La Junta insta a la Universidad de Cádiz a aclarar “cuanto antes” si ha habido gastos sin control

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha reclamado a la Universidad de Cádiz (UCA) que dé una “explicación rápida” para no generar “alarma o especulación” sobre supuestos pagos sin control que, según publica este lunes el Grupo Joly, se habrían realizado entre 2007 y 2011.

Así lo ha indicado la consejera a preguntas de los periodistas sobre una información que publica este lunes el 'Diario de Cádiz' relativa a que, bajo el mandato del rector Diego Sales, la UCA entregó tarjetas de crédito de empresa a integrantes de su equipo de gobierno que habrían sido usadas “sin control” y generando un gasto “nunca inferior a los 380.000 euros” entre 2007 y 2011. Entre los gastos figuran compras personales, facturas de restaurantes, bares de copas, viajes e incluso muebles.

Se da la circunstancia de que la UCA arrastraba en aquella época un déficit cercano a los 60 millones de euros y se encontraba en un proceso de reestructuración económica que supuso la pérdida de profesores.

Montero ha dejado claro que “las universidades son autónomas”, aunque la Junta de Andalucía considera que es “importante” que la UCA dé explicaciones “a la mayor celeridad y desde la transparencia” para poder aclarar las cuestiones que han salido publicadas.

Insiste en que la Universidad de Cádiz “tiene que responder rápidamente para no generar ningún tipo de alarma o especulación en relación con los pagos que, presuntamente, se hayan podido realizar”.

La UCA se defiende

La Universidad de Cádiz (UCA) asegura que contó “en todo momento” con “un procedimiento de contabilidad y control” en relación al gasto realizado con cargo a tarjetas de empresa de integrantes de su anterior equipo de gobierno. “Se trata de un instrumento de pago con justificación de gasto, sometido siempre al procedimiento ordinario de control establecido para su uso”, afirma la UCA en un comunicado.

Según publica este lunes el Grupo Joly, bajo el mandato del rector Diego Sales, la UCA entregó tarjetas de crédito de empresa a integrantes de su equipo de gobierno que habrían sido usadas “sin control” y generando un gasto “nunca inferior a los 380.000 euros” entre 2007 y 2011, figurando entre los gastos “compras personales”, facturas de restaurantes, consumiciones en bares de copas e “innumerables viajes”.

La UCA defiende que “los abonos realizados se contabilizaron en la aplicación económica, según la naturaleza del gasto y constaron en la orgánica correspondiente que originó el mismo”, y que “el interesado debía solicitar siempre el recibo y la factura necesaria imprescindible para justificar el gasto y realizar posibles reclamaciones, así como concretar su motivación”.

En esta misma línea, sostiene que “los pagos con estas tarjetas contaron, pues, en todo momento con mecanismos específicos de control según la normativa de la propia UCA”, detallando que “mensualmente, se solicitaba desde el Área de Economía a los cargos académicos justificación de los gastos que aparecían en los extractos bancarios”.

“Tras su justificación, se realizaban los documentos contables oportunos”, apunta, remarcando que “existía incluso un documento-guía remitido a los secretarios de los cargos académicos al inicio del ejercicio económico donde se contenían las instrucciones para la contabilización de los gastos de estas tarjetas”.

Recalca que “todos los gastos realizados con las tarjetas pasaban un control procedimental de justificación igual al que se hace respecto de gastos efectuados sin abonar con ellas, ajustado a lo dispuesto en la normativa de la propia UCA”.

Expone que, “en ningún caso” estos pagos “constituyen un sobresueldo, puesto que siempre se utilizaron por razón del cargo y no se tratan, en consecuencia, de tarjetas personales”. Así, las adquisiciones institucionales “se encuentran identificadas, codificadas y, en su caso, inventariadas”.

Durante los ejercicios 2007 a 2011, la UCA “se sometió, como es preceptivo, a la auditoría externa de sus cuentas por una empresa independiente”. Esta contabilidad “es objeto de revisión por los órganos de fiscalización previstos en la Ley, como es el caso de la Cámara de Cuentas de Andalucía”.

La UCA explica que la auditoría “se hace para todos los gastos, en todos los conceptos y respectos de todos los ejercicios económicos”, y que “los pagos efectuados con este tipo de tarjetas tienen asignada cuenta corriente específica que aparece como tal en los estados de tesorería de las cuentas anuales, que son revisadas por la auditoría externa, sin que nunca se haya recibido objeción alguna”.

Así, manifiesta que “no correspondía, por tanto, iniciar investigación alguna sobre gastos que están auditados y cuya tramitación ha seguido los procedimientos de control ordinarios establecidos”. La petición de información por parte del Consejo Social de la UCA al respecto “se está atendiendo” por el órgano auditor interno de la UCA.