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Vox amenaza con rechazar el pacto PP-Cs en Andalucía si no se excluye al PSOE

La formación de extrema derecha asegura que "no ha sido incluida" en la negociación de PP y Cs y lanza su lista de exigencias tras el anuncio del acuerdo programático

El partido de Santiago Abascal ha ofrecido su apoyo al PP andaluz para forzar al grupo de Albert Rivera a posicionarse dentro de la coalición de derechas y desligarse del PSOE

Vox reclama la devolución de competencias de Educación y Sanidad al Gobierno central, la repatriación de inmigrantes, la supresión de la Consejería de Igualdad y la derogación de la Ley contra la Violencia de Género y de Memoria Histórica

Vox avisa que el "maltrato" de Cs y el "desprecio" de PP a sus votantes podrían abocar a Andalucía a nuevas elecciones

Vox avisa que el "maltrato" de Cs y el "desprecio" de PP a sus votantes podrían abocar a Andalucía a nuevas elecciones

Minutos después de que PP y Ciudadanos anunciasen un acuerdo programático de Gobierno en Andalucía, la formación Vox ha difundido un mensaje a los medios de comunicación subrayando que "no serán obstáculo para el cambio" de Gobierno en Andalucía, tras 36 años del PSOE en el poder. "Dijimos, y mantenemos, que no seríamos un obstáculo para el cambio. Tampoco seremos cómplices de la continuidad del socialismo en Andalucía con otras siglas", dice el comunicado.

Lo novedoso del comunicado de Vox es que plantea a PP y Cs una especie de ultimátum para cerrar la puerta a cualquier vía de negociación que no pase por ellos o, dicho de otra forma, que busque apoyarse en el PSOE. Es una forma de cortocircuitar la estrategia de Ciudadanos, que quiere evitar apoyarse en los votos de Vox para controlar la Mesa del Parlamento y sacar adelante el Gobierno de coalición con el PP. La formación de Santiago Abascal ha esperado al anuncio del acuerdo programático para aumentar la cizaña entre PP y Cs, asegurando que su apoyo está condicionado a que el PSOE salga de inmediato de la ecuación de posibles pactos parlamentarios y de Gobierno.

Los 12 diputados de la formación de extrema derecha pueden ser claves para que PP y Ciudadanos gobiernen juntos y controlen el órgano de gobierno de la Cámara legislativa, que se elegirá el próximo 27 de diciembre. PP y Cs han dejado fuera de la negociación a Vox, sobre todo por los recelos del partido de Albert Rivera a verse retratados con una formación que tilda de "populista". El partido de extrema derecha ha ido endureciendo su discurso a medida que PP y Cs marcaban distancias programáticas con Vox, incluso han amenazado con una repetición de las elecciones andaluzas si no se tomaban en cuenta sus exigencias.

PP y Cs suman 47 diputados y necesitan, al menos, ocho votos de otra formación para controlar la Mesa y formar Gobierno. Los populares quieren amarrar esos votos pactando con Vox, pero los de Rivera buscan una vía alternativa tratando de convencer al PSOE de que se abstenga y facilite el cambio de ciclo político en Andalucía. "El empeño de Ciudadanos de contar con el PSOE en esta nueva etapa y la sumisión del PP a esta pretensión, en ningún caso contará con los votos de los diputados de Vox en el Parlamento andaluz", dice el comunicado, que reconoce que ambas formaciones "se han negado a incluirnos en la mesa de negociación".

Hasta ahora la formación de Santiago Abascal se ha negado a responder a preguntas de este medio de comunicación en Andalucía y traslada sus mensajes de manera unidireccional, sin someterse al escrutinio de la prensa. En su último comunicado sostiene que "exigirán a cualquier futuro gobierno en Andalucía que rechace el cordón sanitario que algunos pretenden aplicar a Vox, y que condene las amenazas y agresiones que contra Vox alienta la extrema izquierda política y mediática".

El grupo parlamentario que encabeza el juez Francisco Serrano, candidato a la Presidencia de la Junta, ha presentado a PP y Cs sus "exigencias" a cambio de facilitarles el apoyo al futuro Gobierno de Andalucía, aunque muchas de ellas no están al alcance de sólo dos fuerzas parlamentarias, porque requieren un consenso mucho más amplio para reformar el Estatuto de autonomía.

Canal Sur

Entre las medidas reseñadas está "la devolución de las competencias autonómicas de Educación, Sanidad, Justicia y Seguridad al Gobierno de la Nación"; "una reforma estatutaria para conseguir la supresión de entidades que duplican a otras estatales"; "la supresión de agencias administrativas superfluas y la reevaluación de la utilidad y supresión de gran parte de las Agencias Públicas Empresariales, Sociedades Mercantiles con participación mayoritaria de la Junta, Fundaciones y Consorcios de la Junta de Andalucía y Fondos sin personalidad jurídica".

Vox había lanzado hace dos semanas un golpe de efecto anunciando que exigiría "el cierre de Canal Sur", pero de inmediato los partidos políticos andaluces explicaron que la radio televisión pública de Andalucía está blindada en el Estatuto de autonomía. Se necesitan tres quintas partes del Parlamento para modificar esta norma, que tiene rango de ley orgánica, y ni siquiera una mayoría de PP, Cs y Vox alcanzan esa mayoría. Ahora la formación de extrema derecha ha corregido esta propuesta y plantea "la reducción al máximo del gasto público de Canal Sur y la eliminación inmediata de uno de los dos canales de televisión, con el objetivo final de la supresión de la televisión autonómica sustituyéndola por la emisión territorial de TVE". También se propone una medida que está en el acuerdo PP-Cs: "la supresión del 99% de la cuota del impuesto de sucesiones y donaciones" y la "reducción de un 5% en el tramo autonómico del IRPF".

Vox también reclama "pruebas de nivel externas al término de cada ciclo educativo y la expresa autorización de los padres (PIN parental) a que sus hijos reciban actividades o contenidos extracurriculares que tengan implicaciones ideológicas o morales"; la "sustitución de la Ley andaluza contra la Violencia de Género por una Ley de Violencia Intrafamiliar y derogación de la Ley Andaluza de Memoria Histórica"; la "sustitución de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales por una Consejería de Familia y Natalidad"; la "sustitución del PER por un Plan de Fomento del Emprendimiento en el ámbito rural, combatiendo el fraude en las subvenciones"; la "colaboración total con Policía y jueces para repatriar a los inmigrantes ilegales y para combatir a las mafias del comercio callejero ilegal"; y un "plan de apoyo a la tauromaquia y la caza".

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