El ciudadano Chaves, el índice verde y el código rojo

El tribunal que juzga el llamado procedimiento específico por el que la Junta de Andalucía concedió ayudas a trabajadores expulsados del mercado laboral y a empresas en crisis determinará en su momento si el sistema era o no legal y si el reparto de 741 millones de euros durante casi una década (2001-2010) fue un fraude. Es la pieza política del caso de los ERE. También tendrá que decidir sobre la inocencia o culpabilidad de los 22 ex altos cargos acusados, entre ellos los ex presidentes andaluces y socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El “ciudadano Chaves”, como lo llamó ayer su ex consejera Carmen Calvo desde la sala de prensa del PSOE, intentó dejar claro este lunes ante el tribunal que lo juzga por prevaricación administrativa que por supuesto sabía que se estaban concediendo ayudas a los trabajadores afectados por los ERE, como sabía también que se daban becas, pero no cómo se daban porque no entraba en su ámbito de decisión. El otro dato que subrayó es que la estructura de un Gobierno está basado en el principio de la confianza por lo que “siempre” ha partido de que sus consejeros respetaban escrupulosamente la ley.

Chaves no sabía, nunca le advirtieron, no se leía todos los papeles o no fue informado de la firma de convenios internos. “No es dejación de responsabilidad”, dijo a preguntas del fiscal, porque en una estructura de Gobierno, explicó, eran otros los que ponían en marcha los procedimientos o los planes una vez acordada una decisión política.

Cuesta trabajo creer que Manuel Chaves dictara a sabiendas una resolución injusta, que es de lo que se le acusa, como presidente de un órgano colegiado en el que las modificaciones presupuestarias para nutrir la partida de los ERE contaban con los informes preceptivos pertinentes y eran remitidas al Parlamento. Esas modificaciones figuraban en el índice verde del orden del día del Consejo de Gobierno, repitió Chaves una y otra vez. ¿Qué significa eso? Pues que tenían todas las garantías y el visto bueno de los órganos administrativos competentes y la luz verde del consejo general de viceconsejeros, cuya primera y única religión es que al Consejo lleguen soluciones y no problemas. Los asuntos del índice verde se aprobaban en la reunión semanal del Gobierno pero no se leían, ni se miraban ni se discutían. Ocurre igual en el Consejo de Ministros. Los consejeros concernidos por la modificación sí tenían que conocerla, declaró.

El principio de confianza es lo que posibilita que un Gobierno funcione y que el presidente del Ejecutivo no tenga que leerse todos los papeles que le remiten o se aprueban, al igual que el máximo ejecutivo de una gran corporación no revisa todos los documentos que le envía la gente que tiene debajo. Lo sorprendente del caso de los ERE es que los controles no saltaran, que nadie emitiera un código rojo de que algo no se estaba haciendo bien, que el indudable olfato de los socialistas para detectar los problemas de la gente sufriera una atrofia degenerativa a la hora de visar las ayudas públicas que concedían.

Una de las razones de esa negligente actuación es la pura inercia política de un Gobierno presidido durante 36 años seguidos por el mismo partido, en el que el aire fresco está envasado en frascos antiguos, donde las depuradoras no están a pleno rendimiento y donde aún queda pendiente por acometer una profunda reforma de la Administración para que el principio de la confianza no torne en estupidez... o ilegalidad, que es lo que tendrá que decidir el tribunal.