¿Estamos protegiendo a nuestros jóvenes o estamos eludiendo una regulación digital necesaria?

Recientemente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto una medida que ha encendido el debate público: prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La iniciativa busca proteger la salud mental de los adolescentes y la preocupación no surge de la nada. Cada vez son más los estudios que relacionan el uso excesivo de redes sociales con ansiedad, depresión, problemas de sueño, baja autoestima o descenso del rendimiento académico. El cerebro adolescente, particularmente sensible a la validación social inmediata y al rechazo, responde con intensidad a estímulos como los 'likes', configurando patrones de recompensa que se asemejan a los de otras conductas adictivas.

No es casualidad. No es un efecto colateral. Es un diseño intencional orientado a maximizar el tiempo de permanencia y el lucro desmedido. Las grandes plataformas digitales no son meros espacios de interacción social: son modelos de negocio basados en la extracción de datos y la captura de atención. Cuanto más interactuamos, más información cedemos; cuanto más tiempo permanecemos conectados, mayor es el valor publicitario generado. Esto crea un incentivo perverso: cuanto más compulsivo sea el uso, cuanto más dependiente sea el usuario, mayor será el beneficio económico para estos nuevos 'tecnofeudos'.

Por tanto ¿es razonable exigir autocontrol a adolescentes en un entorno deliberadamente construido para capturar su atención? ¿No sería más lógico cuestionar también las reglas del sistema en el que participan y exigir responsabilidad a corporaciones con una capacidad tecnológica y financiera sin precedentes?

Si un medicamento presenta efectos adversos graves, la agencia reguladora interviene. Si una empresa alimentaria pone en riesgo la salud pública, se imponen sanciones o cierres. Si una compañía automovilística detecta fallos de seguridad, se obliga a retirar vehículos del mercado. Sin embargo, las plataformas digitales actúan con absoluta impunidad, siendo ya evidentes los efectos adversos que genera su modelo de negocio.

Esto no significa que limitar la edad carezca de sentido, aunque la controversia generada resulta llamativa si la comparamos con otras limitaciones de edad que asumimos con naturalidad. Nadie cuestiona seriamente que no se pueda conducir sin licencia, votar antes de cierta edad o comprar alcohol y tabaco siendo menor. Las sociedades establecen restricciones para proteger etapas vulnerables por razones de madurez y seguridad. Pero los límites, aunque necesarios, resultan insuficientes si no se acompañan de medidas estructurales. De lo contrario, el riesgo puede ser desplazar el problema en el tiempo, en lugar de resolverlo.

Necesitamos una mirada más amplia desde donde abordar el problema: ¿cómo equilibrar libertad, protección y responsabilidad en una sociedad atravesada por lo digital?

No es suficiente con prohibir, o incluso podría ser contraproducente. Las prohibiciones han tenido históricamente un efecto paradójico: aquello que se veta despierta curiosidad, deseo de transgresión, una sensación de morbo. Además, la discusión se vuelve más compleja cuando observamos que la relación entre redes y salud mental no siempre es unidireccional. Algunos estudios sugieren que situaciones depresivas previas pueden empujar a los adolescentes a refugiarse con mayor intensidad en estos espacios. ¿Estaremos confundiendo causa y consecuencia? ¿Correlación con causalidad? El problema es más complejo de lo que parece y los problemas complejos no se pueden atacar con soluciones simples.

Necesitamos una mirada más amplia desde donde abordar el problema: ¿cómo equilibrar libertad, protección y responsabilidad en una sociedad atravesada por lo digital? Expertos en educación digital insisten en que el problema no se resuelve solo con una ley restrictiva, hace falta implicar a plataformas, familias y educadores. Establecer límites de edad puede ser prudente, pero educar en pensamiento crítico, gestión emocional y uso responsable resulta imprescindible. Exigir responsabilidad a quienes diseñan el ecosistema digital debería ser ineludible. En este contexto surgen nuevos temores: establecer mecanismos de verificación de edad que impliquen ceder aún más datos personales a las mismas corporaciones tecnológicas que se lucran con nuestro malestar, podría ser como vender el alma al diablo.

Paradójicamente, el marco legal europeo ya contiene herramientas regulatorias importantes: la Ley de Servicios Digitales o la Ley de Mercados Digitales, que busca limitar el poder de las grandes plataformas dominantes y equilibrar el ecosistema digital, pero su implementación avanza con lentitud, dando la sensación de que todas estas normativas no se están traduciendo en respuestas firmes que nos hagan presagiar que nuestros entornos digitales son confiables.

Quizás el debate debería ampliarse hacia el fomento de ecosistemas digitales más saludables, en lugar de limitarse a restringir su acceso. Existen alternativas digitales que promueven valores más comunitarios y menos extractivos, como Mastodon, desarrollado por voluntarios, y por la organización sin ánimo de lucro Mastodon gGbmH, aunque rara vez reciben impulso institucional.

Internet nació con aspiraciones de democratizar el conocimiento y generar espacios abiertos de intercambio. Esa dimensión positiva sigue existiendo y merece preservarse

Esto no implica demonizar la tecnología. Las redes sociales ofrecen beneficios evidentes y bien utilizadas son poderosas herramientas: facilitan el aprendizaje, la conexión humana y la participación ciudadana. Internet nació con aspiraciones de democratizar el conocimiento y generar espacios abiertos de intercambio. Esa dimensión positiva sigue existiendo y merece preservarse. La cuestión no es demonizar la tecnología, sino preguntarnos qué modelo digital queremos construir: ¿Queremos entornos digitales diseñados únicamente para maximizar beneficios? ¿Somos conscientes del valor de los datos que cedemos a cambio de interacción? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a delegar el diseño de nuestra vida social en algoritmos cuyo objetivo es retenernos el mayor tiempo posible?

Marta G. Franco, en su libro Las redes son nuestras, recuerda que internet nació como un espacio colectivo y abierto, financiado públicamente y construido por comunidades. Era un espacio común (y puede volver a serlo). Señala como internet fue “expropiada” a través de la extracción de datos personales como modelo de negocio y por la privatización de infraestructuras desarrolladas públicamente. Argumenta que el desarrollo digital es social y político, no solo técnico, e invita a crear redes abiertas, sostenibles y democráticas.

Proteger a los jóvenes no consiste solo en decidir cuándo pueden entrar en el mundo digital. Consiste en preguntarnos qué mundo digital estamos construyendo para ellos. Y esa es una reflexión que no corresponde solo a gobiernos o empresas, sino a toda la sociedad.