Las ayudas del alquiler traen inseguridad e incertidumbre: “Esto no es una guerra entre inquilinos y arrendadores”

“¿A las personas que no tienen ni para hacer la compra se les va a pedir que se endeuden?”, se pregunta María Barrero. Esta investigadora en Estudios Urbanos de la Universidad de Sevilla advierte de la debilidad de las medidas aprobadas por el Gobierno para apoyar a los inquilinos más vulnerables por la crisis sanitaria del coronavirus.

El Ejecutivo ha suspendido los desahucios durante un periodo de hasta seis meses desde la finalización del estado de alarma y ha dado una prórroga extraordinaria a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Además, ha impulsado un programa de microcréditos, sin comisiones ni intereses, para aquellos inquilinos más necesitados.

“[Las medidas] inciden en la vulnerabilidad e implican endeudamiento”, dice el portavoz del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Málaga, Curro Machuca. El colectivo ve “intolerable que las personas mayormente afectadas por la crisis tengan que seguir pagando alquileres inflados por la especulación, a costa de endeudarse”. Coincide Laura Ortiz, portavoz del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Córdoba, que espera que lo publicado en el Real Decreto no sea definitivo.

 “Es una ayuda amplia”

Guillermo Bellouard, coordinador de la asesoría jurídica de la Oficina de Derechos Sociales (ODS) de Sevilla, evalúa lo aprobado con optimismo: “Más allá de casos concretos, es una ayuda amplia que puede alcanzar a muchos inquilinos”. Sin embargo resalta que “no es la solución para los problemas más graves de precariedad, sino para gente que tiene una situación más intermedia y, que de repente, no sabe qué hacer para pagar el alquiler”.

La Federación Nacional de Agencias Inmobiliarias (FAI) también valora positivamente las medidas porque garantizan la permanencia en sus viviendas de los inquilinos. También porque el Gobierno han adoptado “tal cual” algunas de sus sugerencias. “Se ha tenido en cuenta a los arrendadores”, resalta el delegado de FAI en Córdoba, José Antonio Blanco. “Al propietario también hay que protegerlo para darle seguridad y garantías de cobro”, apunta el presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Sevilla, Miguel Trujillo. Pero, “los más vulnerables siguen siendo los inquilinos porque no tienen una alternativa habitacional si los echan de su casa”, replica Barrero.

El baile de números

Ni sindicatos de inquilinos e inquilinas ni inmobiliarias se ponen de acuerdo para especificar quién controla el parque de viviendas en España. El Gobierno ha publicado que el 85% de los arrendadores en España son personas físicas, pero según Machuca estos datos “no son reales” ni cuentan con estudios que los respalden. Claudio Hernando, tesorero de FAI y miembro de la Asociación de Gestores Inmobiliarios de la Provincia de Cádiz (GICA), apoya las cifras del Ejecutivo aunque reconoce que “nunca se le ha dado importancia” a esta información. Es ahora, tras la subida del precio del alquiler en muchas ciudades, cuando los sindicatos de inquilinos demandan esos números.

“Esto no es Madrid o Barcelona”, dice Trujillo que cree que las viviendas en manos de multipropietarios o fondos buitres son “un reducto” en Sevilla, Cádiz o Córdoba. Barrero objeta: “En Andalucía la concentración rentitsta es bastante gorda”. Pero, ¿qué se considera un gran tenedor?

Para el Gobierno un gran tenedor es aquella persona que cuenta con más de 10 inmuebles urbanos, excluidos garajes y trasteros. Esta estimación equipara al propietario de una única vivienda con aquel que tiene 8, por ejemplo. “Sin contar las que aparecen en sociedades o en las que puedan estar a nombre de un familiar”, especifica la investigadora. Barrero califica de “deleznable y populista” la acción del Ejecutivo que, a pesar de tener las herramientas para aclarar las cifras, “prefiere mantener el bulo de que la mayoría necesita de los ingresos del alquiler para comer”.

Desde el otro lado argumentan que no todos los propietarios pueden prescindir de los ingresos del alquiler. “Hay mucha inseguridad y existe mucho miedo ahora mismo”, expresa Trujillo en relación a los particulares que no saben si cobrarán sus mensualidades. “Esto no es una guerra de inquilinos contra arrendadores”, recalca Machuca que pide el amparo estatal para las personas que necesiten de la renta de su única vivienda para cubrir sus necesidades básicas. Y avisa: “La gente que está siendo portavoz de los pequeños propietarios, no son pequeños propietarios y eso es sintomático”.

El Estado como avalista

La opción de los microcréditos es “echar el balón para adelante”, según Trujillo. Desde FAI eran partidarios de una ayuda directa del Estado. “Lo ideal es que esas personas no se tengan que endeudar y que el Gobierno hubiera ayudado al pago de esos alquileres”, dice Hernando.

Bellouard, a título personal, podría servirse de estos microcréditos a sabiendas de que suponen un endeudamiento. El abogado de la ODS puede hacer frente a ese escenario porque espera recuperar su capacidad económica tras la crisis sanitaria. Sin embargo, Barrero explica que se ha confiado en que los más vulnerables “tengan un ascenso social y económico para pagar el alquiler y la deuda” una vez finalice el estado alarma. Algo que cree improbable.

La nueva línea de avales podrá ser devuelta en un periodo de 6 años, prorrogables otros 4. Ante la imposibilidad de asumir el pago, el Estado se hará cargo de la factura. Es decir, el contribuyente. “Los bancos tienen que tener más responsabilidad. No están saliendo para nada perjudicados”, apunta Bellouard. “Se vuelve a una situación como pasó en la anterior crisis cuando son los más vulnerables los que más sufren mientras que papá Estado ampara a los rentistas y a los grandes empresarios”, añade Barrero.

Pero desde el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas en Córdoba se apuesta por que la administración responda con los propios impuestos que gravan a la banca, o bien de la deuda de 65.000 millones de euros que las entidades financieras contrajeron por el rescate al que fueron sometidas.

“Es hora de rescatar a las personas”

Con el Gobierno optando por medidas moratorias, distintos sindicatos de inquilinos y otras plataformas han coordinado una huelga del alquiler que defiende la suspensión de los pagos hasta que se supere la situación de la COVID-19. “Es hora de rescatar a las personas. Es el momento de confinar privilegios”, reclaman.

Desde la organización explican que fondos buitre, socimi, bancos e inmobiliarias no tendrían problemas en asumir los costes de esta tregua. Mientras la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, apela al esfuerzo de todos, Ortiz incide en que son los grandes propietarios y las entidades financieras las que “tienen que arrimar el hombro”. Por ello la portavoz del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Córdoba apoya la huelga. “Una forma de salvaguardar la justicia social es impedir el crecimiento [económico] a costa de la pobreza de otros”.

“El objetivo de la huelga es dar cobertura colectiva a un montón de casos individuales. Es un paraguas de apoyo político para toda la gente que se ha quedado en una situación de vulnerabilidad extrema”, apunta Machuca. Al cierre de este reportaje, unas 12.000 personas habían secundado una acción, según datos del colectivo, que ya se utilizó por ejemplo en Sevilla durante las décadas de 1920 y 1930. “Parece que esto es una cosa súper radical, pero es una herramienta colectiva que se lleva usando desde hace más de un siglo”, apunta Barrero. La consigna desde los sindicatos de Inquilinos e Inquilinas es clara: “Si no cobramos, no pagamos ni tampoco nos endeudamos”.