Apolíticos: el mito y la trampa de vivir al margen de la política
Con el adelanto de las elecciones al Parlamento de Andalucía, se abre un nuevo proceso electoral que no todo el mundo vive con igual interés. Mientras algunas personas están atentas al debate político, otras asisten con distancia o desafección. De estas últimas, las que siempre me han parecido una especie de oximorón son las que se definen como “apolíticas”. Y casi siempre, tras esa etiqueta, aparece la misma frase: “todos son iguales, ¿para qué votar?”
La afirmación no es nueva, pero sí preocupante. No solo por lo que dice, sino por lo que implica: una renuncia silenciosa a participar en la construcción de lo común. Pero ¿es realmente posible ser apolítico?
Si acudimos al origen de la palabra, “política” proviene del término griego polis, que hacía referencia a la ciudad, a la comunidad. La política, en su sentido más básico, es el arte de gestionar la vida en común, de organizar los asuntos públicos. No se limita a partidos, parlamentos o campañas electorales, atraviesa toda la estructura de nuestra convivencia.
Y aquí surge una constatación difícil de esquivar: prácticamente cada aspecto de nuestra vida está condicionado por decisiones políticas. El precio del transporte que utilizamos a diario, la calidad de la educación que reciben nuestros hijos, los impuestos que pagamos, el salario mínimo, los derechos civiles, las leyes sanitarias… todo ello es resultado de decisiones tomadas en espacios políticos. Entonces, ¿cómo se puede ser realmente apolítico?
Incluso la inacción es una forma de acción. Cuando una persona decide no implicarse, no participar, no está al margen del sistema: está influyendo en el resultado final o, al menos, permitiendo que otros decidan por ella. Decirse apolítico es, en cierto modo, declarar que no nos interesa la sociedad en la que vivimos, que no nos importa el rumbo del mundo que habitamos. Pero esa indiferencia no nos coloca fuera de la política, nos sitúa, más bien, en una posición pasiva dentro de ella. Hasta la indiferencia es política.
En este sentido, resuena con fuerza una cita atribuida a Machado: “si no nos involucramos en la política, alguien más lo hará por nosotros”. Más allá de la literalidad, esta cita encierra una verdad profunda: la política es una actividad de la que resulta muy difícil sustraerse, porque está presente en casi todos los ámbitos de la vida humana.
Ahora bien, muchas de las personas que se declaran apolíticas no lo hacen por desconocimiento del término, sino por desafección. Y es aquí donde aparece la consigna de “todos son iguales”. Esta afirmación, aunque comprensible desde el cansancio o la frustración, no resiste un análisis riguroso.
Una de las formas más claras de desmontarla es observar los hechos. No los discursos, no las promesas, sino las decisiones concretas que se toman en los parlamentos. Cuando los representantes políticos votan, dejan rastro de sus prioridades, de sus valores y del modelo de sociedad que defienden.
Y si miramos con atención, las diferencias son evidentes. Existen posiciones claramente distintas en cuestiones claves como la economía, la sanidad, la educación o los derechos civiles. No es lo mismo un modelo que prioriza la privatización de servicios que otro que apuesta por el fortalecimiento de lo público. No es lo mismo reducir impuestos a determinados sectores que aumentar la inversión en políticas sociales. No es lo mismo ampliar derechos que restringirlos.
Un ejemplo cercano lo encontramos en el ámbito de la sanidad en el Parlamento andaluz. En los últimos años, se han producido votaciones relacionadas con el aumento de conciertos con la sanidad privada para reducir listas de espera. Algunos partidos han defendido estas medidas como una forma eficaz de responder a la demanda asistencial. Otros, en cambio, han advertido del riesgo de debilitar el sistema público al desviar recursos hacia empresas privadas.
Más allá de la valoración que cada cual haga, lo relevante es que no estamos ante decisiones iguales. Las consecuencias de estas políticas afectan directamente a la vida de las personas: a cuánto tiempo esperan para una intervención, a la calidad del servicio que reciben, a la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Por eso es importante ser conscientes de qué implica que un político vote en una dirección o en otra. No se trata solo de una opción técnica, sino de una apuesta por un determinado modelo de sociedad, sustentado en unos valores concretos.
Cuando se instala la idea de que “todos son iguales”, se produce un efecto especialmente peligroso: se diluye la responsabilidad individual y colectiva. Si nada cambia, si todo es lo mismo, entonces cualquier opción parece irrelevante. Y en ese terreno fértil crecen fenómenos preocupantes.
La desafección generalizada abre la puerta al populismo autoritario. Una ciudadanía que percibe que la política convencional no ofrece alternativas reales se vuelve más vulnerable a discursos simplistas, a figuras que prometen “romper con todo”, a soluciones rápidas que, en muchos casos, terminan erosionando aún más las instituciones democráticas. La historia reciente, dentro y fuera de nuestras fronteras, ofrece ejemplos suficientes de este riesgo.
Frente a esto, la respuesta no pasa por idealizar la política ni por negar sus fallos. La crítica es necesaria y saludable. Pero una cosa es criticar y otra muy distinta es desentenderse. Participar, informarse, comparar propuestas, analizar decisiones… todo ello forma parte de una ciudadanía activa y responsable.
En un momento como el actual, con unas elecciones adelantadas en el horizonte, quizá la pregunta no sea tanto si los políticos son iguales, sino qué tipo de sociedad queremos construir y qué decisiones contribuyen a ello. Porque, al final, votar no es solo elegir representantes, es posicionarse, aunque sea de forma imperfecta, ante el devenir colectivo.
Y entonces, la cuestión que queda en el aire es inevitable: si sabemos que las decisiones políticas influyen en cada aspecto de nuestra vida, ¿podemos permitirnos realmente ser apolíticos?
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