El alcalde de Carboneras responsabiliza al gobierno municipal del PSOE de la gestión en El Algarrobico

El alcalde de Carboneras (Almería), el independiente Salvador Hernández, ha asegurado en su declaración ante la jueza que las decisiones con respecto al paraje de El Algarrobico por las que se le imputa una presunta prevaricación se adoptaron bajo mandato del exregidor del PSOE Cristóbal Fernández en 2009 y ha remarcado que, durante el pleno en el que se aprobó la normativa urbanística que lo mantiene como urbanizable, se encontraba en la oposición y votó en contra.

Hernández, quien ha respondido a las preguntas de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vera en ausencia de la acusación particular ejercida por Ecologistas en Acción, ha señalado, con respecto a la imputación de desobediencia, que ninguna de las sentencias judiciales en firme por la vía de lo contencioso-administrativo que declarar el paraje como no urbanizable y de especial proyección ordenan al Ayuntamiento que tramité su cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

“Yo me atengo y me atendré siempre a lo que digan los jueces pero si me lo solicita un grupo ecologista, yo respeto su petición, pero es de obligado cumplimiento”, ha afirmado en declaraciones a Europa Press el regidor, quien ha expresado estar “tranquilo y bien” tras prestar declaración en sede judicial.

En esta línea, ha reiterado que el delito de prevaricación que se le imputa “no se me puede atribuir a mi”. “Habría que pedirle explicaciones al anterior alcalde, Cristóbal Fernández, porque la adaptación de las Normas Subsidiarias (NNSS) a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía se hizo en un pleno en 2008, bajo su mandato”, ha trasladado para, a continuación, remarcar que él “como concejal en la oposición, voté en contra”.

El citado acuerdo de pleno, del que deriva la normativa municipal en vigor en la que el sector ST-1 donde se asienta el hotel de Azata del Sol aparece como urbanizable, provocó que cuatro meses después de su aprobación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) resolviese prohibir a Fernández que acometiese actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le advirtiese de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia ya que, como medida cautelar, había ordenado que se restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable.

Por su parte, el letrado del regidor carbonero, Simón Venzal, ha indicado a Europa Press que la jueza ha requerido al Ayuntamiento diversa documentación urbanística referente al sector ST-1 que obra ya en los múltiples procedimientos contencioso-administrativo en los que se dirime la legalidad o no del establecimiento hotelero de una veintena de plantas y 411 habitaciones.

Una vez se practique esta diligencia de prueba y a la vista de la declaración prestada por su patrocinado, Venzal ha trasladado que espera que la jueza instructor de la causa proceda a acordar el sobreseimiento de las actuaciones.

DENUNCIA FISCAL

El fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla, formuló en julio de 2012 denuncia contra Hernández a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, que considera que el regidor “hace caso omiso” de las resoluciones judiciales en torno a El Algarrobico.

En concreto, denunció que no ha modificado la calificación de urbanizable que el paraje tiene en la normativa urbanística municipal ni ha procedido a revisar de oficio el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras para el establecimiento de 411 habitaciones y una veintena de plantas.

Tras la denuncia interpuesta por el colectivo conservacionista, el Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación que derivaron a su vez en la judicialización de las actuaciones.

La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad a que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la Ley de Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días, adoptase las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.

En esta línea, señalaba que, por una parte, el Ayuntamiento se “negaba” a “adaptar” el Plan Parcial y la licencia de obras al ancho de servidumbre de 100 metros “como le ordena el Tribunal Supremo en su sentencia de marzo de 2012” y que el regidor “también desobedecía” el fallo del TSJA que devolvió al Algarrobico el nivel de protección que tenía en 1994 y restó validez legal al cambio que realizó la Junta en 1996 al considerarlo “una triquiñuela para poder construir el hotel”.

“A pesar de las numerosas resoluciones en contra, el Ayuntamiento de Carboneras continúa dando validez a este cambio sin expediente alguno e interpreta con absoluta mala fe que las resoluciones judiciales le ordenan seguir manteniendo la clasificación de área urbanizable, a sabiendas de que lógicamente las resoluciones judiciales ordenan lo contrario”, según explicaba el colectivo conservacionista.