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No sacrificar a los frágiles

Helicóptero que evacuó a ocho de los diecinueve rescatados de la patera con dos fallecidos, hallada el domingo en El Hierro.

María Iglesias

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La tan esperada ley de eutanasia empieza a tramitarse hoy en el Congreso. Cada victoria social cuesta tanto que, cuando llega, merece, no darla por hecho, sino celebrar. Hace años que hay gran consenso ciudadano, pero la ley que lo garantizará llega por la lucha de enfermos, muchos ya muertos y sus familiares, la impulsa este gobierno, la apoyarán unos partidos pese a la oposición de otros. La falsedad del “todos los políticos son iguales”, que busca debilitar las democracias, se desmonta con medidas que mejoran la vida de la gente.

El gobierno PSOE-Unidas Podemos se reunió el fin de semana en Toledo para hacer y dar imagen de equipo. Pero la clave será comprobar si trabajan juntos en conquistas sociales, pese a los límites presupuestarios de la Unión Europea, o hay ministros más neoliberales que la UE.

“La pobreza es una decisión política” ha dicho tajante el relator de la ONU sobre pobreza y derechos humanos, Philip Alston, al recorrer España dos semanas. Tenían que venir a decirnos que no es normal que la cuarta economía del euro tenga al 26% por ciento de población en riesgo de exclusión. El 30% de los niños. Y que eso está relacionado con que “sucesivos gobiernos hayan decidido intencionadamente bajar las tasas impositivas” porque así “gastas menos en protección social”. España es el octavo país de la Eurozona con menos impuestos.

Aquí el paro es del 13,7%, de más del doble de la media de la UE, pero la cantidad de familias con todos los adultos parados que reciben prestación es 15 puntos menor que la media europea. La “vivienda social es un desastre”, pues son solo el 2,5% del total de pisos frente al 30% de Holanda. Como el precio de los alquileres está disparado, Alston propone regularlo, pero la ministra de Economía, Nadia Calviño, se niega pese a estar en el pacto de PSOE-UP.

Las fresas de la vergüenza

Philip Alston constata que se da la espalda a los frágiles. Familias monomarentales, personas con discapacidad, discriminados por gitanos… Destaca cómo los migrantes jornaleros de la fresa en Lepe (Huelva), “viven como animales” (…) “peor que en muchos campamentos de refugiados” mientras las autoridades “se culpan unos a otros, hacen la vista gorda”.

Tanto el alcalde de Lepe (Huelva), Juan Manuel González como la delegada de la Junta de Andalucía Bella Verano, ambos del PP, confirman la denuncia del relator y califican de “maravilloso” su interés pero, dicen, “el problema es, internacional por lo que ya no puede solucionarlo ni un alcalde, ni el presidente de la Junta, ni el de la nación”. El fenómeno de las chabolas freseras se ha gestado desde 1982 y en Andalucía siempre ha gobernado el PSOE, salvo el año pasado. Muchos de los que malviven bajo plásticos llevan así años y pagarían alquiler alguien les arrendara.

¿Va a resolver esto el gobierno de PSOE-UP? ¿Va a prohibir lo que Philip Alston llama “pruebas genitales invasivas y humillantes a niños migrantes” (con el supuesto objetivo de determinar si son mayores de edad y echarles)?

Escandalosas deportaciones sin garantías legales

Cumplidos seis años de los 15 asesinatos de migrantes en el Tarajal, aún sin juzgar, querría confiar. Me lo impide el aumento de los vuelos de deportación de Canarias a Mauritania ordenados por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. O sea, ya por el gobierno PSOE-UP. Meten a supervivientes del mar, huidos de ocho años de violencia en Mali (un millón de desplazados y 5.000 muertos en 2019) en aviones a Mauritania donde aún esclavizan a subsaharianos.

La excusa es el que las llegadas a Canarias de han duplicado en 2019 (de 1.300 a 2.600). Se calla que es consecuencia de reforzar el Estrecho con Marruecos recortando la migración aquí de 60.000 a 30.000. El presente nada tiene que ver con la crisis de los cayucos de 2006 cuando llegaron 31.600 personas a las islas. Y hasta donde yo sé la ley internacional sigue vigente. En cambio, la abogada de oficio de deportados como Modi Cissoko, de 23 años, ha reconocido que le “fue imposible informarles (de su derecho a solicitar asilo) por falta de tiempo e intérprete.

Unidas Podemos, por haber destacado en su defensa de los derechos humanos, tiene ahora que gobierna más reto y responsabilidad de no sacrificarlos.

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