicios aunque no puedan desarrollar su actividad, siempre que la empresa acredite la permanencia de la plantilla en las mismas condiciones laborales.

Emergencia social

El decreto ley, según informa la Junta, también contempla medidas de actuación coordinadas para la atención de situaciones de emergencia social. En este sentido, se crea en el seno de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la Comisión para la coordinación de las actuaciones de emergencia social derivadas de la adopción de las medidas preventivas por parte de la Junta de Andalucía frente al COVID-19 en el ámbito de los servicios sociales.

Se consideran situaciones de emergencia social derivadas de la adopción de las medidas preventivas, por parte de la Administración de la Junta de Andalucía frente al COVID-19, las siguientes: la suspensión del recurso de atención a la dependencia, por parte de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, que le provoque a la persona beneficiaria caer en una situación de desamparo. Igualmente, las modificaciones constatables del entorno en el que viva la persona beneficiaria de prestación por dependencia, por causas directamente provocadas en Andalucía por la epidemia del COVID-19, siempre que tales modificaciones del entorno provoquen una situación de desamparo en los términos del apartado anterior.

Los recursos que pueden ser destinados para atender a las personas declaradas en situación de emergencia social y, por tanto, objeto de especial protección serán: Centros Residenciales públicos y privados para personas mayores y personas con discapacidad con la preceptiva autorización administrativa de funcionamiento, Centros de Servicios Sociales de gestión directa de la Junta de Andalucía y entidades de voluntariado.