El crimen de Armilla reabre el debate sobre un Pacto de Estado contra la violencia de género
Este martes el juez decretaba el ingreso en prisión del hombre de 70 años que ha confesado haber matado con un hacha a su mujer, de 68; comenzaba el primero de los tres días de luto oficial decretados en Huétor Vega, de donde era, y Armilla, donde la mataron; y se reabría el debate sobre la necesidad de un Pacto de Estado contra la violencia de género.
Lo planteaba el senador del PSOE por Andalucía Francisco Menacho porque “es hora de ponernos todos a remar en la misma dirección”. En esta línea, ha subrayado que hay que dejar de usar la violencia “políticamente” por parte de los partidos. En este sentido, entiende que ese pacto tiene que dar como resultado que “gobierne quien gobierne se vayan a cumplir siempre”. Por ello, debe tener “unos mínimos dirigidos a la detección del problema, a darle respuesta y sobre todo, a trabajar en la prevención”.
De igual modo, el senador del PSOE por Andalucía ha afirmado que se trata de “una lacra social inconcebible que desgraciadamente es noticia cada semana”, por lo que urge “poner todos los recursos para que no haya ni una muerte más”, después de la de esta mujer de la provincia de Granada que se ha convertido en la víctima 24 en lo que va de año, mientras otros siete casos todavía investigados podrían elevar la cifra a 31 asesinadas.
Por su parte, el coordinador general de IU en Andalucía. Antonio Maíllo, ha exigido que el debate de la violencia de género se convierta en “una cuestión de estado” y ha hecho un llamamiento a la sociedad civil para que se movilice “de manera activa”, como cuando se había contra el terrorismo de ETA. De igual modo, ha instado a la Junta de Andalucía a actuar con medidas legislativas.
“Esto es un problema de estado que hay que combatir. (...) El precio de la libertad de las mujeres no puede ser el de la muerte ni el precio de la vida puede ser el de la sumisión”, ha continuado el líder de IU. Por ello, ha incidido en la necesidad de que “haya mucha coordinación institucional, se elimine el galimatías judicial al que se ven abocadas las mujeres que son víctimas de la violencia de género y sobre todo que haya un ambiciosa política educativa, que modifique los roles y esa perversa ecuación de vincular lo masculino a lo violento”.
