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Las cifras del caso ERE


La juez retoma el caso de los ERE con un jefe de servicio que no declarará

La jueza de instrucción Mercedes Alaya

Aún son muchas las preguntas sin responder en la investigación que dirige la jueza Alaya. Estas son las cifras del caso que se conocen hasta ahora.

Nueve años, entre 2001 y 2010, es el periodo investigado por Alaya, en el que la Junta distribuyó ayudas para reestructurar empresas en crisis y financiar expedientes de regulación de empleo.

734,2 millones es el total de euros repartidos a través de dichas ayudas sociolaborales, en la partida 31L que se investiga, según un informe de la Cámara de Cuentas. De ellos:

560 millones se destinaron a financiar expedientes de regulación de empleo.

Unos 6.400 trabajadores andaluces han sido beneficiarios de estas ayudas a los ERE.

De estos 6.400, y tras revisar el 100% de los expedientes, la Junta asegura que 235 personas se han localizado como beneficiarios irregulares.

Y de los 235, se han detectado 71 intrusos en expedientes de regulación de empleo.

Según la instrucción, son 144 millones de euros los defraudados.

17,2 millones suma el dinero defraudado en la financiación de ERE (por los 235 irregulares), de los que 5,3 millones o se han devuelto voluntariamente por los implicados o están en apremio (en manos de Hacienda).

50 millones de euros han sido los desviados en comisiones indebidas a las aseguradoras, según la Guardia Civil.

La Guardia Civil calcula 73,8 millones en ayudas irregulares o con procedimientos no ajustados a derecho a empresas.

En total hay 116 imputados:  más de una veintena de exaltos cargos de la Junta, entre ellos, exconsejeros de Economía y Empleo: Magdalena Álvarez y Antonio Fernández.

4 encarcelados en la primera fase de investigación. Francisco Javier Guerrero, (director general ente 1999 y 2008. Salió tras depositar una fianza de 50.000 euros (originalmente eran 250.000). Antonio Fernández, (consejero de Empleo entre 2004 y 2010). Salió tras depositar una fianza de 450.000 euros. Juan Francisco Trujillo, chófer de Guerrero, que salió sin depositar fianza, que inicialmente se había fijado en 150.000 euros y luego se rebajó a 75.000. Juan Francisco Algarín (presunto testaferro de los ERE, a quien la juez ha dejado en libertad sin fianza).

7 encarcelados en la segunda fase de investigación. Francisco Javier Guerrero, de nuevo en prisión preventiva y sin fianza. Antonio Albarracín, exdirectivo de la empresa mediadora Vitalia, en prisión preventiva y sin fianza. Juan Lanzas, presunto 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT. Ismael Sierra, cuñado de Lanzas. Eduardo Leal del Real, presunto testaferro de los ERE. Eduardo Pascual y María Vaqué (exdirectivos de la empresa mediadora Vitalia).

Permanecen en prisión 3 personas: Pascual, Vaqué y Lanzas.

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