El presidente andaluz presume de gestión en el coronavirus pese a acumular rectificaciones y tropiezos

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, asegura que una de las razones por las que en Andalucía hay menos incidencia del coronavirus es porque “hemos tomado medidas por delante”. Lo ha dicho recientemente en una entrevista en Onda Cero y lo lleva repitiendo, tanto él como los portavoces del Gobierno andaluz, como un mantra al tiempo que arrecian las críticas al Gobierno central. Es más, la Junta de Andalucía ha llegado a pagar publirreportajes que ensalzaban su gestión frente a la del Gobierno central en muchos medios de comunicación, bordeando la publicidad ilícita.

Andalucía suma ya 12.048 contagios (casi un tercio entre el personal sanitario) y 1.207 fallecidos. Aún así, sigue siendo de las comunidades autónomas más pobladas -8,4 millones de habitantes- con menor incidencia. Sin embargo, científicos y expertos explican la resistencia de Andalucía a la pandemia desde distintas perspectivas y sumando muchas causas: el clima, la dispersión territorial, la fortaleza de la sanidad pública, incluso el nivel de renta media. La Junta admite todas estas variables, pero también repite machaconamente que su gestión fue “anticipada”, “mejor que la de otros territorios, mejor que la del Gobierno central”. Es más, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, sostiene que llegaban más experimentados y preparados gracias a la gestión de la alerta sanitaria por el brote de listeriosis (una bacteria conocida) en la carne mechada, que se saldó con tres muertes, siete abortos y más de 200 infectados. Pero la situación en países como Portugal, donde la incidencia está siendo similar a la española en términos norte sur, ponen en cuestión dicho mantra.

El 2 de febrero, dos días después de que el Centro Nacional de Microbiología confirmara el primer caso de coronavirus en España (en La Gomera), el consejero de Salud andaluz, Jesús Aguirre, hizo una llamada a la calma: “Tenemos mascarillas, guantes, está todo controlado si llega el coronavirus. Tenemos perfectamente articulada la estrategia si hay primeros casos, los sitios adonde irían los aislamientos, el estocaje. Está todo preparado y ojalá no lo tengamos que utilizar”. 24 días después, el 26 de febrero, Aguirre confirmó el primer caso de la COVID-19 en Andalucía, el primero detectado en la península. Y como se ha podido ver después, el material en stock no ha sido suficiente porque la ola de la pandemia era demasiado alta. 

Esa carrera política por ser el mejor en la contención del virus y el más rápido en la desaceleración de contagios está siendo común a casi todos los gobiernos autonómicos, pero Andalucía ha sido una de las que más bandera política ha hecho de ello. El problema es que la gestión andaluza no ha estado exenta de tropiezos y rectificaciones provocados por la precipitación en la toma de decisiones. Los mismos que ha criticado al Gobierno de España. He aquí un repaso de algunos ejemplos recientes:

“Retiren las mascarillas”

El pasado 17 de abril, el Gobierno central ordenó la retirada urgente de cientos de miles de mascarillas defectuosas que ya había distribuido entre las comunidades. Se trataba de material de protección especial para el personal sanitario. A Andalucía habían llegado 68.400 unidades de la empresa Galaxy Garry, unas 40.000 ya estaban en circulación cuando el Ministerio de Sanidad alertó del fallo. La Junta explicó con detalle que había localizado 10.410 mascarillas defectuosas que habían sido usadas por médicos y enfermeros y, sin determinar cuántos afectados había, anunció que todos serían aislados y sometidos a la prueba PCR de detección del coronavirus.

El incidente inspiró duras críticas de la Junta contra el Gobierno central por poner en riesgo al personal sanitario andaluz, que ya sufre una tasa de contagio muy superior a la media (28%). “Andalucía ha demostrado su capacidad de anticipación, su talento y agilidad para diseñar materiales que son referencia nacional y mundial. En un tiempo récord, Andalucía fabrica sus propios materiales e incluso los cede a otras comunidades”, dijo entonces el vicepresidente de la Junta, Juan Marín.

Una semana después se hacía público que el Sistema Andaluz de Salud (SAS) también había adquirido mascarillas defectuosas a una empresa china a través de dos proveedores andaluces -36.300 unidades-, las había repartido entre hospitales de Málaga, Granada, Cádiz y Córdoba, y más de 20.000 unidades seguían en circulación cuando saltó la alarma. Esta vez la reacción fue de perfil bajo: la Junta aseguró que ni podía confirmar cuántas mascarillas defectuosas se habían usado ni cuántos sanitarios serían aislados. “Nadie estaba preparado para una epidemia de estas características”, admitió Aguirre en su última comparecencia en el Parlamento.

El avance del coronavirus en España y el grado de preocupación de las autoridades sanitarias empezó a correr tan rápido, que las decisiones de los gobiernos cambian bruscamente de un día para otro, a veces con un margen de horas. También ocurre con las duras críticas que la Junta de Andalucía dirige a diario contra el mando único del Gobierno central y su coordinación de la crisis, que se le vuelven en contra con la misma intensidad con que fueron lanzadas: el caso de las mascarillas defectuosas es el último, pero también sucedió con el “cierre de la compra” de test rápidos defectuosos a una empresa de China. 

Desconfinamiento en la Junta

Las competencias de la Junta de Andalucía están limitadas desde que se decretó el estado de alarma, el pasado 14 de marzo, pero la gestión directa de la crisis sigue dependiendo del Gobierno autonómico, que puede tomar muchas decisiones no sujetas al mando único. Por ejemplo, adelantar el desconfinamiento de cientos de empleados públicos del Ejecutivo, un anuncio que fue modificado a las pocas horas de pronunciarlo el vicepresidente Marín.

La protesta de los sindicatos de la función pública y del personal laboral obligó a la Junta a rectificar y limitar el regreso al trabajo presencial a los altos cargos “políticos”. En relación al personal de confianza, se aplicó una directriz más flexible, con muchas excepciones. Entre el primer anuncio y la rectificación pasaron unas 24 horas en las que se generó incertidumbre y recelos en la plantilla laboral de la Junta, porque desconocían si tenían que volver y en qué condiciones de seguridad.

De “parar el país” a la “excesiva precipitación”

Durante las últimas siete semanas de confinamiento, la Junta ha seguido dando pasos adelante y atrás en la gestión de la crisis, corrigiendo algunas decisiones, anuncios o propuestas. En el inicio de la crisis sanitaria, el 10 de marzo, el presidente andaluz Juan Manuel Moreno aún barajaba la celebración de las procesiones de Semana Santa. “A esta hora, en Andalucía, no hay razones motivadas” para adoptar decisiones como las adoptadas en Madrid, País Vasco o La Rioja “en cuanto a suspender clases o peligrar acontecimientos públicos como la Semana Santa o el Festival de Cine de Málaga. Hay que actuar con la máxima serenidad posible”. Cuatro días después proponía “suspender la Semana Santa para frenar el coronavirus”.

La semana siguiente el debate político giró en torno a la necesidad de frenar la economía para contener el virus, algo que reclamó la oposición y algunos líderes autonómicos al Gobierno. El 22 de marzo, Moreno defendió por televisión un “confinamiento completo, no a medias” que implique “parar el país salvo los servicios esenciales”, y propuso “el cierre de puertos y aeropuertos salvo para el tráfico de mercancías y un control estricto en la verja de Gibraltar”.

Unos días después, el 29 de marzo, Sánchez paraliza la actividad económica no esencial hasta el 9 de abril (incluidos los días de Semana Santa). El presidente andaluz vuelve a aparecer por televisión para criticar la “excesiva precipitación” del decreto que endurece las medidas de confinamiento. “Anunciarlo con menos de 36 horas de anticipación y en pleno fin semana no permite a las empresas aplicar con todas las garantías una medida de este tipo. Hay actividades que no pueden pararse de la noche a la mañana”, dijo. El Gobierno terminaría aprobando una moratoria para no paralizar la economía de golpe.

Colegios cerrados, colegios abiertos

El pasado 10 de marzo, cuatro días antes del estado de alarma y con poco más de cien contagios de coronavirus detectados en Andalucía, los medios de comunicación preguntaron al portavoz de la Junta, Elías Bendodo, si barajaban el cierre total de colegios, guarderías y universidades, como acababa de anunciar la comunidad de Madrid, la región con mayor incidencia del coronavirus. Bendodo lo descartó, apeló a la “tranquilidad” y al “sentido común”. “Las decisiones que se han tomado en Madrid, a día de hoy, no tienen por qué trasladarse a Andalucía, donde el impacto es mucho menor”, dijo.

Al día siguiente, el 11 de marzo, eran ya cuatro las comunidades que habían anunciado la suspensión de las clases presenciales: Madrid, Cataluña, País Vasco y Galicia. Marín compareció de urgencia para anunciar la clausura “preventiva” de los centros de día para mayores, pero volvió a descartar el cierre de colegios e institutos. “De momento, no. Tranquilidad”, insistió.

El 12 de marzo, Pedro Sánchez compareció por televisión a las cuatro de la tarde para anunciar una batería de medidas más radicales frente al avance de la pandemia, entre ellas, el cierre inmediato de todas las escuelas y universidades del país. En ese momento era una “recomendación” del Ejecutivo central, porque faltaban dos días para que se decretase el estado de alarma en el país y el Ministerio de Sanidad asumiera el mando único en la coordinación de la crisis sanitaria. En las horas siguientes al anuncio de Sánchez, todas las comunidades irían comunicando que adoptaban su propuesta. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, compareció por televisión a las 20.30 horas y ordenó el cierre de todos los centros educativos, dando un volantazo a la decisión que su Gobierno mantenía 24 horas antes.

Hace unos días, Moreno explicó en la Cadena Ser su interés por reabrir los colegios el 15 de mayo, algo que desató una inmediata incertidumbre e inquietud en la comunidad educativa -dos millones de alumnos y más de 100.000 profesores. Tres horas después tuvo que rectificar. “La decisión depende del Gobierno, que tiene el mando único”, escribió en su cuenta de Twitter para intentar zanjar una polémica que él mismo había provocado. 

Mando único, gestión autonómica

Al ciudadano de a pie, la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus le llega de forma confusa, porque el reparto de competencias en el Estado de las autonomías no es algo que toda la población entienda. Y cuando el Ejecutivo central ha asumido el mando único, ese reparto se ha vuelto más confuso. El mando único lo ostentan cuatro ministerios, pero en realidad es Sanidad quien tiene la última palabra. Su voz coordina al resto de departamentos y, en un segundo escalafón, a las comunidades y a los ayuntamientos. Pero los gobiernos regionales tienen mucho margen de autonomía aún, de ellos depende la gestión directa de la crisis, la toma de decisiones, en algunos casos compartida con Moncloa, en otros casos no necesariamente.

La versión política que le llega al ciudadano es que los aciertos son asumidos por los gobiernos autonómicos y los errores o las críticas son computables al Gobierno de la nación. La Junta también se ha pasado siete semanas forcejeando con los alcaldes y con los medios de comunicación, negándoles los datos de contagios por municipios, alegando que el Ministerio de Sanidad se lo prohibía. Otras comunidades y ayuntamientos del PP, como Madrid, sí lo estaban haciendo. Lo que era una prohibición, finalmente se reconoció como “recomendación” el pasado viernes en el Parlamento andaluz, donde el Moreno cedió a revelar esos datos y conminó expresamente al consejero de Salud a difundirlos a partir del lunes 27.

En Andalucía, quien pilota la estrategia de contención del virus es el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que ha asumido en primera persona “toda la responsabilidad de los errores que cometemos” pero sin abandonar el consabido mantra de la “anticipación” y “lo hemos hecho mejor” que el Gobierno central y que ha asumido todo el Gobierno andaluz. A pesar de que ese mismo discurso, en muchas ocasiones ya se les haya vuelto en contra.