La última pirueta en torno a El Algarrobico que no sirvió para nada: “Están mareando la perdiz”

El culebrón en torno a la posible demolición de El Algarrobico, el hotel ilegal varado desde 2003 en una playa de Carboneras (Almería), en pleno Cabo de Gata, añade con cada nuevo capítulo una pirueta jurídico-política cada vez más difícil de asimilar. El último ocurrió el pasado 30 de noviembre: la pretensión declarada del equipo de gobierno municipal de acatar las sentencias judiciales y agilizar la reclasificación a no urbanizable del suelo de El Algarrobico (modificando para ello un acuerdo municipal previo) se topó con el rechazo de la mayoría del Pleno.

Fue un batacazo inesperado en un momento en que el ayuntamiento (gobernado desde junio por Felipe Cayuela -PP-) parece ir de la mano de la Junta de Andalucía en pos del derribo de la mole. En los últimos meses, la administración autonómica ha entrado de lleno en el embrollo judicial, y ahora los gobiernos autonómico y local son partidarios de encontrar el camino más recto posible entre tanto meandro judicial. Del otro lado, el PSOE local y el andaluz piden desentrañar la maraña que envuelve al hotel ilegal con paciencia y prudencia, paso a paso, no sea que por cortar por lo sano haya que pagar una indemnización millonaria a la promotora, Azata del Sol.

Desde fuera observan perplejos los ecologistas, para quienes hace tiempo que los papeles que sobrevuelan El Algarrobico encubren una voluntad dilatoria de unos y otros. Llevan dos décadas inmersos en una batalla legal que no ha rozado ni un ladrillo desde que se parara la obra, en 2006. El episodio del Pleno del 30 de noviembre alimenta sus dudas. “Están mareando la perdiz: está claro que los terrenos no son urbanizables”, recalca José Ignacio Domínguez, abogado de los grupos ecologistas. En su opinión, el acuerdo que se votó (y se rechazó) en el pasado Pleno era un trampantojo que oculta el verdadero quid: para demoler, el ayuntamiento tiene que revisar de oficio la licencia de obras que concedió en 2003 y declararla nula. “Y en eso, remolonean”.

Un acuerdo para modificar un acuerdo

Por momentos, este embrollo jurídico recuerda a una gran matrioshka de la que no dejan de salir nuevas muñecas con forma de arcano jurídico. El 30 de noviembre, el equipo de gobierno de Carboneras (ahora del PP) llevó a Pleno una modificación de un acuerdo anterior, adoptado el 26 de abril de 2023, cuando aún era alcalde José Luis Amérigo (PSOE). Con el acuerdo original que ahora se quiere modificar, Amérigo decía estar dando cumplimiento al fin a la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a reclasificar los suelos, al recoger la clasificación como no urbanizables.

Pero el acuerdo de abril también aclaraba que se anula la clasificación “vigente” por “por efectos sobrevenidos”. Y ocurre que esa aclaración no la pedía la sentencia. Para los ecologistas, el exceso tiene truco: hacía descansar la ilegalidad del hotel en las sentencias (los “efectos sobrevenidos”), y no en el hecho de que incumpliera la legalidad desde el principio. “Desde que se publicó el Plan de Ordenación del Cabo de Gata, en 1994, los terrenos están clasificados como protegidos”, subraya Domínguez, que insiste: no hacía falta llevar nada de esto a Pleno.

Los ecologistas están en sintonía con la nueva corporación y la Junta de Andalucía, que se personó en el procedimiento judicial para decir que el acuerdo de 26 de abril es “nulo de pleno derecho”, y lo recurrió. A la vez, la Junta pidió al ayuntamiento (ahora de su cuerda) que lo modifique, suprimiendo las menciones a que se anula la “clasificación urbanística vigente” y la expresión “por efectos sobrevenidos al planeamiento vigente”: la nueva redacción debía limitarse a recoger que el suelo es no urbanizable, tal y como ratificó el Tribunal Supremo en 2018. Y punto. Pero la enmienda no salió adelante.

A favor de modificar el acuerdo votaron los seis concejales del PP; en contra, cinco del PSOE; y se abstuvieron el de Ciudadanos y el no adscrito (ex del PSOE). El giro de guion se produce en la arena política, pero refuerza la idea de que en torno a El Algarrobico hay un fenomenal lío jurídico que costará décadas desentrañar, si es que se consigue.

“Siempre supieron que eran terrenos protegidos”

En este punto, cabría preguntarse: ¿qué importa desde cuándo el suelo está protegido, si está claro que lo está? Mucho: la fecha puede valer millones, porque puede ser clave a la hora de dirimir si la promotora tiene derecho a una indemnización, y de quién. Para los ecologistas y la Junta de Andalucía, aquello no es urbanizable desde 1994. No hay caso. “Siempre supieron que eran terrenos protegidos que invadían los terrenos de servidumbre. Hay un escrito del arquitecto de Azata a Costas preguntando por el ancho de la servidumbre y le dijeron que era de 100 metros”, recuerda Domínguez. Además, una sentencia de la Audiencia Nacional cerró ya esta vía.

Pero Azata sigue intentándolo. Mantiene dos pleitos abiertos ante el TSJA en los que busca una compensación, y rastrea cualquier resquicio para sostener que se podía construir hasta que se modificó la normativa de protección por orden judicial, después de que empezara la obra. Si así fuera, podría dirigirse contra Carboneras por conceder una licencia y luego vetar la construcción. Este es el motivo que ha esgrimido siempre Amérigo y el PSOE de Carboneras, pero nunca lo había explicitado hasta ahora. En el Pleno, el exalcalde dijo que este embrollo podría traer “consecuencias muy serias a la corporación”.

Nada más conocerse que no se modificaría el acuerdo, se desató una gresca política en la que el PSOE parte con una mano atada a la espalda por la constatada resistencia de su representante local para cumplir con las sentencias contra El Algarrobico. “Era un paso decisivo para agilizar la demolición de una construcción que ha sido declarada ilegal, que está dañando un tesoro como el Parque Natural y que nunca debió haberse construido. Desde la Junta llevamos años reclamando que se cumplan las sentencias que los socialistas se niegan a ejecutar”, descargó Ramón Fernández Pacheco, consejero de Sostenibilidad.  

Juan Espadas, a quien los ecologistas ya señalaron hace meses con una campaña que no le sentó nada bien, se defendió apelando a la cautela. “El hotel Algarrobico hay que derribarlo y cuanto antes mejor; sobre eso no hay discusión y los socialistas lo tienen muy claro”, dijo. Pero luego añadió que hay que ir con pies de plomo para evitar tener que pagar a la promotora.

El problema para el PSOE es que a veces parece arrastrarlos. En estos 25 años ha gobernado casi siempre la Junta de Andalucía y el ayuntamiento sin encontrar una solución efectiva. Muchos dudan de que la haya buscado realmente. Amérigo es sobrino de Cristóbal Fernández, el alcalde que dio la licencia a El Algarrobico en 2003, condenado en 2007 por un delito electoral, indultado por Zapatero y condenado nuevamente en 2022 por prevaricación.

Por un motivo u otro, mientras fue alcalde Amérigo no fue capaz de cumplir la sentencia firme del Tribunal Supremo de 2018. Incluso pasó un año recibiendo apercibimientos de los tribunales por su resistencia. Solo actuó cuando la multa (y el posible delito de desobediencia) pareció inminente, pero se quedó a medias.

Una revisión de la licencia que aún no se plantea

Los ecologistas denuncian una última jugada. En 2021, Amérigo contrató a dedo al abogado Jorge Muñoz, un exmagistrado que, en 2014, dictó las únicas sentencias (entre 50) que han validado El Algarrobico (luego revocadas). Muñoz presentó su último escrito judicial en representación del ayuntamiento el pasado 19 de octubre. Allí defendía otra vez el acuerdo que cuestionan la Junta, el ayuntamiento y los ecologistas, y negaba cualquier intención de embarrar el camino hacia la demolición del hotel. Jorge Muñoz presentó el escrito supuestamente sin el conocimiento de la nueva corporación (que ahora defiende la postura contraria) y con el contrato de asesoría jurídica expirado desde al menos un mes antes.

Domínguez, el abogado de los ecologistas, lleva pleiteando contra El Algarrobico desde hace veinte años, y hace ya tiempo que tiene la sensación de que todo es un teatro. Insiste en que el Pleno del otro día en realidad era “una maniobra de distracción”, porque hace tiempo que está claro que allí no se podía construir, y así está declarado por sentencia. “El ayuntamiento puede decir misa: es discutir tonterías”, dice.

En cambio, “sí tiene obligación de revisar la licencia”. Eso solo puede hacerlo el consistorio y así se lo exige una sentencia firme. Y eso es lo que sigue sin llevarse a Pleno, por más que lo hayan requerido los tribunales. Contra el criterio de los ecologistas, el ayuntamiento sigue condicionando ese paso a solventar la reclasificación del suelo, lo que parece indicar que cuando se desate este nudo, vendrá otro, y quizá otro, mientras El Algarrobico observa todo imperturbable, quién sabe hasta cuándo.